Sobre el Derecho indígena

Sobre el Derecho indígena

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 10.1 por ciento de la población de nuestro país corresponde a 78 naciones indígenas. Los autores nos ofrecen una visión panorámica de lo que se entiende por Derecho desde esa cosmovisión.

 

 

El conocimiento de lo indígena es escaso y probablemente de ello han derivado problemas pasados y presentes que podrían continuar en el futuro. No obstante que se trata de un mundo que pobló/dominó este continente —bautizado desde hace medio milenio por los europeos como América—, desde sus primeros asentamientos hace 28,000 años hasta la irrupción occidental iniciada el 12 de octubre de 1492,1 los instrumentos históricos que dan cuenta de los primeros pasos de las civilizaciones originales de esta región son reducidos.

Lo anterior, quizá porque deben sortearse fronteras a veces infranqueables, como su propia ausencia —ya sea por ser desconocidos, por tener una cosmovisión que no se ocupaba del testimonio escrito o por la pérdida de sus fuentes sufrida a raíz de la violenta transculturación—. A eso hay que sumar la incomprensión y la carencia de métodos que hayan resultado eficaces para su comprensión más fidedigna.

No obstante, la huella histórica de los pueblos indígenas es indeleble en nuestras poblaciones.2 Además, se mantiene en forma indirecta, pero permanente, a través de la tradición de los pueblos originales y las fuentes sobrevivientes, contemporáneas o posteriores a la conquista sobre lo indígena.

Esta insuficiencia de conocimiento directo no reduce la importancia del legado de los pueblos originales de América.3 Al contrario, incrementa su deseo de conocimiento y la relevancia de la difusión de lo que todavía existe.

Su legado representa una tradición cultural/social rica que se adentra en el universo sociológico de pueblos extraordinariamente complejos y completos. Así, el tapiz identitario de nuestro continente se llena de nombres como quechuas, nahuas (masehaulme), aymaras, mayas, mapuches, zapotecos (binnizá), mixtecos, otomíes (ñañu), huicholes (wixárikas), tarahumaras (rarámuris) o guaraníes, entre muchos otros. Todos estos pueblos son muy diversos, pero al mismo tiempo también sumamente afines.

En el caso mexicano, los pueblos indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, integran 784 naciones indígenas. En una suma globalizadora lo anterior representa 10.1 por ciento de la población. Al respecto, en este texto nos preguntamos qué se entiende en el mundo indígena por el Derecho.

En él no es posible hablar de una concepción de Derecho en términos estrictamente occidentales; mucho menos de una visión unitaria5 de aquello que nosotros podemos encuadrar como él, dentro de su cosmovisión; lo que no obsta para pensar en derechos y obligaciones en función de un individuo como centro normativo, sin distinguir si es indígena o no, dando pie así al natural fenómeno jurídico de las sociedades. En conclusión, sí se puede hablar de un Derecho en lo indígena, pero con categorías a resignificarse en su propio contexto cultural/identitario.

Lo que hoy entendemos como Derecho indígena —al seguir los patrones de visión de la tradición jurídica occidental en la que todos los conceptos se asemejan a los del Derecho romano-canónico— se compone por instituciones observadas a partir de la tradición jurídica europea. Por lo tanto, términos como Derecho penal, civil, administrativo, etcétera, no necesariamente encuentran equivalentes completos en el orden jurídico de lo indígena.

Se pone énfasis en que la idea de Derecho que pueda plasmarse en cualquier documento no hecho por manos indígenas puede resultar inapropiada al estar sujeta a un proceso de traducción, la cual no puede ser literal.6 Lo único que permanece con más fidelidad es la tradición.

Y a ella miramos para observar lo que dice nuestra Constitución al respecto. Esto es, una idea de pluralidad nacional recogida en su artículo segundo: “Sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización7 y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Luego se precisa: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas […] Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.

Como se lee, la calidad de pueblos indígenas y el carácter de indígena se sustenta en que un derecho fundamental de los pueblos indígenas para ser sujetos de derechos es existir y que el sistema jurídico reconozca esta existencia.8

Así, para ser indígena se requiere: a) la pertenencia a alguna comunidad derivada de las existentes en el México prehispánico, con instituciones culturales que menos o más se hayan conservado a través del tiempo; b) la conciencia de la condición como indígena (autoidentificación);9 c) el reconocimiento de autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y d) la identificación individual de una unidad social, económica y cultural, con el resto de la comunidad.

