Ya es hora de que los secretarios de la Defensa y la Marina sean civiles

Ya es hora de que los secretarios de la Defensa y la Marina sean civiles

 

Los sucesos por todos conocidos, que ponen en tela de juicio la actuación de un antiguo general que fuera secretario de la Defensa Nacional, han provocado que, entre otros debates enconados, se plantee la conveniencia de que ese alto cargo del gobierno federal sea concedido no a un militar sino a un civil, como ocurre en la mayoría de los países del mundo occidental. En México ésta no es una polémica reciente; en realidad, ya desde hace años se ha propuesto e insistido en la conveniencia y urgencia de que civiles estén a cargo de las secretarías que tienen funciones militares. Como ejemplo de lo anterior, en esta ocasión transcribimos el texto que, en su momento, diera a conocer el abogado experto en asuntos de Derecho militar, José Manuel Villalpando, en su obra "Introducción al Derecho militar mexicano" (Miguel Ángel Porrúa, 1991, pp. 62-64), y que fuera nuevamente incluido en otra obra suya titulada "Las Fuerzas Armadas y la ley" (Escuela Libre de Derecho, 2002, pp. 98-102). A continuación se reproduce dicho texto, con autorización de su autor.


El nombramiento de un general de División para desempeñar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, o de un almirante, para el de secretario de Marina, obliga a una serie de razonamientos y discusiones relativos a la situación jurídico-política en que dichos nombramientos colocan a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Si se acepta que los secretarios de Estado adquieren, por ese sólo hecho, una posición eminentemente política, debe concluirse que los titulares de las secretarías encargadas de los asuntos militares también asumen ese papel, lo deseen o no, puesto que va implícito en el alto puesto federal para el que han sido designados. El problema radica en que las Fuerzas Armadas tienen como norma fundamental la institucionalidad, que se traduce en la “lealtad al gobierno legalmente constituido”, pero esta lealtad, que es en realidad a la Constitución y no a los hombres que integran al gobierno, no puede implicar la participación de las Fuerzas Armadas en el devenir político de la nación, del que deben ser celosas protectoras y no actoras del mismo. La participación de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en los actos de gobierno plantea serias dificultades en cuanto a su constitucionalidad y, por supuesto, en cuanto a su fundamento ético, porque no debe olvidarse que ambos funcionarios ostentan, además del cargo administrativo conferido por el presidente de la República, el no menos importante de ser el alto mando de las Fuerzas Armadas, otorgado por la legislación vigente. Es decir, tienen una doble responsabilidad pública, inseparable por estar depositada en una misma persona, y que puede acarrear graves dificultades a los institutos armados o, al menos, contribuir a su desprestigio.

El presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. Para hacerlo toma en cuenta la afinidad en ideología, la coincidencia de objetivos y la pertenencia al grupo o equipo político del que forma parte. El presidente de la República —y sus más inmediatos colaboradores— tiene una actitud política muy clara, orientada por sus principios y plataformas de campaña que convencieron al pueblo para elegirlo y conferirle el Poder Ejecutivo federal. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, por lo tanto, asumirán la ideología y los puntos de vista acordes a los que fije el presidente en turno, arrastrando tras de sí a las Fuerzas Armadas, de las que son alto mando, las que pierden, por lo tanto, la institucionalidad a la que están obligadas. Quizá, como medida precautoria, la ley dispone el nombramiento obligado de un general de División para secretario de la Defensa Nacional; sin embargo, al ocupar éste el despacho correspondiente, será inmediatamente responsable, política y administrativamente, de sus actos, de los que no pueden diferenciarse los ejecutados como secretario de los que realice como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Igual sucede con el secretario de Marina, que es a su vez alto mando de la Armada.

La frontera que debe existir para las Fuerzas Armadas entre su misión de salvaguardar la soberanía y el orden constitucional y la dudosa participación, muy activa, como agentes de un gobierno politizado, es muy difícil de precisar, más aún si su alto mando desempeña un doble papel. Sin embargo, un ejemplo puede ser lo bastante ilustrativo para evidenciar esta situación comprometedora. La Constitución ordena que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a quien el asunto corresponda, disposición que convierte en corresponsables, políticamente hablando, a los secretarios de Estado de los actos del presidente de la República. La tradición legislativa mexicana hace que aquellas normas de carácter general, importantes para la nación, o bien aquellas otras que es necesario publicitar y darles relevancia, son refrendadas por la totalidad del gabinete presidencial, mismo que incluye, por supuesto, a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. No puede pasar inadvertido que, muchas veces, estos ordenamientos jurídicos responden a consideraciones políticas momentáneas, cuando no caprichosas, y son posteriormente derogados o abrogados, al aparecer con el tiempo razones suficientes que inducen al gobierno a cambiar su política. Pero en este ir y venir de la legislación, las Fuerzas Armadas también se ven inmiscuidas, como en el caso de la nacionalización de la banca, cuyos instrumentos legales fueron refrendados por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, suscripción que compromete a las Fuerzas Armadas, puesto que equivale a avalar y aceptar incondicionalmente una postura política, lo que no les corresponde, situación agravada por la posterior modificación en el sentido de dar marcha atrás y volver al régimen privado de la prestación del servicio público de banca y crédito. En ambos casos, las Fuerzas Armadas participan en calidad de sujetos activos por el simple hecho de la firma de su alto mando. No importa aquí lo acertado o lo erróneo de esos textos, sino destacar que las Fuerzas Armadas asumieron el papel de agentes del gobierno y fueron, por ello, víctimas de políticas contradictorias. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas no puede estar sujeta a las variaciones de las ideologías económicas imperantes.

Desde un punto de vista estrictamente personal, lo correcto sería hacer una diferenciación clara entre los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, funcionarios con responsabilidades políticas y administrativas, y el alto mando de las Fuerzas Armadas, encomendados a miembros de ellas de alta graduación, que cumplirían con una función exclusivamente técnica: la militar. Esto supone que los secretarios mencionados deben ser parte del equipo de gobierno del presidente de la República, de procedencia civil, y dedicados a las tareas propias de las cuestiones políticas y administrativas, como ocurre en todos los países democráticos y con un ordenamiento constitucional. El alto mando debe estar compuesto por generales de División o almirantes, designados por el mando supremo, que se concretarán a ejercer funciones absolutamente técnicas, militares o navales, es decir, a organizar, preparar y operar a las Fuerzas Armadas. Esto garantizaría la institucionalidad, puesto que el alto mando sería necesariamente asignado a un militar, nombrado de entre aquellos que escalafonariamente puedan serlo, y el cual, al estar exento de participar en decisiones políticas, acataría únicamente las órdenes que reciba del mando supremo, directamente o a través del órgano político respectivo, es decir, de un civil que funja como secretario del ramo, quienes asumirían las responsabilidades que correspondan. Si, como dice el adagio, “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”, los políticos deben asumir la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas y los militares la de cumplir con eficacia su misión definitiva, la de salvaguardar la soberanía nacional, misma que, en el sistema jurídico mexicano, radica en la Constitución.

 

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