Lo que nunca debió hacer el Tribunal Electoral: el caso de "el Bronco"

Lo que nunca debió hacer el Tribunal Electoral: el caso de "el Bronco"

 

En un sorprendente acto de prestidigitación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, desde una pretendida posición garantista, que Jaime Rodríguez Calderón había acreditado el apoyo ciudadano para convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República. La autora analiza las implicaciones de esta sentencia.

 

 

Un conocido cuento narra la historia de dos pícaros que “confeccionan” a un vanidoso rey una vestimenta de tal manera especial que sólo podía ser apreciada por las personas inteligentes y era invisible a los ojos de los tontos.

La reciente sentencia que concedió al Bronco una candidatura ciudadana se encuentra entre el tono fantástico del Traje del emperador y los “hechos alternativos” a que aludiera el trumpismo. Según la Sala Superior, su decisión estaba revestida de garantismo. Por el tono de la sentencia, cualquier sujeto comprometido con los derechos humanos tendría que haberla alabado; lo contrario habría sido resultado de una ceguera constitucional irreversible.

No obstante, la verdad de las cosas es que no hubo derecho alguno que proteger en ese caso y que los efectos concedidos a la resolución resultaron ridículos. Leerla con calma provoca ver en la oscuridad del documento, en su falta de orden y en el uso de frases estridentes, algunos trucos de misdirection ejecutados por magos inexpertos.

Bajar el volumen a las apelaciones a los derechos humanos y a las sentencias de la Corte Interamericana permite revisar con calma el asunto, clarificar los hechos y sostener que la sala emborronó 122 páginas para proteger valores que nunca estuvieron en riesgo.

La resolución se refiere al Bronco como si de un preso, un desaparecido o un refugiado se tratara. El caso fue considerado como análogo al de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú (detenidos ilegalmente y asesinados poco después). Al amparo de esta realidad “alternativa”, los magistrados exigieron una “reparación integral” de los derechos humanos violentados que condujo al “restablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso”. Como, según la mayoría, el Bronco enfrentaba la pérdida de su “proyecto de vida”, había que salvarlo retrotrayendo la injusta “privación” que había sufrido “al estado anterior al evento dañoso”. Aplicando un precedente sobre incumplimiento de un tratado internacional entre Alemania y Polonia que afectaba a dos empresas del primer país (claramente análogo al del Bronco), la sentencia determinó que la reparación debía dirigirse a eliminar “todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido si el acto no hubiera sido cometido”. Ergo, se hizo candidato ciudadano al Bronco, hasta entonces aspirante.

En los hechos, el Bronco enfrentó un procedimiento distinto al que la sala parece haber visto. Uno más parecido a los engorrosos trámites de gobierno que cualquier ciudadano puede experimentar.

Los procedimientos administrativos (no sancionatorios) tienen características y conllevan consecuencias de Derecho distintas a los privativos o a los penales. En primer lugar, porque un funcionario conduce el procedimiento (no hay juez ni juicio). En segundo, porque su finalidad no es privar al solicitante de un bien ni imponerle una pena. Es decir, se desarrolla en interés y no en perjuicio del ciudadano; es éste quien requiere, por ejemplo, un pasaporte y debe, en consecuencia, cumplir con los requisitos. En estas circunstancias, por eficiencia, por la finalidad que se persigue en estos procedimientos, la ley presume que la autoridad actúa de buena fe y que, si alguien alega lo contrario, le corresponderá probarlo. En procedimientos de este tipo, si se viola algún derecho, su garantía y su reparación tienen como efectos eliminar lo que de incorrecto hubiese en el trámite; no conceden al ciudadano per se el acto administrativo buscado.

