Mucha política, poca Constitución

Mucha política, poca Constitución

 

La publicación de los decretos presidenciales en el Diario Oficial se ha caracterizado por su inconstitucionalidad. En este escenario, el autor reflexiona sobre el papel que desempeñan los abogados de la presidencia y, en última instancia, sobre el futuro de nuestro orden constitucional.

 

 

El presidente no tiene aprecio por el Derecho; de hecho, lo desprecia. La probable explicación psicológica de su tirria jurídica es la creencia de que los abogados somos conservadores. Esta percepción no es exclusiva de la Cuarta Transformación. Durante la campaña del presidente De la Madrid se buscó un abogado de izquierda para incorporarse al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y sociales (IEPES). Después de mucho investigar, se invitó a Miguel Limón, que trabajaría cerca de Manuel Camacho. Los abogados del presidente están de floreros. Adoctrinados, no se atreven a cuestionar las barbaridades jurídicas publicadas en el Diario Oficial. No se explica cómo los abogados secretarios refrendan los inconstitucionales decretos presidenciales. El 31 de marzo el secretario de Salud expidió un acuerdo para suspender las actividades no esenciales con el fin de disminuir la carga de la enfermedad del Covid-19 y sus complicaciones. El acuerdo determinó las actividades esenciales, excluyendo otras que según su criterio no son fundamentales: la del fabricante de tapas de plástico para botellas que aparentemente no son esenciales, a menos que se destinen a medicinas o a desinfectantes; o la de los fabricantes de conexiones eléctricas que deben utilizarse en los respiradores pulmonares (esenciales) o en los videojuegos (no esenciales). Un caso emblemático es el de los productores de refacciones de automotores. No parecen esenciales, a menos que una ambulancia carezca de batería o de llantas.

Independientemente del desconocimiento de las cadenas de producción, es evidente la descoordinación entre gobierno e industria. El acuerdo es inconstitucional, como lo hacen valer empresarios y trabajadores ante los tribunales. Priva de derechos fundamentales a trabajadores y a empresas pues atenta contra el libre cambio, la libertad de trabajo y el ejercicio de actividades empresariales que protege la Constitución. Por si fuera poco, el secretario de Salud se adjudicó la facultad reglamentaria que corresponde al presidente, al pretender incluir en el Consejo de Salubridad General a secretarios no comprendidos en el reglamento vigente. La facultad reglamentaria del presidente que dispone el artículo 89 de la Constitución es tan básica que la entiende cualquier estudiante de Derecho. Había dos vías para evitar esta inconsistencia constitucional: a) que el acuerdo hubiera sido emitido por el Consejo de Salubridad General o b) que se hubieran suspendido las garantías individuales para enfrentar la epidemia, como lo establece el artículo 29. Las razones que dio el gobierno para no decretar la suspensión de garantías son las mismas que adujo en su momento el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando ocurrió la irrupción del ejército zapatista en la selva chiapaneca.

Si la idea que tuvieron es que fuera la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) la que expidiera el acuerdo, y no el Consejo de Salubridad General, el presidente debió haber sancionado (ratificado) el acuerdo, como marca la Constitución (73, fracción XVI párrafo 2), lo que no hizo. Lo curioso es que en otro acuerdo el presidente sí lo sancionó, después de expedirlo la SSA. Claro, se refería al que determinó que las empresas que tengan contratos con proyectos como Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y otros preferidos por el presidente sigan funcionando, como si fueran actividades esenciales ante la pandemia.

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