Por qué no debe cancelarse el Nuevo Aeropuerto

Por qué no debe cancelarse el Nuevo Aeropuerto

 

Si el nuevo gobierno cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y decide realizar sus acciones de gobierno con base en “consultas populares”, no estaremos ante la “Cuarta Transformación” sino ante el desconocimiento de la Constitución y el fin de la democracia, sostiene el autor, al reflexionar sobre la nueva forma de tomar las decisiones en el gobierno que propone el presidente López Obrador.

 

 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), anunciada el 29 de octubre de 2018 por el entonces presidente electo, como resultado de una supuesta consulta popular, no se ajusta al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los derechos de los ciudadanos mexicanos para votar en consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional (sus glosadores afirman que no se violó la Constitución, porque aquél aún no asumía la Presidencia).

En efecto, la “consulta popular” fue un acto partidista, pero si López Obrador, como presidente en funciones, realiza la cancelación, ésta tendrá consecuencias jurídicas y económicas que violentan el orden jurídico nacional en diversos aspectos, particularmente los regulados por los artículos 25, 26 y 134 de la propia Constitución, que, respectivamente, se refieren: a la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; a la organización del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, y a la forma como se administrarán los recursos económicos de la Federación.

 

Cancelación de las obras del aeropuerto

Existen múltiples pronunciamientos de asociaciones, colegios y grupos de expertos en aeronáutica, de especialistas en materia económica, de politólogos y del sector empresarial, así como del presidente saliente, sobre el error de cancelar una obra sobre la que existen los estudios necesarios para su construcción y financiamiento, y que fue adjudicada mediante los procedimientos establecidos en las leyes vigentes.

Como lo expresaron quienes apoyaron la “consulta popular”, no era jurídicamente posible cumplir con el artículo 35 constitucional, porque aún no eran gobierno, y tendrían que haber esperado hasta 2021; pero tampoco se puede desconocer que los actos de un presidente electo pueden causar incertidumbre y desconfianza en los inversionistas.

Detener una obra con ese grado de avance para iniciar una obra de la que no se tiene ningún estudio serio, no sólo significaría el derroche de dinero público, (porque, entre otros aspectos, se tendrán que pagar los daños y perjuicios a los contratistas a quienes se les rescindan los contratos sin una causa jurídica justificada; se tendrán que pagar las consecuencias económicas de la incertidumbre jurídica que se generará para los inversionistas; se perderán empleos; se perderá la posibilidad de solucionar la saturación del actual aeropuerto, y se limitará la posibilidad de crecimiento económico en otros sectores como el turístico), sino que ya no se podrá planear a mediano y largo plazos.

 

El Sistema Nacional de Planeación

La incertidumbre generada por el presidente López Obrador es grave por sí misma, pero lo verdaderamente alarmante sería la destrucción del Sistema Nacional de Planeación establecido en los artículos 25 y 26 constitucionales. Si el hoy presidente decide ratificar el anuncio de la cancelación del aeropuerto entraremos a una etapa de absoluto incumplimiento del orden jurídico nacional, porque con base en “consultas populares” (actos partidistas), no sólo decidirá una minoría que no tiene el más mínimo conocimiento del tema de la consulta, sino que ya no se podrá planear a futuro. (Para que la decisión de esa minoría fuese vinculante se tendría que modificar la ley vigente.)

No obstante el alto porcentaje con el que fue elegido López Obrador, mientras no se modifique el marco jurídico no se podrá someter a “consultas populares” la realización de una obra ni tomar una determinación fuera del marco del artículo 35 constitucional, máxime cuando éstas han iniciado o se han puesto en operación. En el caso del aeropuerto, que tiene un avance en su construcción de 31 por ciento, no sólo resulta ilegal sino absurdo.

Tener un Sistema Nacional de Planeación en México costó mucho tiempo, vencer muchos obstáculos y cambiar la mentalidad de los servidores públicos. Sabemos que muchos mexicanos siguen realizando sus cometidos bajo las premisas del “ai se va” y el “mañana Dios dirá”, pero cuando dejemos de planear a corto y mediano plazos (prácticamente no existe planeación a largo plazo en México) definitivamente estaremos condenados al retroceso económico y a la mediocridad.