Así, para rechazar una solicitud para la obtención, por ejemplo, de un pasaporte, basta que un burócrata haga saber a un ciudadano que ha presentado una fotocopia y no el comprobante original del pago de derechos como le era exigido. En esas circunstancias nadie sostendría que se ha violentado el derecho de este ciudadano a ser notificado por escrito, o que se ha transgredido el debido proceso en su contra (imponer deberes de este tipo desquiciaría la administración). ¿Quién creería que el distraído solicitante ha sido “privado” del pasaporte? Aun si supusiéramos que un burócrata lo ha “discriminado” por no admitirle una copia al considerarlo “hombre y poco agraciado” y, en cambio, admitió un documento no original a cierta chica por ser “mujer, joven y guapa”, ¿habría alguien capaz de sostener que de ello se deriva el deber de suponer que el minuspreciado requiriente cumple con los requisitos y debe obtener el pasaporte?

El hecho de que la sala haya “supuesto” que el Bronco contaba con el apoyo ciudadano requerido es criticable no sólo porque es contrario a Derecho, sino porque viola el sentido común y apela a razonamientos que, de ser admitidos como precedentes de futuras decisiones, harían insostenible el quehacer del Instituto Nacional Electoral (INE). Según la sala, el aspirante fue sometido a un juicio privativo; debía notificársele cualquier determinación como si se tratara de un juicio y motivarse su incumplimiento como si hubiese sido sometido a un juicio cuasipenal. No correspondía al Bronco demostrar que cumplía con la ley. Era el INE el que estaba obligado a “garantizarle” que lo había hecho. Según la sala, no podía avanzarse de una etapa procedimental a otra si eso conducía al incumplimiento del aspirante.

El INE negó al Bronco la candidatura por ser éste incapaz de demostrar que contaba con el apoyo, como mínimo, de 866,593 ciudadanos. Según la ley, cualquiera con sus aspiraciones tenía que ofrecer el nombre y los datos de las credenciales de elector por lo menos de esa cantidad de ciudadanos dispersos en 17 entidades federativas distintas. Asimismo, debía probar que ese apoyo era real (que los datos no habían sido obtenidos ilegalmente). Para ello tenía que ofrecer comprobantes digitales: archivos con las firmas de los ciudadanos que lo querían ver como candidato y fotos de las respectivas credenciales de elector.

Comprobar esa cantidad de apoyos era el objetivo del procedimiento que siguió el Bronco. Como es obvio, resultaba fundamental que la sentencia clarificara cómo debía desarrollarse y por ello llama la atención lo oscura que resulta al respecto.

De la documentación del caso se desprende que una vez recibidos por el INE los datos y los archivos que acreditaban los supuestos apoyos, la autoridad electoral debía verificar si coincidían con los datos de la lista nominal y contenían archivos que, en primera instancia, coincidieran con los nombres proporcionados y con las fotos de credenciales y firmas correspondientes (en caso de no existir, por ejemplo el registro del ciudadano, el INE calificaba como “insubsanable” el apoyo pues la única posibilidad de validación era modificar la lista nominal, lo que resultaba jurídicamente imposible).

El aspirante y sus colaboradores daban seguimiento a los resultados de este análisis mediante un sistema informático —con estándares internacionales de seguridad— que, actualizándose día con día, les daba a conocer qué folio (correspondiente al nombre de un ciudadano que supuestamente apoyaba al candidato) no había superado esta primera verificación, así como la causa de la inconsistencia con la lista nominal. Si el aspirante o sus representantes deseaban ver la documentación soporte (el expediente correspondiente a cada folio) tenían que seleccionar los que deseaban revisar (podrían haber sido todos, de haberlo así solicitado) y pedir una cita al INE. Los representantes del Bronco hicieron uso de este derecho y acudieron a 12 audiencias a revisar los folios que eligieron (dejando “cerca de 432,295” sin análisis).

Al terminar el plazo de recepción de los apoyos ciudadanos, y ya con el análisis preliminar terminado, el INE notificó al Bronco que de los 2,034,403 apoyos presentados, 824,796 no habían superado esta fase de verificación.

