Ley General de Aguas: seis años después

Ley General de Aguas: seis años después

 

A pesar de la reforma al artículo 4° constitucional de febrero de 2012, por la que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, seguimos con una Ley de Aguas Nacionales que data de hace más de 25 años y que no obedece a nuestra realidad actual. El autor explica por qué.

 

En febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4° de nuestra Carta Magna por la que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua. Como elemento medular de esta importante reforma, el Constituyente incluyó un artículo transitorio que concedía un plazo de 360 días para la aprobación de la Ley General de Aguas.

Mucho hemos debatido sobre el contenido y los alcances de esta ley. Después de dicha reforma constitucional hemos tenido tres distintas legislaturas, decenas de foros, cientos de estudios y miles de puntos de vista. No parecieran ser suficientes, pues seguimos con una Ley de Aguas Nacionales que data de hace más de 25 años y que no obedece a nuestra realidad actual.

Uno de los principales aciertos de esta reforma constitucional fue reconocer la corresponsabilidad de la ciudadanía de garantizar el derecho humano al agua. Es precisamente en ese tenor que, con la intención de abonar al debate y con el objetivo de lograr un ordenamiento normativo a la altura de lo que necesita nuestro país, es importante que se tenga en cuenta lo siguiente:

  • El artículo 27 constitucional reconoce expresamente la propiedad de las aguas como originaria de la nación. Cualquier artículo que pretenda privatizarla es, simple y sencillamente, inconstitucional.
  • La transversalidad del derecho humano al agua requiere necesariamente una ley con enfoque holístico. Es decir, no puede ocuparse sólo de este derecho, sino que también debe abarcar otros derechos como los de un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, entre otros.
  • La ley debe considerar el acceso al agua como un derecho fundamental, pero también entenderlo como un recurso esencial para la disminución de la pobreza, como vehículo garante de la seguridad alimentaria y como elemento necesario para el desarrollo económico. La prelación de sus usos entendida desde la ponderación de derechos.
  • Al día de hoy existen aproximadamente ocho millones de mexicanos sin acceso a agua potable. La ley debe sentar las bases para garantizarlo para todos, de manera progresiva. El mínimo vital que requiere toda persona para garantizar sus necesidades básicas debe considerar de 50 a 100 litros al día, como lo establece la Organización Mundial de la Salud.
  • Se debe incluir de manera expresa a las personas y a los grupos que tradicionalmente han sido más vulnerables y menos favorecidos en el acceso al agua, en particular las mujeres, los niños y los pueblos indígenas.
  • El artículo 115 constitucional deposita en los municipios la obligación de prestar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. Su fortalecimiento debe ser parte medular de la nueva ley, principalmente su integración y su operación eminentemente técnica.
  • El cambio climático es una realidad y sus efectos cada vez son más evidentes y nocivos. Ejemplo de ello son los huracanes de mayor intensidad y las sequías más prolongadas. La Ley General de Aguas es una gran oportunidad para determinar la actuación y la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno ante estos fenómenos.
  • De 603 acuíferos con los que cuenta nuestro país 105 están sobrexplotados. El tema adquiere mayor complejidad cuando se añaden aquellos que se encuentran contaminados. La nueva normatividad debe repensar las estrategias y las sanciones para hacer frente a ambos problemas.
  • Como lo estableció el Constituyente en la reforma al artículo 4º constitucional, es impensable transitar con una nueva ley que no prevea esquemas de participación ciudadana. Siempre que existan espacios donde participen activamente gobierno y sociedad los resultados serán mejores.

 

Finalmente, el reto que supone legislar sobre el derecho humano al agua es significativo. Sin embargo, lo que constituye un reto aún más grande es que se deje de considerar a esta necesaria reforma como un tema político o ideológico. Mucho se beneficiará nuestro país con una nueva legislación que atienda las necesidades de los mexicanos en esta materia, desde una perspectiva eminentemente técnica y jurídica.

 

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Pennsylvania, maestro en negocios por Wharton Business School y maestro en administración pública por la Universidad de Harvard.

  

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