El penúltimo párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación establece lo siguiente: “El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país [y] contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática”. Por su parte, el artículo 32 de la misma ley señala: “Una vez aprobado el plan y los programas serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias […] Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables la obligatoriedad del plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales”. A su vez, el artículo 42 del mismo precepto establece que “a los servidores públicos de la administración pública federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta ley, se les sancionará en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.1

En consecuencia, resulta incuestionable que la obra del aeropuerto en Santa Lucía no está inserta en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que su construcción violentaría el mismo, así como los programas sectoriales e institucionales respectivos.

 

Actos de corrupción en la cancelación del aeropuerto

No puede existir mayor expresión de irresponsabilidad que quien fue electo fundamentalmente en función de sus promesas de acabar con la corrupción, la inseguridad y la impunidad, y que tiene la obligación jurídica de tomar decisiones para hacer que funcione el Estado mexicano, se escude en una “consulta popular” (que en realidad es un acto partidista) para tomar una decisión que es de su competencia.

Le guste o no le guste al nuevo presidente, al asumir su encargo está obligado a que sus acciones de gobierno se rijan por el marco jurídico existente. Si el marco jurídico limita su “Cuarta Trasformación”, la mayoría que detenta el poder en el Congreso le permitirá modificar el marco jurídico existente, pero 30 millones de votos no lo autorizan a violar la ley. No es posible cambiar el destino de una nación vulnerada por la corrupción realizando nuevos actos de corrupción. Y corrupción es disfrazar actos partidistas como consultas populares o desperdiciar recursos públicos en contravención del artículo 134 constitucional, que establece:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados.

”[…]

”Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”2

Por lo tanto, si se tiene que pagar por una parte de una obra que no se utilizará para lo que fue destinada, significa que los recursos no se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía.

Si el nuevo presidente ya negoció con los principales contratistas que participaron en el aeropuerto de Texcoco (lo afirmó públicamente) para que asuman las obras en Santa Lucía, estaría violentando los principios de transparencia y honradez, y no estaría asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, pues estaría destinando recursos presupuestales para una obra para la que no fueron aprobados. Estaría adjudicado directamente obras sin licitarse públicamente. Y en la sublimación de la contradicción, estaría contratando con empresarios a los que se les cancelaron sus contratos con el argumento de que cometieron actos de corrupción. Y corrupción es asignar una obra (Santa Lucía) sin que cumpla con los presupuestos básicos de toda contratación: un presupuesto específico; estudios ambientales y económicos; proyectos, planes y programas. Así como corrupción es realizar una obra pública al margen del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes sectoriales (de las diferentes secretarías participantes) y de los planes institucionales (de las entidades participantes), entre otros.

 

Responsabilidad de los servidores públicos por la cancelación del aeropuerto

El artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los servidores públicos observarán los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficacia, así como las siguientes directrices:

“I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

”[…]

”VI. administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer las metas institucionales según sus responsabilidades”.3

Por su parte, el artículo 54 de la misma ley, que se inserta en el capítulo “De las faltas administrativas graves de los servidores públicos”, señala que “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

Los secretarios, oficiales mayores y todos aquellos servidores públicos de la nueva administración que ordenen la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco y asignen o desvíen sus recursos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía (mientras no se modifiquen los preceptos correspondientes de la Constitución y las leyes correlativas) se encontrarían en la hipótesis de falta grave establecida en el artículo 54 en cita; disposición que no podrá ser aplicada al presidente durante el tiempo de su encargo, toda vez que el artículo 108 constitucional establece que el mismo sólo podrá ser acusado por traición a la patria y por la comisión de delitos graves del orden común.

En política no hay casualidades, por lo cual no es casual que el partido de López Obrador, teniendo la mayoría en el Senado, no apruebe o rechace los nombramientos de los magistrados anticorrupción que integrarán las salas regionales especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que permitirán que este tribunal pueda sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos y las faltas de los particulares, coadyuvando al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si ya se hubiese ratificado el nombramiento de los magistrados anticorrupción (con la misma rapidez con que se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) se podría sancionar en lo inmediato los actos de corrupción proclamados por López Obrador como causa de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, tanto de servidores públicos como de particulares que participaron en la contratación de estas obras.

 

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la UNAM y consultor en contratos con la administración pública federal y en materia de hidrocarburos.

1 Ley de Planeación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, vigente a partir del 19 de julio de 2017.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado