Los servidores públicos también tienen privacidad

Los servidores públicos también tienen privacidad

 

¿Hasta dónde debe llegar la obligación de los servidores públicos de transparentar su información que para cualquier otra persona sería confidencial? ¿Debe protegerse su información personal para evitar su acceso no autorizado? El autor nos ofrece algunas reflexiones sobre el tema.

 

  

El pasado 4 de julio en el diario El Economista se dio a conocer que la base de datos del sistema DeclaraNet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), había sido sujeto de una vulneración informática y, en consecuencia, su contenido estuvo expuesto en internet durante 56 días sin ninguna restricción.

Este ataque cibernético repercutió en que los datos personales de 830,000 servidores públicos fueron puestos a disposición de terceros para su acceso no autorizado —58 por ciento del total de registros en DeclaraNet, según la nota—, sin contar con el consentimiento de sus titulares.

La respuesta de la SFP no se hizo esperar. El mismo día de la nota periodística la dependencia manifestó, en un boletín oficial, que en ningún momento se habían vulnerado los datos contenidos en las versiones íntegras de las declaraciones de las personas servidoras públicas y que lo que se ventiló en el buscador Shodan era “información de naturaleza pública” (sic).

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