Qué ministros, para qué Suprema Corte

Qué ministros, para qué Suprema Corte

 

En la antesala del nombramiento de uno de los integrantes del pleno de la Suprema Corte, el autor nos recuerda que lo que nuestro Máximo Tribunal necesita es un ministro que esté decididamente comprometido con los derechos sociales y que dé la lucha contra la profunda desigualdad social que padecemos en México.

 

 

En los últimos años se ha constatado la relevancia adquirida por la Corte, ya que ha afianzado, no sin dificultades, su papel de árbitro de las disputas políticas, garante de la conformidad jurídica de las leyes, protector de los derechos amparados en la Constitución y los tratados internacionales, y custodio de la salud de nuestro sistema democrático.

En la antesala del nombramiento de uno de sus integrantes del pleno, no está de más recordar que la función de un tribunal constitucional se orienta a corregir los defectos de la democracia. En ese sentido, seguimos necesitando, ahora con especial urgencia, un perfil que esté decididamente comprometido con los derechos, pero en esencia con los derechos sociales, si lo que buscamos es tomarnos en serio la deuda histórica que nos mantiene como una sociedad profundamente desigual, incapaz de remover los obstáculos que han impedido la materialización del bienestar común y la justicia social para 120 millones de mexicanos. Una ministra o ministro para los derechos sociales.

Esta Corte requiere, además, verse favorecida con un perfil que abiertamente y sin titubeos haga pública su posición en aquellos temas en que se advierten resistencias, tensiones e indefiniciones internas. Que muestre deferencia frente al papel desempeñado por la Corte Interamericana y su jurisprudencia, y que se comprometa a fortalecer las capacidades hermenéuticas plenas de los jueces federales y estatales, concibiendo a unos y a otros como corresponsables solidarios en la activa defensa de nuestros derechos. Y, además, que no le tiemble la mano cuando haya que oponerse a la voluntad de las mayorías parlamentarias, o cuando se necesite anteponer el interés público, pero siempre con abierta disposición a sensibilizarse frente a las expectativas sociales. Una ministra o ministro en diálogo con la jurisdicción interamericana y con la judicatura federal y local.

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