La sociedad civil y el sistema penal acusatorio

La sociedad civil y el sistema penal acusatorio

El autor, director general de Renace, A.B.P., explica el papel que ha desempeñado la sociedad civil en la construcción y la consolidación del sistema penal acusatorio, remontándose al año de 1994, con la defensa que inició Renace de personas inocentes que padecieron las deficiencias del sistema de justicia, hasta el día de hoy, con el permanente monitoreo y evaluación del sistema de justicia penal acusatorio. 

 

Mucho antes de que fuera aprobada la reforma penal de 2008, desde nuestras trincheras llevamos a cabo una campaña para trasformar el sistema de justicia penal en México; comenzamos en Nuevo León, donde Renace inició actividades en septiembre de 1994, defendiendo a personas inocentes que pasaban años en la cárcel sin que se les hiciera justicia.

En el año 2000, luego de defender cientos de casos de personas inocentes, nos quedó claro que el sistema de justicia tenía grandes deficiencias, las cuales provocaban que anualmente miles de personas fueran a prisión sin necesidad y que a miles de víctimas no se les reparara el daño y no se les hiciera justicia. En un estudio de 100 casos defendidos por Renace en aquel estado de la Federación, documentamos que 98 por ciento de estas personas sufrieron detenciones ilegales, firmaron su declaración sin presencia del abogado y sin saber qué firmaban y con engaños, fueron sentenciadas sin conocer al juez, se les negó la posibilidad de presentar pruebas y no contaron con una defensa técnica. En suma, a través de nuestra experiencia nos dimos cuenta de que un gran porcentaje de personas involucradas en un delito, tanto víctimas como acusados, sufrían graves injusticias y abusos de la autoridad, pero la ley vigente en esos momentos no contaba con los instrumentos jurídicos necesarios para evitar las graves fallas en el sistema de justicia. Ante esta situación nos quedó claro que la única manera de aspirar a que todas las personas, sobre todo las más pobres, tuvieran acceso a la justicia, era necesaria una trasformación completa del sistema de justicia penal. Como organización de la sociedad civil entendimos que era una empresa titánica cambiar más de 100 años de inercias, arreglos y hábitos arraigados en todas las autoridades y los operadores del sistema, pero entendimos que teníamos que mover los compromisos políticos fundamentando con hechos reales de miles de casos documentados para convencer de la urgente necesidad de este profundo cambio.

En ese sentido fueron nuestros primeros esfuerzos tanto en Nuevo León como a nivel nacional. Hablamos con diputados, senadores, gobernadores, académicos, autoridades judiciales, procuradurías y defensorías, y presentamos casos en los que se demostraban las graves fallas, los abusos de la prisión preventiva, los atropellos de las autoridades, etcétera. Nuestra labor consistió en divulgar lo más posible dichos hallazgos, así como demostrar por qué era urgente realizar una reforma de fondo.

Luego de una larga lucha que comenzó en el año 2000, en la que remamos a contracorriente pero en la que coincidimos con muchos actores políticos, expertos nacionales, internacionales y numerosos aliados de la sociedad civil y la comunidad empresarial, se dio un gran paso: en 2008 se aprobó el marco constitucional necesario para que todos los estados del país iniciaran una trasformación de fondo del sistema de justicia penal. Para contribuir a alcanzar la aprobación de esta reforma constitucional, desde la sociedad civil en 2006 conformamos la Red Nacional en Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso desde la cual logramos convocar a organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y empresas interesadas en este importante cambio. Llegamos a contar con más de 100 participantes.

Tras la aprobación de la reforma penal el 18 de junio de 2008, nos tocaba ahora convencer a los estados del país para que iniciaran lo más pronto posible la implementación de la reforma, mirando los ejemplos nacionales que hasta el momento se habían desarrollado: Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Zacatecas, y experiencias latinoamericanas como la de Chile. Como organizaciones de la sociedad civil nos enfocamos en dos acciones: 1) persuadir a gobernadores, a operadores y a todas las autoridades involucradas para que iniciaran la implementación del sistema acusatorio, y 2) servir como vínculo entre expertos y académicos nacionales e internacionales para que recibieran asistencia técnica en la capacitación de operadores y en la elaboración de leyes secundarias. Con este fin participamos en la conformación del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Además, participamos en las consultas para la miscelánea penal con el fin de evitar que propuestas de contrarreforma fueran aprobadas. En Nuevo León participamos en la elaboración del Código Procesal, de la Ley orgánica de la Procuraduría, de la Ley de la Defensoría Pública y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por medio de esta participación buscamos ser portavoz de la sociedad civil en el sistema.

La fase de la implementación de la reforma fue muy complicada, ya que iniciar con el cambio implicaba remover los cimientos del sistema tradicional o inquisitorio, y con ello ir en contra de compadrazgos e intereses largamente creados en todos los ámbitos relacionados con la impartición de justicia. Buscamos socios y desarrollamos alianzas para lograr una implementación exitosa: a través de la asistencia internacional, con aliados como la Unión Europea, el gobierno británico, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Centro de Justicia para las Americas (CEJA) y la Open Society Justice Initiative, y con aliados nacionales como la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Cabe señalar que en un principio la Secretaría Técnica —los primeros dos años de funcionamiento aproximadamente— tuvo dificultades para entender el papel que estaba desempeñando. Incluso podría decirse que su incursión en los estados y con las autoridades fue muy limitado y sin trascendencia. No obstante, durante los últimos tres años logró empujar y concretar la implementación en todos los estados del país y en la Federación: pudo llevar capacitación de muy buen nivel a los operadores del sistema a nivel nacional, además de brindar la asistencia técnica, la infraestructura y las tecnologías de la información necesarias. En la mayoría de los temas que implicaba la reforma penal hicimos equipo; compartimos información y objetivos, trabajando cada uno en su papel y apoyándonos mutuamente.

