Democracia e independencia judicial: un binomio inseparable

Democracia e independencia judicial: un binomio inseparable

 

En el marco de la actual tensión que se vive entre los poderes en nuestro país —de un lado, el Ejecutivo con una amplia mayoría del Legislativo, y del otro, el Judicial—, ocasionada por la propuesta hecha por el presidente de la República de reducir los salarios de jueces, magistrados y ministros, el autor analiza las condiciones que permiten consolidar una auténtica democracia, entre las que destaca la independencia del Poder Judicial Federal.

 

 

La antigua concepción de la democracia consistía en permitir a los ciudadanos la elección de sus representantes por medio del voto popular; definición que ha sido superada desde hace mucho tiempo. Para que un gobierno presuma de ser democrático necesita, además, contar con sólidas instituciones que permitan contener los excesos del propio poder y permitan la defensa efectiva de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en especial de las minorías. De igual manera, la participación de la sociedad no se limita a acudir a las urnas cada determinado tiempo. Por el contrario, es necesaria su participación y su vigilancia permanente en todas las ramas del Estado; de ahí la importancia de la sociedad civil organizada.

Para lograr la conformación de un orden democrático son necesarias disposiciones de diversas jerarquías: la Constitución y los tratados internacionales establecen los derechos humanos que tienen todas las personas en un determinado ámbito territorial, así como la organización y las competencias básicas de los órganos del Estado. Las leyes ordinarias materializan todos estos postulados para que puedan hacerse efectivos. Todas estas normas, sumadas a principios de Derecho, jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, resoluciones de órganos constitucionales autónomos o autoridades administrativas, etcétera, son parte del Estado de Derecho. Citando a Aharon Barak, “el Estado de Derecho incluye un mínimo de requisitos sin los cuales un sistema jurídico no puede existir, y que distinguen a un sistema jurídico de una pandilla, cuyo líder impone su voluntad sobre todos los demás”.1

Dentro de todo este entramado jurídico se establece el principio de división de poderes, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Sobre este principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la división funcional de atribuciones no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. La Corte agregó que tal división funcional de atribuciones se estructura con la finalidad de evitar el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del Estado de Derecho.2

De esta manera, se concibieron tres poderes autónomos unos de otros que, en ocasiones, colaboran para lograr un resultado; por ejemplo, al emitir una ley, en la que participan los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por otra parte, pueden ser pesos y contrapesos mutuos. Al Poder Judicial corresponde revisar los conflictos y las controversias que le son presentados. Además, ya sea en ejercicio de control concentrado o difuso, le corresponde analizar si las leyes sometidas a su potestad, o que rigen su actuación, se encuentran ajustadas a lo que establece la Constitución, ya sea local o federal, según el caso.

¿Por qué corresponde a los jueces el delicado control de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes emitidas por el legislador y los reglamentos del Poder Ejecutivo? La respuesta nos la vuelve a dar Barak: debido a su independencia. Los legisladores, agrega el autor, deben competir por su reelección (o colocación en otro órgano de elección popular) y necesitan la aprobación de los electores. Lo mismo podríamos decir del Poder Ejecutivo, que también puede buscar la reelección (en los países en que está permitido) o entregar el gobierno a un presidente de su propio partido político. En cambio, los jueces, al no tener que competir por una reelección cada cierto número de años, son los más competentes para realizar esta difícil tarea.3

Para que el Poder Judicial pueda realizar sus atribuciones de manera autónoma e independiente, el sistema jurídico lo ha dotado de ciertas garantías que, a título individual, a cada juzgadora y juzgador, y a nivel institucional, les permiten resolver sin que importen las presiones a las que están normalmente sujetos.

Por ejemplo, la inamovilidad de jueces y magistrados federales se traduce en nombramientos cuasi vitalicios, ya que desde su designación y posterior ratificación no pueden ser separados de su cargo hasta llegar a los 75 años de edad, salvo que cometan alguna conducta irregular grave. Lo mismo sucede con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que son nombrados por un periodo fijo de 15 años. La inamovilidad presenta otra vertiente. A través de ella se busca que las jueces y los jueces resuelvan sin temor a ser sancionados con un cambio de adscripción con motivo del sentido de una sentencia.

La irreductibilidad de los salarios es otra garantía consagrada a nivel constitucional, tanto para el Poder Judicial Federal como para los tribunales locales. Con ella se defiende la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y se evita que el poder político premie o castigue con alzas o bajas de sueldo a los juzgadores, dependiendo si se alinean a sus intereses o se oponen a ellos.

Estas garantías, entre otras que no abordo por cuestiones de espacio, abonan a que el Poder Judicial sea independiente y, como adelanto en el título de este breve ensayo, permiten materializar la democracia, puesto que en un sistema sin contrapesos donde no se respeten los derechos de las minorías no existe una verdadera democracia, sino un régimen autoritario respaldado por el voto popular.

