Las asociaciones de personas juzgadoras en México

Las asociaciones de personas juzgadoras en México

 

Ante los ataques que sufre el Poder Judicial, y frente a las iniciativas para socavar su independencia, es indispensable que juezas y jueces, sin importar fuero o materia, se unan y alcen su voz, no sólo para defender a los poderes judiciales sino también para consolidar nuestro Estado Democrático de Derecho.

 

El derecho de asociación de juezas y jueces en nuestro país no está reconocido de manera expresa en la Constitución federal, como sí lo hace la Constitución española, en su numeral 127. Esta prerrogativa para personas juzgadoras encuentra su origen en el artículo 9º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, diversos instrumentos del soft law internacional, como los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen que los jueces, como cualquier otro ciudadano, son titulares del derecho de asociación, siempre y cuando lo ejerzan de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales, la imparcialidad y la independencia de la judicatura (artículo 4.6).

Los comentarios relativos a los citados Principios de Bangalore señalan, por ejemplo, que en el ejercicio de la libertad de asociación los juzgadores pueden incorporarse a una asociación profesional para el avance y protección de las condiciones de servicio y remuneración de los jueces o constituir juntamente con otros jueces un sindicato o asociación de esa naturaleza (párrafo 176).

Atendiendo al carácter federal del sistema jurídico en México debería existir, por lo menos, una asociación de jueces y juezas en cada entidad federativa. No obstante lo anterior, no todos los estados de la República tienen alguna asociación de personas juzgadoras; o, teniéndola, ésta no tiene actividad alguna. A nivel “nacional”, por decirlo de alguna manera, existen tres asociaciones: la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJuzgadoras). La primera de ellas (CONATRIB) reúne a los poderes judiciales locales; la segunda (AMIJ) congrega a aquéllos, así como a órganos jurisdiccionales federales, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), etcétera; finalmente, la tercera (AMJuzgadoras) reúne a mujeres juezas de órganos jurisdiccionales locales y federales del país.

Dentro del Poder Judicial Federal (PJF) sólo existe una asociación activa: la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) que, por el número de asociados individuales y sus acciones, es la más importante en el país.

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