Estado de Derecho en modalidad AMLO

Estado de Derecho en modalidad AMLO

 

¿Qué características debe tener el Estado de Derecho en la administración federal que acaba de comenzar? Haciendo un recorrido por los últimos gobiernos que ha tenido nuestro país, el autor propone algunos indicios, entre los que destaca el involucramiento de la comunidad jurídica, que en no pocas veces se ha convertido en espectadora apática del acontecer nacional.

 

  

El 1° de diciembre de 2018 inició una modalidad que espera reivindicar la confianza de los electores. Ciudadanos que instan a obtener mejores oportunidades de convivencia que abonen para que se distribuya la riqueza de manera más efectiva, emitieron su voto masivamente en espera de que las condiciones de la toma de protesta ante el Congreso desemboquen en una tradición republicana que renueve el compromiso de gobernar, insistiendo en la entrega de resultados convincentes.

Los regímenes conservan el aliento denso de “dictadura”, de “cesarismo”, de “bonapartismo”; yace en su definición una manera personalizada de dirigir los asuntos públicos. Surte cumplidos esfuerzos en escasos planteamientos de gobierno. En México, así lo entendieron los regímenes posrevolucionarios y eso ha permeado, incluso, en partidos opositores como Acción Nacional, cuando le ha tocado gobernar el país desde la presidencia. El estilo personal de gobernar fue la salvación de algunos trechos pacificadores de estadistas que lo implementaron en México, pero las secuelas en algunos casos siguen vigentes: pobreza, violación a los derechos humanos, uso desmedido de la fuerza pública, aplicación ineficiente de las fuerzas armadas para el combate al narcotráfico, entre otros.

El régimen es un periodo de gobierno que se establece como regla de juego para funcionar durante un ciclo bajo la batuta presidencial. La temporalidad es requisito clave para comprenderlo. Ese requisito que sirvió para atizar un límite al gobernante en turno se desarrolló desde la mística política para contrariarlo, hacer que se quedara para siempre (no fue el caso de México) o estar detrás del trono para seguir gobernando y agradecer al mandatario saliente lo que se diseñó.

Este artículo no pretende satanizar al régimen de Derecho, que ha dado luces interesantes, como el caso del “canciller” inglés, unidad diseñada para proporcionar al ciudadano de la Europa insular la posibilidad de resolver su asunto en cuestión, de manera personalizada, mediante jurisdicción voluntaria.

Volviendo a México, el diseño para el Estado de Derecho durante el régimen de Vicente Fox quedó en manos de Porfirio Muñoz Ledo, y un avance que logró un ascenso gradual en el “subsistema de las minorías sociales” fue la colocación de Gilberto Rincón Gallardo en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estos personajes provenían de la democracia social: Muñoz Ledo, después de la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional, en 1989, y Rincón Gallardo en la elección presidencial del año 2000 apoyado por el “partido de la rosa”. No es casual que la Democracia Social Internacional sea la que se perfile como una organización que puede proporcionar equilibrio a los regímenes contemporáneos, pues en el último cuarto del siglo XIX la democracia social fundó las bases para arrebatarle progresivamente a la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania la visión opacada y unilateral que requería un debate político y que establecía una nueva categoría de argumentación política para manejar los asuntos públicos de manera inclusiva. Estábamos, probablemente, en tiempos de la “modernidad sólida” (según Zygmunt Bauman), pues la democracia social alemana dejó saldo favorable a la situación mejorable del obrero; comenzó a existir una asamblea alemana mayormente equitativa que presionó al inflexible régimen alemán de la época a motorizar un semblante de garantías legales para la base social que tuvo impacto durante toda la primera mitad del siglo XX.

Tras la ofinización a la que se entregaron los trabajos de Muñoz Ledo y Rincón Gallardo, el diseño del Estado de Derecho no fue la garantía para el “régimen de la alternancia” (2000). El Estado de Derecho, sin embargo, fue como aquel paria que se destinó a que muriera, pero que, sobreponiéndose, no sólo vivió sino que obligó a las “barras” a actuar, aunque fuera tímidamente.

Mi primer contacto para el diseño del Estado de Derecho provino, en mi natal Oaxaca, de la barra americana. Ahí no sólo se me permitió en 2013 debatir con los ponentes, sino que pude percibir lo endeble del asunto. Magistrado de Chihuahua que traía palabrería para defender al extremo la oralidad en los juicios penales, pero que no dimensionaba sus alcances políticos. Las cifras enceguecían a los ponentes, pero no formulaban una descripción general sobre el impacto de sus fines: comprender el deber de cumplir con las leyes y obedecerlas por convicción y cerciorarnos de que los abogados podíamos ejercer la perspicacia profesional en cualquier momento sin hábitos preestablecidos, entre otros alcances teleológicos.