En la actualidad, el sistema democrático mexicano se encuentra bajo tensión. Es innegable el apoyo popular que recibió el actual partido en el poder, al otorgarle la Presidencia de la República y una amplia mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores. Pero ese apoyo popular no debe entenderse como un pretexto para avasallar la independencia del Poder Judicial Federal, único contrapeso del régimen actual.

En el libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatty, profesores de la Universidad de Harvard, establecen ciertas señales de alarma que hay que advertir cuando el régimen democrático está en peligro y que podemos resumir de la siguiente manera:

a) Se rechazan, ya sea de palara o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. Se intenta debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales.

b) Se niega la legitimidad de los oponentes.

c) Se tolera o se alienta la violencia. La violencia partidista a menudo es el preámbulo de una quiebra democrática.

d) El poder indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

Las circunstancias que actualmente vive nuestro país nos hace preguntarnos si estamos en presencia de estos focos rojos.

En el primer punto vemos cómo el régimen actual pretende socavar las garantías en las que se sustenta la independencia judicial y, con ello, minar el principio de división de poderes. Lo anterior es fácilmente constatable, puesto que se han presentado iniciativas de reformas legales y constitucionales para erradicar el principio de inamovilidad, al establecer la rotación obligatoria de jueces y magistrados cada tres años o permitir su destitución por cuestiones no jurídicas, como reprobar los exámenes de control de confianza, que no son idóneos para valorar la permanencia de los miembros de la judicatura.

Finalmente, en la actualidad existe un gran debate con motivo de la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la cual se pretende bajar el sueldo a funcionarios judiciales, a pesar de que existe una prohibición expresa en la Constitución federal. No paso por alto que también en el pacto fundamental existe una disposición que señala que ningún funcionario puede ganar más sueldo que el presidente de la República. Este conflicto se resuelve con relativa facilidad al realizar un ejercicio de ponderación: debe primar el principio (separación de poderes e independencia judicial, ejes rectores de la democracia) sobre la regla (prohibición de exceder los sueldos del presidente, que se estableció para frenar los excesos de los sueldos que se autoasignaban presidentes municipales). Sobre este tema, recordemos que también se presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la garantía de irreductibilidad de salarios judiciales.

Respecto al inciso b), negar la legitimidad de los oponentes, podemos advertir que el régimen descalifica cualquier interpretación al mandato constitucional del artículo 94, párrafo décimo primero, relativo a la irreductibilidad de los salarios judiciales.

El inciso c), consistente en tolerar o alentar la violencia, desafortunadamente se va consolidando con el paso del tiempo. Existe una campaña de odio y desinformación que se ha entablado en contra del Poder Judicial Federal. Estas acciones, azuzadas por voceros oficiales, así como por algunos intelectuales y académicos, ha generado un sentimiento de rechazo de la sociedad hacia sus jueces. Basta ver lo que está sucediendo en las comidas familiares o en las redes sociales. Sé de amenazas que han sufrido juzgadoras y juzgadores a través de medios digitales. Esta escalada de odio generó frutos; todos vimos cómo hace pocos días un vehículo que salía del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue atacado por un grupo de manifestantes, quienes creyeron que adentro viajaba un ministro de la Corte.

Como señalan Levitsky y Ziblatty en el libro que comentamos, mientras las personas tengan valores democráticos, la democracia estará protegida. En cambio, si la ciudadanía está dispuesta a responder a llamamientos autoritarios, antes o después la democracia estará en peligro.4

Aún estamos a tiempo de volver a la normalidad democrática. El actual gobierno debe demostrar que está liderado por estadistas que buscan el perfeccionamiento y el fortalecimiento de las instituciones. Si, por el contrario, continúa el ataque a la labor de jueces, magistrados y ministros, la democracia irá en declive.

Finalmente, debemos señalar que los ataques a la independencia judicial pueden darse de muchas maneras. El más grave es la “colonización” de los órganos cúspide del Poder Judicial, mediante reformas que aumenten el número de ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral o consejeros de la Judicatura Federal. Un ataque más franco sería la creación de un Tribunal Constitucional, despojando a la Suprema Corte de sus facultades de control constitucional. Si esto último se materializa, se vislumbrará un futuro aciago para la República, pues si se destruye la independencia judicial, la democracia morirá.

 

 


 

* Licenciado en Derecho por la UNAM y magistrado del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

1 Aharon Barak, Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia, trad. Estefanía Vela Barba, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, p. 145.

2 Jurisprudencia P./J. 78/2009 (registro 166964), novena época, t. XXX, julio de 2009, p. 1540.

3 Aharon Barak, op. cit., p. 36.

4 Steven Levitsky y Daniel Ziblatty, Cómo mueren las democracias, trad. Gemma Deza Guil, Barcelona, Ariel. (Edición digital Kindle.)

 

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