La inconstitucionalidad de las consultas populares

La inconstitucionalidad de las consultas populares

 

Si algo ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el sistema de “consultas populares” a las que ha recurrido retórica y fácticamente desde que era candidato a la Presidencia de la República. En varias ocasiones el presidente ha reiterado en su discurso la necesitad de consultar al pueblo mexicano para tomar decisiones políticas, tanto para el reconocimiento de derechos como para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Pero ¿cuál es la validez legal de este mecanismo de ejercicio del poder? El autor responde en este artículo.

 

Desde las campañas electorales, ante preguntas directas de periodistas o durante los debates de los candidatos a la Presidencia, López Obrador dijo que recurrirá a la “consulta popular” para buscar el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana.

Como presidente electo ha realizado dos consultas populares, una para la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y otra llamada Consulta Nacional de Programas Prioritarios —realizada por la Fundación Arturo Rosenblueth—, en la que puso a la opinión pública la construcción del Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción de la refinería Dos Bocas, el aumento de la pensión a personas adultas mayores y el desarrollo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entro otros temas.

Asimismo, ordenó a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación que realizara la “consulta ciudadana” para la continuación de la construcción de la Termoeléctrica de Huexca en Morelos, la cual se llevó a cabo el 23 y el 24 de febrero en 147 módulos de 60 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con declaraciones del presidente, el resultado favorable de esa consulta fue tomado como vinculante por parte de su gobierno.

Según el discurso presidencial, están por consultarse la procedencia del juicio político a los ex presidentes de México y el proyecto de desarrollo de infraestructura del Ismo de Tehuantepec. Al parecer, la política de consultas seguirá siendo una constante de la Presidencia de la República, lo cual exige la imperiosa necesidad de tener en cuenta la legalidad y la constitucionalidad de las mismas.

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