Un diseño constitucional específico es la respuesta a una problemática presente. El caso indígena no es la excepción. Por lo que para la atención de sus intríngulis se han trazado diversas estrategias de atención, las cuales transcurren desde el diseño de políticas públicas normativas —partiendo del marco regulado en la Constitución10 y de su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— y específicas, para la planeación, el acceso a la justicia, el desarrollo, la salud, los recursos naturales, los derechos culturales, la educación… cuyas acciones se han desarrollado a través de instituciones del Estado de corte indigenista,11 esto es, dedicados a garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos de los pueblos indígenas necesitan garantizarse, así como reconocerse como sujetos de derechos colectivos, entre los cuales se encuentran los territoriales, los políticos, los económicos, los jurídicos, los sociales y los culturales.

Las reflexiones que suscitan lo anterior son demasiadas, pero este artículo sólo es una entrada provocadora hacia una pregunta que quedará en el aire: ¿qué se ve/hay en el mundo indígena/de lo indígena?, es decir, ¿cómo se observa éste, desde el mundo no indígena?

Para finalizar, adelantamos algunas respuestas de lugares comunes: Por un lado, su legado cultural es evidente. Por el otro, durante mucho tiempo hubo invisibilidad ante sus problemas —en parte recuperado en la agenda pública y de gobierno a partir del alzamiento zapatista de 1994—,12 los cuales son mayúsculos: pobreza —según el CONEVAL en 2016 el 71.9 por ciento de los indígenas del país tenían esta condición;13 de tal grado aguda que 30 por ciento no podía siquiera aspirar a comprar una canasta básica—, analfabetismo —por mucho tiempo éste ha estado marcado por ineficaces campañas de alfabetización en español, antes de que ocurriera en sus lenguas originales, por lo que hoy subsiste 17.8 por ciento de personas analfabetas indígenas, muchas de ellas mujeres—,14 y particularmente —quizá—, falta de comprensión,15 la cual termina llevando a una lamentable discriminación y marginación.

 

 


 

 

1 Sin pasar inadvertida la breve colonia vikinga asentada en el noroeste de la actual Canadá a finales del siglo IX y principios del X. H. Pringle, “Hints of Frequent Pre-Columbian Contacts”, Science, 5 de mayo de 2000, vol. 288, issue 5467, pp. 783-785.

2 Nosotros mismos (los autores) somos indígenas.

3 En América Latina actualmente existen al menos 522 pueblos indígenas —las mediciones son relativas—. Los países que concentran mayor población autóctona, si se considera su diversidad, son Brasil, Colombia, México y Chile. Bolivia, Guatemala y Belice tienen por su parte las poblaciones indígenas más nutridas, aunque con predominio de un número cerrado de etnias. Juan Chackiel y Alexia Peyser, “La población indígena en los censos de América Latina”, Notas de Población. Revista Latinoamericana de Demografía, CELADE, junio de 1994, p. 101; Teresa Rojas Rabiela y John V. Murra, Historia general de América Latina, vol. 1, Las sociedades originarias, Trotta/UNESCO, p. 660.

De los mil millones de personas que habitan América un promedio de 5 por ciento son indígenas. En el caso de América Latina, según las mediciones de la CEPAL, en 2010 había 538,153,481 personas pobladoras, de las cuales 4,479,1456 eran indígenas. El 8.3 por ciento del total poblacional del continente. Referido en UN/CEPAL: Fabiana Del Popolo y Dirk Jaspers (coords.), Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, CEPAL, 2014, pp. 42-43.

