En el torrente de la reforma penal

En el torrente de la reforma penal

 

En el contexto de las reformas que se han realizado en nuestro país en materia penal —más de 25 en 25 años—, el autor ofrece su análisis sobre la más reciente de ellas, relativa a la prisión preventiva oficiosa.

  

En diversas oportunidades me he referido al torrente de reformas sobre temas penales, sea en el plano constitucional, sea en el secundario. La revista El Mundo del Abogado ha brindado hospitalidad a mis reflexiones. Hoy acoge de nuevo —lo agradezco— una colaboración en torno de ciertos extremos de lo que he llamado “reforma torrencial”: el diluvio que hemos recibido y resistido, a pie firme, en el curso de varios lustros, sobre todo a partir de 1993. Cayó sobre la ley suprema, y no amaina. Todavía no regresa a la cúspide de la montaña la paloma portadora de una rama de olivo que nos informe —como en el Antiguo Testamento— que el diluvio ha cesado.

En el tiempo corrido desde 1993 el Poder Revisor de la Constitución, afanoso “legislador motorizado” —para emplear la afortunada expresión de Gustavo Zagrebelsky— nos ha dotado con más de 25 decretos de reforma, relacionados directa o indirectamente con el orden jurídico penal, sus implicaciones y sus posibles conexiones. El marcador es elocuente: 25 años y un número aún mayor de decretos de reforma: algo más de uno por año. Sobra decir que las iniciativas generadoras de esos decretos rebosaban promesas, cuyos frutos no siempre hemos podido cosechar. Ya llegarán, dicen los más optimistas. Opto por sumarme a este número y quedo a la expectativa.

Hagamos la cuenta, mencionando los años de aparición y los temas generales de los decretos de reforma en la materia que nos interesa: 1994, Poder Judicial y Ministerio Público; 1996, normas de procedimiento y seguridad pública; 1999, más disposiciones procesales; 2000, derechos del ofendido; 2001, cumplimiento de penas; 2004, seguridad nacional; 2005, Corte Penal Internacional; 2005, conocimiento de delitos federales por autoridades comunes, tráfico de drogas al menudeo; 2005, abolición de la pena de muerte; 2005, justicia para adolescentes; 2008, amplia reforma procesal penal: bifurcación del sistema penal: “democracia y autoritarismo”; 2009, disposición transitoria sobre el régimen de los adolescentes en conflicto con la ley penal; 2011, trata de personas; 2012, delitos contra periodistas, derecho a la información y libertades de expresión y de imprenta; 2013, única en materia procesal penal, de ejecución de penas y de mecanismos alternativos en aquella materia; 2014, Fiscalía General; 2015, Sistema Nacional Anticorrupción; 2015, legislación nacional sobre justicia penal para adolescentes; 2015, emisión de leyes generales para la persecución de diversos delitos; 2016, Ciudad de México, que tiene algunas implicaciones en el ámbito penal; 2016, legislación general sobre víctimas; 2017, constancia de actos de molestia relacionados con juicios orales, y 2018, procedimiento para la designación de fiscal general. Ahora agregaremos otros tres: los decretos sobre Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio, todos correspondientes al primer trimestre de 2019.

Por supuesto, no pretendo examinar cada uno de estos decretos aunque todos ameritan análisis: sobre su origen, contenido y resultados—, sino aludir solamente al papel del sistema penal constitucional en una sociedad democrática y a las aportaciones sobre la llamada prisión preventiva oficiosa que últimamente extendió con suma diligencia el Poder Revisor, y que ha recibido cargas y descargas en el foro de la opinión pública y del medio profesional y académico. Sólo me referiré a esas dos cuestiones, ambas en el ojo del huracán.

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