Lamentablemente, la SETEC terminará sus funciones el 13 de octubre de 2016 sin ningún otro organismo que la sustituya para cumplir las tareas de gran trascendencia de esta nueva fase de consolidación, aun cuando desde el año pasado, en el marco del Séptimo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometieron a trabajar en un proyecto del órgano que sustituiría a la SETEC para dar continuidad a su trabajo, aprovechando la importante experiencia acumulada y sus buenos oficios con los gobiernos de los estados y con la propia autoridad federal.

Hemos señalado reiteradamente que esta decisión nos sorprendió, nos molestó, pero, sobre todo, nos preocupó como sociedad civil involucrada y comprometida con el buen funcionamiento del sistema de justicia, porque eventualmente no se cumplirá con este compromiso y esta promesa. Recientemente se decidió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica, encabezado por Álvaro Vizcaíno, será quien tome estas funciones, pero realmente creemos que existirán muchas dificultades para que esto suceda y que tendrá que pasar un buen tiempo para que desde este órgano de gobierno se pueda establecer un buen programa de seguimiento y de apoyo a los estados y la Federación.

Otro de los compromisos que asumimos durante todo este tiempo ha sido mantener el tema como uno de los cinco principales asuntos de la agenda política del presidente y de gobernadores, senadores y diputados, y lograr los compromisos necesarios para que la implementación del sistema acusatorio sea una realidad. Desde el primer aniversario de la aprobación de la reforma, cada año organizamos el Foro Nacional de Seguridad y Justicia que convocaba a todas las autoridades más importantes del país: el presidente de la Republica, el presidente de la Corte, los secretarios de Estado involucrados en la reforma, como el secretario de Gobernación, y el titular de la Procuraduría General de la República, así como los titulares de la SETEC, para que informaran acerca del estado que guardaban los avances de la implementación de la reforma en todo el país. En este foro participaron expertos, académicos nacionales e internacionales, los cuales fueron convocados para que desde su campo de acción compartieran sus experiencias, así como las lecciones aprendidas, reuniendo en cada sesión más de 60 panelistas y conferencistas para este propósito. En estos foros percibimos los beneficios y la importancia de una sociedad civil articulada.

De la misma manera, hemos monitoreado el funcionamiento del sistema acusatorio participando y organizando foros estatales en numerosas entidades de la República y compartiendo el modelo del Observatorio Ciudadano de la Justicia de Nuevo León, en estados como Baja California, Chihuahua y Oaxaca, con el fin de generar propuestas para una mejor operación del sistema. Hemos estado al pendiente de los intentos de perversión del sistema y de contrarreformas contrarias al sistema acusatorio, que no le permitan operar conforme a sus principios.

A partir del 18 de junio de 2016, cumplido el plazo constitucional para la implementación del sistema de acusatorio en todo el territorio nacional, se inició la fase de consolidación con miras a garantizar el funcionamiento de dicho sistema en todos los estados y en la justicia federal, que cumpla con estándares internacionales y pugne por el respeto a los derechos humanos de los involucrados en un problema penal, y en el que existan procesos sencillos, claros y con tiempos razonables, así como sanciones a los operadores que no respeten el marco jurídico.

Para Renace y la Red de Juicios Orales también comenzó una nueva fase con numerosas acciones por realizar. Primero, debemos de extender las acciones de monitoreo y evaluación del sistema de justicia penal acusatorio a la mayor cantidad posible de estados y a la justicia federal con el propósito de contribuir a lograr un funcionamiento adecuado estándar en todo el país. De este modo llevaremos nuestro modelo a los estados donde operamos para lograr una cobertura en el norte, el centro y el sur del país.

Además, debemos aportar lo que esté a nuestro alcance para atender las necesidades de capacitación, asistencia, infraestructura, gestión institucional, tecnología de la información y apoyo a los operadores. Hemos identificado lo valiosa que puede resultar la colaboración entre la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades. La experiencia positiva que hemos tenido al usar este modelo en Nuevo León, particularmente en temas de reinserción y de apoyo a las oficinas de servicios previos al juicio, nos impele a compartirlo con otros estados.

De acuerdo con nuestra experiencia, estamos trabajando ya en propuestas de reforma en aspectos que quedaron pendientes en el pasado, pero que, con base en los principios del sistema acusatorio y la experiencia acumulada en el país y en Latinoamérica, son necesarios para contar con un sistema acusatorio más completo e integral. Destaca el proyecto de reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley de Justicia para Adolescentes.

Por último, como sociedad civil debemos trabajar permanentemente para asegurar que el sistema de justicia continúe su proceso de cambio y transformación.

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