El poder*

El poder*

 

¿Cuál será la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a partir del 1° de diciembre de este año? El autor expresa su preocupación por que se encuentre un justo medio entre un poder presidencial absoluto y una pulverización del poder que convierta al presidente en una figura decorativa y protocolaria.

 

 

El candidato de Morena a la Presidencia de la República alcanzó la más alta votación de la historia del país. El Poder Ejecutivo recayó en el personaje público más conocido, mencionado y escuchado de los años recientes, electo con la votación recibida en su favor y el beneficio indirecto de la emitida en pro de su partido y de sus compañeros candidatos; con ello asumió un poder indiscutible, tiene el apoyo de la mayoría del pueblo y a partir del 1º de diciembre será el administrador de la hacienda pública, el jefe nato de las Fuerzas Armadas, hacia el interior, será el responsable político de mayor nivel y asumirá el liderazgo de la política exterior.

Lo que no tendrá, y está bien, es el poder de juzgar e interpretar la ley que corresponde a jueces, magistrados y ministros integrantes del Poder Judicial. Tampoco es legislador. Para eso está el Congreso de la Unión, con sus cámaras, la de diputados y la de senadores. Puede iniciar leyes mediante proyectos que presente; tiene el derecho de que las que él decida tengan prioridad al ser discutidas; tiene el derecho de veto si la ley aprobada no es de su agrado y está facultado para devolverla con observaciones, pero en materia del Legislativo no tiene la última palabra. Eso dispone nuestra Constitución y así debe ser.

El artículo 49 de nuestra Carta Magna es claro: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El segundo párrafo hace explícita la teoría de la división de poderes y completa el concepto expuesto en el primero: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo.

En esos párrafos está la teoría clásica de la división de poderes, que llega a nosotros con resonancias de la Grecia clásica, en la Política, de Aristóteles, que luego adelantaron los ingleses Locke y David Hume, pero que expuso con magistral claridad Montesquieu en El espíritu de las leyes.

Su texto preciso es el siguiente: “Cuando la potestad legislativa está reunida a la ejecutiva en una misma persona o cuerpo de magistratura, entonces no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo Senado haga leyes tiránicas, para ejecutarlas. Tampoco hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese anexa a la potestad legislativa, sería arbitraria de disponer de la vida y de la libertad de los ciudadanos, puesto que el juez sería legislador. Si estuviese unida a la potestad ejecutiva, podría el juez tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si en un mismo hombre o en un mismo cuerpo de los principales, de los nobles o del pueblo, tuviese el ejercicio de las tres potestades, la de hacer leyes, la de ejecutar las resoluciones públicas y la de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares”.

En esta división en tres titulares del ejercicio del poder, dos recaen en cuerpos colegiados o al menos plurales —el Legislativo y el Judicial— y el tercero en una persona singular, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República. A este último, históricamente, lo amenazan dos peligros contrarios desde flancos diferentes. Uno es la acumulación del poder en una persona; tradicionalmente, en México y en otros países al Ejecutivo se le han subordinado el Legislativo y el Judicial. La otra sombra de riesgo es la inversa; al lado del Ejecutivo se multiplican órganos autónomos, no subordinados y con poderes propios, que le recortan facultades y compiten con él. El justo medio es lo mejor: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre.

Ambos extremos deben preocuparnos: ni un poder presidencial absoluto ni tampoco la pulverización del poder. El ejemplo del primer vicio lo conocemos de cerca; un caso doloroso y de pésimas consecuencias fue el Pacto por México. El actual titular del Ejecutivo puso a los legisladores a su servicio por conducto de sus partidos para desmantelar decisiones políticas fundamentales de nuestra Constitución, al grado de poner en riesgo la soberanía nacional.

El otro extremo lo encontramos en el intento de una parte de la sociedad civil, que pretende acotar al presidente, quitándole funciones capitales para gobernar que se convertiría en una figura decorativa y protocolaria.

A México no le conviene ni un Poder Ejecutivo pulverizado ni un dictador. Lo justo, lo equilibrado, es un presidente fuerte y con las riendas de la gobernabilidad bien seguras en sus manos, y enfrente un Legislativo consciente de su papel, ciertamente no enemigo, pero sí autónomo del Ejecutivo, con facultades claras e información suficiente y oportuna para desempeñar su papel constitucional y muy consciente de ser el contrapeso y el límite del otro poder. Si esto queda bien claro, el gran paso a la democracia del día primero, llevará a este segundo, tan importante también para el futuro de México.

  


 

 * Artículo publicado en La Jornada el 23 de julio de 2018. Se reproduce con autorización de su autor.

  

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