4 Se trata de aguacatecos, amuzgos, cahítas, cakchiqueles, chatinos, chiapaneco, chicomuceltecos, chichimecas, chinantecos, chocholtecas, choles, chontales de Oaxaca, chontales de Tabasco, chujes, cochimies, coras, cucapas, cuicatecos, guarijios, huastecos, huaves, huicholes, ixcatecos, ixiles, jacaltecos, kanjobal, kekchi, kikapúes, kiliwas, kumiais, lacandones, mames, matlatzincas, mayas, mayos, mazahuas, mazatecos, mecos, mexicaneros, mexicaneros, mixes, mixtecos, motozintlecos, nahuas de Guerrero, nahuas de la huasteca veracruzana, nahuas de Milpa Alta, nahuas de Morelos, nahuas de la Sierra Norte de Puebla, ocuiltecos, ópatas, otomíes, paipais, pames, papagos, pimas, popolocas, popolucas, pimas, purépechas, quiches, seris, soltecos, tarahumaras, tecos, tepehuas, tepehuanes del norte, tepehuanes del sur, tlapanecos, tojolabales, totonacas, triquis, tzeltales, tzotziles, yaquis, yunas, zapotecos del istmo de tehuantepec, zapotecos de la sierra norte de oaxaca, zapotecos de valles centrales y zoques.

5 En esta diversidad hablaremos de tantos derechos como etnias/naciones vivieron/viven en este continente. Especialmente al considerar que, aun cuando un pueblo dominaba a otro, no había un derecho común a los pueblos, sino que cada uno conservaba sus normas jurídicas (reglas de conducta obligatorias) a manera de privilegios, máxime que a algunos de ellos no se les aplicaría otro derecho que el suyo por razón de su origen étnico.

6 Hay un problema con la traducción. Por ejemplo, un observador de la lengua diidxazá (zapoteco) podría ver que el equivalente a la frase “Hoy es el día de la lengua materna”, es decir su traducción recíproca, sería algo así como: “Pa Diuxi guidubinaca’ guidxi layú’ yannadxi cusi sacanu diidxa ni gulene nu la guiní’ ni ne laucheche’ ni”, esto es: “Hola a todo el mundo, hoy estamos haciendo valer la palabra con la que todos nacemos. Hablémosla”. Lo cual dice en su literalidad cosas diferentes. Taller de diidxazá coordinado por el doctor Fernando Nava en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, México, 2019.

7 ¿Será posible pensar que se reconoce a la conquista —y pacificación/evangelización— emprendida por los españoles como una experiencia traumática, o inevitable, o cualquier otra cosa?

8 En este contexto se debe reconocer la facultad de las autoridades indígenas para administrar justicia a través de sus sistemas normativos.

9 Hasta 25 millones de mexicanos estarían comprendidos en este concepto. Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

10 Además de la Norma Fundamental, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En materia de legislación federal: Ley de Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Desarrollo Social, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Salud, Ley Agraria, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Desarrollo Forestal y Sustentable, Ley Minera, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General de Educación y Ley Federal de Derechos de Autor. Acceso a la justicia en materia civil: Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Prevención de la discriminación: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas —ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas—, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria y la legislación emitida por la anterior Procuraduría General de la República —ahora Fiscalía General de la República— así como por las entidades federativas en esta materia.

11 Sobre estos temas, véase una fuente de consulta en Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, CEDRS, México, 2010.

12 La cual incluso alcanzó la reflexión académica extranjera de la problemática de lo indígena. Por ejemplo, Lorenzo Milazzo, La decolonizzazione incompiuta: diritti indigeni, autonomia e diritti individuali: il caso messicano, Pisa University Press, Pisa, Italia, 2007.

13 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, IEPDS, México, 2018.

14 Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente, INEE, México, 2018.

15 Debe reconocerse que en el tema del Derecho electoral indígena se ha avanzado mucho gracias al impulso de la labor de interpretación e integración jurídica que ha realizado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la academia —desde sus reflexiones—. Véase, por ejemplo, Raúl Fornet Betancourt (ed.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996, pp. 7-13; Kwasi Wiredu “Democracy and Consensus in African Traditional Politics. A Plea for a Non-party Polity”, Polylog. Foro para Filosofía Intercultural 2, 2000; Luis Villoro, “Sobre democracia consensual. En torno a ideas de Kwasi Wiredu”, Polylog. Foro para Filosofía Intercultural 2, 2000; Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani, El Derecho electoral indígena en Oaxaca: la comunalidad viva y la resistencia, Tirant lo Blanch, México (en prensa, 2019); Boaventura de Sousa, Democracia y participación: el ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre, Abya-Yala, Quito, 2004.

  

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