Liso y llano desatino

Liso y llano desatino

 

Nuestros jueces, afirma el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, suelen ser obsequiosos con el poder presidencial, sin importar si es azul, rojo o moreno. En este artículo explica por qué el poder político tiene sometido al Derecho, al abordar la revocación que hiciera el Tribunal Electoral de la multa de más de 197 millones de pesos impuesta por el INE a Morena por violar las leyes de financiamiento.

 

 

Un partido político viola las leyes de financiamiento; la autoridad electoral —a petición de otro partido— lo investiga y lo sanciona con una multa millonaria; el partido sancionado ejerce su derecho a la defensa y acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los magistrados, de forma unánime y con una argumentación mórbida, concluyen la revocación “lisa y llana” de la decisión sancionatoria. Así los guardianes del Estado constitucional decretan la impunidad del partido mayoritario en México.

Esto último no es baladí porque introduce una variable política al expediente. Como había sucedido en el caso de Amigos de Fox, la sanción de la autoridad se impuso a la fuerza política que había ganado las elecciones. Pero ahora el triunfo de Morena fue apabullante y el presidente electo arremetió de manera pública y sin reparos en contra de la autoridad electoral. Con ello marcó el tono de la afrenta que le supondría una sentencia que confirmara la condena. Los magistrados no resistieron el calor de la política. Escribo esto después de leer acuciosamente la sentencia.

No aburro a los lectores con cuestiones técnicas o con cuitas leguleyas. El legajo es un documento desordenado, preconcebido y defectuoso. Como en los casos de “cancha pareja”, “Coahuila” y “El Bronco”, da la impresión de que la decisión estaba tomada antes de que los magistrados valoraran el expediente. O, tal vez, una vez que lo conocieron optaron por darle carpetazo y mirar para otra parte.

Me limito a uno de los argumentos de los jueces para evidenciar la incongruencia de su razonamiento —que, además, rompe con decenas de precedentes en casos similares— y para mostrar que lo “liso y llano” de la resolución escapa a los confines del Derecho.

Concedamos que los juzgadores atinan cuando sostienen lo siguiente: “Con base en el principio de exhaustividad que obliga su actuación [el INE] debe realizar todas las indagatorias que sean necesarias y útiles para allegarse de información que le permita detectar irregularidades en el manejo de los recursos de los sujetos obligados”. O sea, el INE, en estos menesteres, debe ir al fondo.

Ahora tomemos en serio su admonición: “Esta Sala Superior considera que fue insuficiente la investigación realizada por la autoridad responsable y que debió agotar las líneas de investigación existentes, ya que no se investigó de manera integral el origen y la aplicación de los recursos denunciados”. O sea, el INE se quedó corto en sus labores.

No hace falta que conozcamos otras decisiones del tribunal para deducir la conclusión lógica de estas premisas. Si el INE no fue exhaustivo en su investigación y las líneas abiertas debieron agotarse, entonces el caso debió regresar a la autoridad administrativa para que llegara al fondo del asunto. Pues no. El tribunal evadió esa conclusión y echó mano de un desatino para evitar devolver el asunto a la autoridad sancionadora. Con sus palabras: la devolución “implicaría permitir que se juzgara en dos ocasiones al partido denunciado”. Un principio de Derecho penal destinado a proteger a los individuos frente al poder punitivo del Estado fue trasladado a un caso en el que una autoridad administrativa impone una multa al partido político más poderoso y acaudalado del país. Cosas veredes.

Podría pensarse que el caso pasó muy pronto a ser una anécdota electoral. Nunca sabremos si ése fue el cálculo de los magistrados electorales. Pero a mi juicio, el daño cala hondo y es estructural. La veleidad política de los jueces constitucionales corroe los pilares del Estado de Derecho. Del temple de la justicia depende la fortaleza de las instituciones. Y nuestros jueces —en este caso los electorales— suelen ser obsequiosos con el poder presidencial, sin importar si es azul, rojo o moreno. Por ello, México no es un país de leyes. El poder político tiene sometido al Derecho.

Cuando se renovó la Sala Superior del Tribunal Electoral, hace dos años, en una reunión social en la que estaban presentes magistrados salientes, algunos festejamos. La integración que concluía estaba muy desgastada, la nueva lucía prometedora y el encuentro transcurría antes de que los flamantes magistrados renunciaran a su independencia al beneficiarse de la operación política, que amplió la duración de sus mandatos.

En respuesta a nuestra discreta algarabía, uno de los magistrados que dejaba el cargo, advirtió: “Nos van a extrañar muy pronto”. Me pareció un gesto de soberbia, pero tenía razón.

 


 

* Licenciado en Derecho y doctor en filosofía política. Artículo publicado en El Financiero el 19 de septiembre de 2018. Se reproduce con autorización de su autor.

 

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