Extinción de fideicomisos públicos: ¿una medida desesperada?

Extinción de fideicomisos públicos: ¿una medida desesperada?

 

El autor analiza la reciente extinción, determinada por el gobierno federal, de más de 250 fideicomisos públicos, para disponer de más de 255,000 millones de pesos para enfrentar la contingencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus en nuestro país.

 

 

El jueves 2 de abril, por la noche, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos públicos o análogos”, de carácter federal, en los que funjan como unidades responsables las dependencias y las entidades de la administración pública federal, y a más tardar el 15 de abril de este año los recursos públicos que formen parte de esos actos jurídicos deben ser concentrados en la Tesorería de la Federación. El Decreto excluye a los que estén constituidos por mandato de ley o por decreto legislativo, así como a aquellos que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Con esta determinación el gobierno federal busca extinguir más de 250 fideicomisos públicos, mandatos o análogos sin estructura orgánica, disponer libre y discrecionalmente de más de 255,000 millones de pesos para enfrentar la contingencia sanitaria y económica que el Covi-19 o coronavirus ha generado en el país; amén de que según la visión de la actual administración, los fideicomisos han sido sinónimo de opacidad y de falta de rendición de cuentas.

Como bien señala la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados de la revisión y la fiscalización realizada a la Cuenta Pública Federal 2018: “En México se han constituido ese tipo de figuras en la administración pública desde 1941, y han tenido como finalidad, entre otras, administrar bienes; prestar servicios públicos; otorgar garantías; rescatar bancos; construir infraestructura pública; asegurar pensiones, jubilaciones y fondos de ahorro; diseñar mecanismos y esquemas financieros en los que se comprometen ingresos futuros para pagar pasivos, como fue el rescate de las concesiones carreteras o para solventar la problemática de falta de recursos para reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales, etcétera”, o sea que su alcance ha ampliado la actuación del gobierno en áreas estratégicas y prioritarias.

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