México ha tenido que cumplir con un ciclo de 18 años desde la alternancia, que le está endosando a Andrés Manuel López Obrador el diseño institucional del Estado de Derecho. Si eso implica la convocatoria a un Constituyente, elaborar reformas estructurales con equilibrio proporcional para sopesar a las minorías en espacios clásicos de participación de las mayorías, podría ayudar a obtener mejores controles de legitimidad, por los que los electores apostaron tras las urnas el pasado 1° de julio.

 

¿Tiene México la capacidad de construir un verdadero sistema político?

México es competente para construir un sistema político. La importación de una Constitución como la norteamericana, y tratar de emular, en cuanto a su asamblea nacional, a las repúblicas francesas, así como enaltecer a su colegiado judicial a la manera de los jurisconsultos italianos (heroicos, aunque no siempre), hace de México una curiosidad asintomática de imbricado destierro en perjuicio del ciudadano de a pie. Un sistema político es “más elástico y abarcador”, dijo alguna vez Giovanni Sartori. Su naturaleza es contemporánea. Nace como una innovación del servicio público que caminaría en favor de los beneficios que debe recibir el ciudadano común. Ciudadanizar es más importante que emancipar. La emancipación a ratos es violenta. La ciudadanización otorga lo que corresponde por derecho de legitimidad, sin importar que el beneficio llegue siendo pobre; del sector lésbico, gay, transgénero, transexual, travesti, bisexual e intersexual; de la tercera edad; migrante, o mujer o niña. Lo anterior implica el reto de llevar hasta sus consecuencias legales el “trato diferenciado legítimo”. Ciudadanizar es una versión que ofrece el sistema político para tramitar lo que convence por su resultado inmediato: informar. Mi artículo en esta misma revista, “Informar o perecer: dilema del abogado mexicano en el siglo XXI” —núm. 72, abril de 2005—, refiere que el abogado debe mantener su perfil de líder de opinión. A ratos lo hemos perdido.

Volviendo al tema de crear un sistema político, cabría la posibilidad de que el “subsistema legal” tenga un diseño occidental que obligue a recuperar la legitimidad de las minorías, planteado desde la tierra que dicta su preponderancia: lo original. Si bien México no es Estados Unidos, ni Francia ni Inglaterra, este país debe recuperar el esfuerzo que le ofrece Occidente. Podría desterrarse de ese ofrecimiento occidental el principio de “solidaridad internacional”, esa idea de hacer por la otra nación lo que aquí mismo sólo provoca delación y encubrimiento institucional. Ese “intercambio de igualdad recíproca” no es lo mismo que el “intercambio desigual” que Angelo Panebianco nos inculcó. Este teórico italiano nos ilustra sobre el hecho de que el intercambio desigual se da en planos horizontales, entre la mayoría y la minoría: por primera vez se evidencia que las minorías existen, perviven y se reconocen activas. En la igualdad recíproca de la “solidaridad internacional” se opaca a las minorías, pues no importa a quién busca la Interpol: habría que atraparlo, aunque el fugitivo ya haya hecho familia, haya procreado hijos, haya sido un buen contribuyente, haya aportado a la cultura de adopción, etcétera.

El diseño institucional del sistema político mexicano le podría dar, no sólo a Andrés Manuel López Obrador sino también al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), amplio nivel de legitimidad para adaptar la distribución de la riqueza y la toma de decisiones a una información que empodere a las minorías. Informar con oportunidad le podría dar a AMLO la “publicidad del poder” (tesis de Norberto Bobbio) que mantenga por mucho trecho la oportunidad de obtener, para un ciudadano común y corriente, una serie de consideraciones imprescindibles para llevar su propio proyecto de vida. México debe pasar del Estado legal al Estado legítimo, una posibilidad en la Suprema Corte de nuestro país con la reforma al Poder Judicial a principios del gobierno de Ernesto Zedillo, quien, obligado por los organismos financieros internacionales conspiró para contrarrestar los verdaderos efectos de un Estado de Derecho (así lo expone Jaime Cárdenas). Dicha reforma no pasó a mayores porque luego el Poder Judicial de la Federación reviró y alcanzó otra vez el “umbral de supervivencia” de los regímenes posrevolucionarios. ¿Comprendemos por qué ahora la llegada de AMLO al poder espera superar ese umbral de supervivencia? El sistema político podría llevar agua al molino de las aspiraciones de los mexicanos que consideramos avasalladas por los regímenes anteriores a la modalidad AMLO. Esas aspiraciones se manifestaron en esta elección y muchos abogados vemos con buenos ojos que se construya desde la planeación de arriba, pero con la asambleización proporcionalmente legítima de los de abajo. Construir una educación imparcial, que evite el nacionalismo fatuo, los deberes cívicos exacerbados, la suplantación democrática, hará que las generaciones tempranas se afiancen mejor a los retos del futuro. Los niños y los jóvenes de ahora deben contar para el sistema político. Es nuestra garantía cívica para nuestra vejez temprana.