Comenzó entonces la revisión de la documentación soporte de los apoyos. Concluida ésta se hizo saber al aspirante que 387,897 folios más carecían de sustento. Se elaboró una relación de los apoyos rechazados (señalando en cada caso cuál era la razón que sustentaba esa determinación, por ejemplo “fotocopia de credencial”) y se notificó al aspirante, indicándole que podía revisar cada registro si así lo deseaba (lo que ocurrió posteriormente durante cuatro días de audiencia). En ejercicio de ese derecho, el aspirante logró que 14,426 apoyos fuesen considerados válidos. Pese a todo, el conteo final determinó que se encontraba debajo del umbral de apoyo requerido por 16,056 registros y se le negó la candidatura independiente.

Cuatro días antes de que se notificara al aspirante esa decisión, sus representantes habían solicitado revisar no sólo los 387,897 apoyos que finalmente analizaron, sino los 849,937 en los que, según la sala, “existían irregularidades insubsanables” y que habían quedado fuera en la primera fase de verificación (aunque en páginas previas para la sala este número es el que corresponde a los apoyos validados). La autoridad electoral se negó con base en que: el aspirante había decidido en su momento qué registros analizar y cuáles no; si había elegido no revisarlos todos, debía asumir las consecuencias; asimismo, porque había fenecido el plazo para tal revisión, y, finalmente, porque no podía modificar los resultados de una etapa procedimental previa sin minar la certeza del procedimiento.

Lo indebido de esta decisión, según señaló la sala, fue la razón central para justificar su fallo. Estimó que había sido deber del INE autorizar la revisión de los más de 400,000 expedientes electrónicos no analizados en la primera revisión (sobre la no coincidencia de los apoyos presentados con la lista nominal); al haberse negado, había violado el derecho de audiencia del aspirante. La misma violación se había provocado al calificar ciertos registros como “insubsanables” (aunque ello implicara, como se señala en el voto particular, tener que modificar la lista nominal), pues el aspirante no los había revisado uno a uno y, contrariamente a lo sucedido, era deber del INE calificarlos como insubsanables “junto al actor”. Además, al no haber argumentado “sustancialmente” en la primera etapa por qué cada folio había sido considerado inválido (aunque el solicitante no lo hubiese requerido), la autoridad electoral había violado su deber de motivación y fundamentación y, con ello, el derecho del Bronco al debido proceso.

La consecuencia de esas violaciones que —según la sala— plagaron el procedimiento, son conocidas. En un sorprendente acto de prestidigitación, la sala determinó que debía “presuponerse” que el Bronco había acreditado el apoyo ciudadano.

La decisión fue arbitraria. No había indicios para presuponer lo que la sala finalmente quiso dar por sentado. Nada más que afirmaciones dogmáticas según las cuales “existe una conclusión objetiva en el sentido de que, de haber revisado los registros que no fueron verificados durante el procedimiento, el actor hubiese podido alcanzar el umbral exigido para obtener el registro”.

Al realizar esta suposición, la sala violentó el principio de legalidad que acompaña los actos administrativos, modificó la carga de la prueba y generó un peculiar principio de “in dubio pro Bronco”, aplicándolo sin siquiera justificar una genuina duda.

Lo más delicado, pese a todo, no fue la decisión misma, sino que ésta pueda ser signo, precedente o premonición de una forma de tomar decisiones en las que un discurso pretendidamente jurídico acalla los hechos de un caso, simula analogías y genera normas jurídicas sin justificación de por medio.

El tribunal blandió espadas en defensa de valores no transgredidos. Exigió, además, que su sentencia fuese vista portando el traje de un garantismo imposible. Es urgente señalar —como el niño que gritaba al final del cuento de Hans Christian Andersen— que la sentencia va por el mundo desnuda de razones y que la Sala Superior nos pide ver en ella lo imposible.

  


 

 * Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, y máster en Estado de Derecho global y democracia constitucional de la Universidad de Génova, en Italia. Se desempeñó como asesora del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de 2008 a 2013.

 

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