La academia jurídica en crisis

La academia jurídica en crisis

 

¿Para qué sirven el Derecho y los abogados? ¿Qué método pedagógico se requiere para formarlos? ¿El Derecho y sus operadores son un medio de dominio o emancipación? ¿Qué Derecho se enseña, por qué y para qué? Son algunas preguntas sobre las que reflexiona el autor de este artículo, quien nos aporta la frescura de un recién egresado de la universidad sobre el escenario con el que se encuentra.

 

Inmersa en un mercado académico cada vez más competido, la enseñanza del Derecho en México atraviesa por un serio problema ontológico. La feroz competencia emprendida por las instituciones educativas ha trastocado la enseñanza de nuestra ciencia, pues prioriza una irresponsable y reducida cosmovisión del estudiante de Derecho y del abogado.

Problematizar acerca de la enseñanza del Derecho supone replantearse fundamentos estrechamente relacionados con el progreso social: ¿qué es el Derecho? ¿Qué son los abogados? ¿Para qué sirven el Derecho y los abogados? ¿Qué método pedagógico se requiere para formarlos? ¿El Derecho y sus operadores son un medio de dominio o emancipación? En fin, ¿qué Derecho se enseña, por qué y para qué?

Fieles a diversas concepciones, los académicos han generado distintas respuestas con dispares justificaciones. Es dable resumir que, entre privilegiar la práctica —formando abogados especialistas— o la teoría —formando juristas en el sentido más amplio—, se ha desenvuelto la dialéctica de la enseñanza del Derecho.1

Pero la discordia pedagógica —lejos de ser una mera dialéctica metodológica— se ha contaminado de graves problemas doctrinales que desencadenan una crisis de identidad del abogado como sujeto de conocimiento. Ahí radica el origen de la crisis jurídica; se han confundido estrellas con luces de neón, diría Joaquín Sabina.

Los alumnos de Derecho se han convertido en un almacén de datos e información; en un depósito de definiciones, artículos y sentencias. Mi percepción es que —salvo buenas y contadas excepciones— el estudiante de Derecho que no sepa memorizar, no sirve más. No sabemos elaborar críticas y propuestas sociales desde el Derecho, pero somos expertos en recitar.

Estamos arando una tierra bajo la firme —y reduccionista— idea de que el buen abogado es el que vocifera latinajos y su mejor posición argumentativa es la legal. Sin temor a exagerar, es prioridad en nuestra educación jurídica crear servidumbres de la ley, formando estudiantes y abogados subordinados a nuestra ineficiente democracia.

Si se busca utilidad, todo está dado y todo debe estar dado. La duda desperdicia mucho tiempo, le quita tiempo al maestro para terminar el temario y le quita tiempo al alumno para egresar y cobrar —a pesar de que nunca se enseña a hacerlo—.

Vivimos en una época seriamente marcada por el consumismo, por la inmediatez y por lo efímero; somos una sociedad líquida2 y efímera. Parece que todo está al alcance de nuestras manos, que todo es realizable de un modo sencillo y digerido, pues al final todo cambia rápidamente y lo que un día tuvo valor al siguiente se desecha.

Eso explica en buena medida por qué, en muchas de nuestras clases, demasiado se aprende través de la imposición dogmática, a través de contundentes argumentos de autoridad: citar a teóricos reconocidos nos llena de aires de grandeza y nos dota de practicidad. “Porque ésa es la definición de este gran autor” o “porque así lo dice la ley/la Corte” es la banda sonora de varias lecciones.

Tenemos un problema epistemológico que me preocupa, acompañado de otro de identidad profesional que me entristece. ¿Qué tan discriminantes pueden ser las recurrentes frases como “para ser abogado hay que parecerlo”, “los abogados son de mente cuadrada” o “los mejores abogados son hombres”? Lamentablemente, somos nosotros quienes fomentamos estas percepciones, considero, con base en un extraño placer inducido en la academia.

Como consecuencia lógica, la sociedad percibe en los abogados una torpe máquina que repite artículos y vocifera constantemente lo que no se puede hacer. También —paradójicamente— como una ágil y mojigata herramienta para atropellar la ley y representar variopintos intereses a toda costa.

Por nublar nuestro paisaje de excesivos y superficiales formalismos, hemos perdido de vista la verdadera encomienda social del abogado. La educación jurídica debe enfocarse mucho más —superando el viejo dilema teórico-práctico— a generar profesionales que puedan entender, explicar y proponer soluciones inéditas a los fenómenos sociales desde el Derecho.

Nuestra ciencia es creadora, es fundamento y razón de las formas de convivencia societarias. Pero no es inmutable: tiene un inherente papel transformador que debe obligarnos a pensar cotidianamente sobre sus cuestiones más fundamentales. Darlas por sentado y, sobre todo, no incitar a dudar acerca de ellas desde el salón de clases, constituye un atentado contra el progreso social; es aniquilar nuevas formas sociales.

Sólo a través del razonamiento subversivo —filosófico— podremos reivindicar el papel social de nuestra profesión y el problema de identidad que nos minimiza. Debemos alimentar nuestra profesión con mucho más de otras ciencias, y entender más cosmovisiones para ser integrales. La capacidad para explicar, calificar y cuantificar fenómenos sociales no puede darse con base en la exclusividad del Derecho; debe ser interdisciplinaria.

Nos alejamos de la realidad, eso se sabe por muchos, y la responsabilidad es compartida. Las aulas de cualquier grado de preparación deben ser el motor de regeneración de la abogacía mexicana. Pero también debemos apostar por un eficaz y genuino sistema de colegiación.

Hay que repensar la colegiación como un verdadero sistema de certificación profesional, más que como un obstáculo para ejercer. Debe crearse una colegiación que fomente el desarrollo de nuestra profesión y que sea un aliciente para maximizar nuestro ejercicio bajo la luz del progreso social, no individual.

En fin, ésta es una opinión en el seno un debate mucho más amplio, que puede entenderse desde muchas ópticas y encuentra posiciones contrapuestas. Sin embargo, también es un llamado al lector para volver la mirada hacia las aulas y entender que la enseñanza que se genera ahí continúa siendo inoperante al momento de satisfacer la encomienda social y científica de los profesionales del Derecho.

 


 

* Presidente de la Representación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Ciudad de México.

1 Recomiendo la lectura de Juan Antonio Pérez Lledó: “Teoría y práctica en la enseñanza del Derecho”, en Francisco Laporta (ed.), La enseñanza de Derecho. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2003.

2 Recomiendo la lectura del libro Modernidad líquida del sociólogo Zygmunt Bauman, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

 

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