Por qué no conviene estudiar Derecho Romano en la universidad

Por qué no conviene estudiar Derecho Romano en la universidad

 

En un mundo donde un litigante dispone al momento de leyes, doctrina, jurisprudencia y perfiles ideológicos del juez que revisará su caso, y donde existen robots capaces de desahogar consultas jurídicas y hasta de emitir sentencias, atiborrar a los estudiantes de Derecho con saberes inútiles no parece atinado, afirma el autor al reflexionar sobre la enseñanza del Derecho Romano.

 

A invitación de la Barra Mexicana, hace unos días participé en un foro sobre Derecho y tecnologías de la información. Sostuve que, en 2020, ante un mundo competitivo y especializado, México debía modernizar sus planes y programas de estudio a la hora de entrenar a sus futuros abogados.

Lamenté que, mientras en las universidades más importantes del mundo y en algunas de México vinculan los saberes jurídicos con las TIC y la inteligencia artificial, con la neurociencia y el Derecho espacial, en otras sigue enseñándose cómo se manumitían esclavos en la Roma de hace siglos: In sacrosanta ecclesia, Per vindicta, Inter amicos y Per mensam, entre otras.

Nadie en su sano juicio negaría la importancia de la historia. Yo mismo imparto, a la fecha, un seminario sobre historia constitucional en el ITAM. Ahí analizo documentos como el Dictatus papae (1075), la Carta Magna (1215), el Bill of Rights (1688) y otros instrumentos, para destacar cómo cada uno de ellos acotó la lucha entre gobernantes y ciudadanos, lo que a fin de cuentas explica la esencia del Derecho constitucional.

El problema con el Derecho Romano es que exige algo distinto: la comprensión exhaustiva de técnicas y prácticas que, si bien dieron origen a algunas de nuestras instituciones, ya no responden a las necesidades del siglo XXI.

En una época en que el bitcoin y el fraude cibernético están a la orden del día (los ciberdelitos cuestan 600 billones de dólares anuales); en que los nuevos fármacos que “curan” las adicciones prometen desplazar a policías, fiscales y jueces en el terreno del narcotráfico; en que el derecho a la intimidad y la geolocalización entran en conflicto, ¿qué tanta importancia puede tener conocer las facultades de los pretores, las restitutiones in integrum o la prelación de las citas de los jurisconsultos en la época de Justiniano?

En medicina es importante saber que, en alguna época, se practicaron sangrías y se echó mano de sanguijuelas para extraer la “mala sangre”. Pero ¿sería razonable que se dedicara medio año a enseñar a los futuros médicos cómo practicar estas sangrías o cómo criar sanguijuelas en condiciones óptimas? En arquitectura es útil no perder de vista dólmenes y menhires, pero desconfiaría de una escuela que dedicara un semestre (o dos años, como me tocó a mí en la Libre de Derecho) a enseñar a arrastrar piedras gigantescas con troncos y cuerdas para luego clavarlas en la tierra.

Mi escepticismo por el Derecho Romano no es nuevo. En 1983, publiqué en la revista de estudiantes de la Libre un artículo titulado Derecho Romano… ¿para qué? Provoqué una reacción furibunda. El rector declaró que era su enemigo personal y uno de los profesores escribió una refutación (Derecho Romano para esto) donde afirmó que yo no sabía de lo que hablaba: “Si usted no aprende Derecho Romano”, me espetó, “nunca comprenderá la pandectística holandesa ni el Derecho actual.”

En lo que toca a lo primero, tenía razón: nunca llegué a comprender la pandectística holandesa y, a decir verdad, ni siquiera hice el intento. En lo segundo, sin embargo, se equivocó de cabo a rabo: no es necesario conocer el Derecho antiguo para descifrar el contemporáneo, como no es preciso saber latín para poder hablar y escribir con fluidez el español. Conozco a muchos jueces, litigantes y académicos que nunca llevaron un curso de Derecho Romano y esto no les ha impedido ser exitosos operadores de nuestro sistema jurídico.

En un mundo donde un litigante dispone al momento de leyes, doctrina, jurisprudencia y perfiles ideológicos del juez que revisará su caso; donde existen robots capaces de desahogar consultas jurídicas y hasta de emitir sentencias; donde las personas pueden contraer matrimonio y divorciarse a través de una computadora, atiborrar a nuestros jóvenes con saberes inútiles no parece atinado.

La tecnología está cambiando al mundo y la educación no es una excepción. En el Sandbox Collaborative de la Universidad de New Hampshire, uno de los centros de innovación educativa más destacados del mundo, los simuladores están a la orden del día. Nos permiten viajar, a través de hologramas, a distintos lugares para aprender lenguas extranjeras y contar con profesores y colegas (avatares) con quienes aprender y debatir.

El Instituto de Tecnología de Georgia, por su parte, pone a nuestra disposición redes de mentores y asesores, así como a la “asistente de enseñanza” Jill Watson, un robot capaz de aportar la doctrina, ley o jurisprudencia que necesitemos para litigar el caso que nos ocupe.

El conocimiento de la historia del Derecho amplía el criterio de cualquier profesionista, desde luego. Pero hay que enseñarla de un modo más eficaz. Oxford, Cambridge, Harvard o Yale ofrecen cursos de Roman Law, pero como materia optativa. También ofrecen cursos de Derecho medieval, Derecho islámico, Derecho socialista y otras exquisiteces.

Uno de mis exalumnos me refirió que estaba tomando un curso de Derecho bantú en una universidad inglesa, pero la asignatura no estaba incluida en su core curriculum. Si de lo que se trata es de cumplir cuotas de horas-clase e incluir un programa de Derecho extranjero de manera obligatoria, se antoja más útil pensar en el Common Law y dejar que el Derecho Romano se estudie de manera transversal, lo mismo al hablar del Derecho civil, mercantil o laboral.

Tienen razón quienes afirman que “en el ejercicio de la profesión de abogado lo que cuenta no es sólo el conocimiento mecánico de las normas de Derecho y de sus detalles, sino la posesión de una mente bien encuadrada en el campo jurídico”. Pero esta mente no se adquiere memorizando los supuestos en que podía hacerse valer el Senatus consultum macedonianum, las características del Senatus consultum veleyanum o las diferencias entre los tribuni militum y los tribuni celerum.

En una época como la nuestra, necesitamos alumnos críticos y participativos. Hay que preparar maestros para convertirlos en provocadores intelectuales. Urge modernizar los enfoques pedagógicos en todos los ámbitos. Si seguimos empantanados en el pasado, México saldrá perdiendo.

Ojalá que los abogados pudiéramos aprender sánscrito, arquitectura gótica y parasitología. Desgraciadamente, no hay tiempo para todo: debemos discriminar y elegir. En este ejercicio, el Derecho Romano en uno de esos lastres del que debemos deshacernos en la primera oportunidad.

Desde luego, si un abogado memoriza algunas frases en latín y recita que Ius publicum est quod ad statum Rei Romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem spectat y que esta distinción consta en el Digesto 1,1,1,2, podrá impresionar a clientes desprevenidos y a uno que otro juez pretencioso. Pero esto no requiere ni mucho talento ni mucho estudio…

 

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