 

La imagen pública cuenta

Durante el periodo de campaña, muchos supimos que la vida privada de AMLO demostró riqueza cultural, una vez que su esposa nos convenciera de que anunciaba ser la figura pública del acompañamiento, mas no de la sumisión. Su vida iba a correr paralela a la figura presidencial. Junto con la coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, las mujeres inauguraron una visión de Estado pluridiverso, heterogéneo, inteligente y de libre pensamiento. Esa parte se manejó muy bien en campaña: la vida privada era como la de cualquiera otra familia. La ex ministra Olga Sánchez Cordero también se involucraba en un esquema nuevo para la judicatura: trabajar para un movimiento político que era contrario al régimen al que la propia judicatura veía con recelo.

Construir la imagen pública, empero, devendrá de la perfecta construcción del sistema político, específicamente de la construcción de un Estado de Derecho que proponga innovaciones dignas de recuento institucional que favorezcan la solución de controversias, de ser posible, desde la retroactividad histórica que ahora permite los efectos ex tunc. Vayamos a los registros que se han convertido en crónicas de las ciudades mexicanas y de los pueblos de la provincia mexicana. Vayamos a los derechos sin reivindicar de los pueblos originarios. Replanteemos el asunto de la captación fiscal y de la distribución de la riqueza. Propongamos un Estado de Derecho resarcible para las capas sociales cuya marginación es insostenible. Sostengamos a una burocracia ejecutiva, legislativa y judicial que se tase en función de las capacidades de los que intervienen en la vida pública del país desde el servicio. Auditemos y fiscalicemos el contrato público: las empresas deben comprender que se tienen que sostener subsidios desde la claridad de los negocios públicos.

México, si quiere, puede pasar a constituirse como un país innovador y ser considerado en serio en el concierto de las naciones. La legitimidad de un régimen, así como la legitimidad irresuelta de sus ciudadanos, puede replantearse desde la perspectiva de un programa de gobierno que AMLO haga funcionar en el novedoso esquema del Estado de Derecho, cuyo diseño institucional debe considerarse un trabajo serio y meticuloso. Obviamente, no le pediríamos ese trabajo político a los “Godínez” (burócratas) mexicanos; no nos sirven para este proceso de cambio que debemos pasar por el filtro de una ciudadanía exigente y, en ocasiones, volátil y etérea.

 

¿Debemos mudar de piel los abogados mexicanos ante la modalidad AMLO?

La respuesta es sí. Las barras de abogados y las escuelas de Derecho debemos polemizar mucho sobre los regímenes que nos han gobernado. La judicatura debe polemizar su actuación día a día.

Agradecemos la intervención de estos organismos interesantes que nos actualizan con mucho entusiasmo, aunque en ocasiones sean “meritocráticos” (sólo ingresan quienes hayan obtenido cierto nivel de audiencia, tasado bajo el “control concentrado restringido”). Nos interesan los “controles difusos”, incluyentes, que nos reditúen, sin necesidad de pasar por una exigencia legal.

La legalidad se ha malinterpretado. “Nos da de comer”, decimos incorrectamente algunos abogados. Esas expresiones pichicatean la filosofía del Derecho y la filosofía política. Ciudadanizar el Derecho podría poner fin al “tráfico de influencias”, a la fuerza pública desmedida, a la distorsión estudiantil de encontrar un trabajo “segundón”, esto último según el jurista estadounidense John Henry Merryman.

México agradece tener muchos abogados interesantes. Mi generación ha sacado a uno que otro que demuestra versiones admirables de provocación teórica, pero cuya admiración queda relegada cuando este país no lo busca o, mucho peor, cuando el admirable egresado de Derecho no se expone a ofrecerse dignamente para mejorar a este país misterioso pero seductor. Los necesitamos; esos abogados merecen afianzarse de este proyecto como profesionales liberales. El Estado de Derecho debe ser una realidad. La modalidad AMLO lo necesita. Ese Estado de Derecho nos debe completar, atormentar, conflictuar: su diseño merece personajes dignos de universidades heroicas.

 

 


 

* Licenciado en Derecho por la UNAM.

Bibliografía:

  • Bauman, Zygmunt, y Leonidas Donskis, Ceguera moral: la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida, trad. Antonio Francisco Rodríguez Esteban, Paidós, México, 2015.
  • ———, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Gedisa, Barcelona, 2007.
  • Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 2ª ed., trad. José F. Fernández Santillán, FCE, México, 1996.
  • Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, UNAM, México, 2000.
  • Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica, trad. Carlos Sierra, FCE, México, 1971.
  • Panebianco, Angelo, Modelos de partido, trad. Mario Trinidad, AED, Madrid, 1990.
  • Sartori, Giovanni, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, 3ª ed., trad. Marcos Lara, FCE, México, 2002. 

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