Juan Silva Meza: de la legalidad a la constitucionalidad

Juan Silva Meza: de la legalidad a la constitucionalidad

 

Cuando Vicente Aguinaco me invitó a ser director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me propuse establecer una relación cordial con los otros 10 ministros que integraban el pleno. Conseguí hacerlo con casi todos. Casi, porque uno de ellos siempre me miró con recelo: Juan Silva Meza.

El antiguo juez penal, magistrado de circuito en Oaxaca y magistrado electoral que había llegado a la Corte en la ola de candidatos a ministro que el presidente Ernesto Zedillo propuso al Senado en 1994, tenía fama de ser un hombre hosco. Estaba convencido, además, de que un juzgador sólo debía expresarse a través de sus sentencias. En su lógica, una Dirección General de Comunicación Social no tenía razón de ser dentro del Máximo Tribunal.

Así, cuantos proyectos presenté para promover a la Suprema Corte —cuadernos con caricaturas, carteles, folletos de divulgación, anuncios de radio— los objetó implacable. “Se aprueba por mayoría”, solían decir las actas que se levantaban al efecto. Cuando escribí el perfil de Vicente Aguinaco, que se publicó en el número cero de la revista El Mundo del Abogado, me envió una carta airadísima, preguntando cuánto había costado aquel reportaje. Marcó copia al resto de los ministros. “Ni un peso”, respondí haciendo lo mismo.

Luego, cuando edité un cartel donde aparecía la fotografía con los 11 ministros, él exigió que se retirara su imagen. Ante la imposibilidad de hacerlo —“podría difuminar su rostro”, bromeó Mariano Azuela—, guardé el cartel hasta que sus colegas lo convencieron de que se promocionara dicho material.

A pesar de mis desencuentros con él, admiré su congruencia y la franqueza con la que defendía sus posturas. Decía lo que pensaba sin que le importara enemistarse con quien tuviera que hacerlo. Y, a diferencia de otros de sus pares, lo hacía de frente. Yo tenía la impresión —que finalmente resultó fundada— de que él apreciaba esa misma cualidad en mí.

Cuando fui designado director del Instituto Nacional de Ciencias Penales y acudí a despedirme de cada uno de los ministros, Silva Meza me dijo que, al paso del tiempo, se había percatado de que, en un país como el nuestro, era necesario que la Suprema Corte no se limitara a emitir sus resoluciones: debía difundirlas. A partir de ese día, me consideré su amigo.

En conversaciones posteriores, fuera del Máximo Tribunal, solíamos comentar algunas decisiones judiciales y, cuando la conversación pasaba a terrenos menos públicos, llegó a referirme episodios de su juventud. Por ejemplo, que entró a la preparatoria a los 14 años y quedó deslumbrado por el rock and roll —“Soy de la generación de Vaselina”, decía casi a manera de disculpa— y por el futbol americano. Estas dos aficiones le hicieron perder un año de estudios y, cuando debía estar en la Preparatoria 4, pasó un año en la 6, donde tomó clases de italiano… sin estar inscrito en el curso.

Entre 1963 y 1964 se produjo una sacudida en su vida. De repente, ya había terminado la preparatoria —“la mayoría de los exámenes los pasé por vía extraordinaria”— y estaba inscrito en la Facultad de Derecho. Después de todo, provenía de una familia de abogados. Su abuelo había sido, incluso, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán. Poco después, ya fungía como pasante en el Registro Civil de la Ciudad de México.

Las expectativas familiares pesaron para que llegara a convertirse en juez y magistrado. Su padre disfrutaba que él le refiriera los aspectos de un caso o la forma en que había fallado en otro. Solía fantasear diciendo a su hijo: “Si yo tuviera un carro balizado, no me gustaría que éste llevara el emblema del Poder Legislativo o de la Presidencia de la República, pero sí el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Juan Silva Meza lamenta que su padre no hubiera vivido para enterarse de que su hijo había llegado a ser integrante de esa Suprema Corte a la que a él tanto le habría gustado pertenecer.

Como ministro, lo que más trabajo le costó fue transitar de ser revisor de la legalidad a serlo de la constitucionalidad. Sus primeros meses en la Corte, reconoce, fueron angustiosos. Temía no estar a la altura del desafío. Le preocupaba seguir siendo “un magistrado grandote” y no un ministro. “Y es que, para un juez o un magistrado, 2 más 2 son 4, pero un ministro debe tener el criterio para saber que, eventualmente, pueden ser 5”.

El apremio por ser un auténtico juez constitucional marcó su gestión. Hoy día, no tiene empacho en denunciar a algunos de los integrantes del pleno que no se atreven a serlo; a dar el salto: “Siguen aferrados a la ley, al código, cuando la esfera en la que se mueven es otra… Siguen siendo magistrados y hasta se asustan cuando los convoca el Consejero Jurídico del Presidente de la República. No están conscientes del lugar institucional que tienen ni qué espera de ellos la sociedad”.

Esta convicción no le impidió inmiscuirse en los asuntos administrativos de la Corte. Envió carta tras carta a sus pares, exhortándolos a que transparentaran la compra de un inmueble, la contratación de ciertos servicios o cualquier decisión que él consideraba delicada. Por añadidura, lo hacía con brusquedad. “Es una piedra en el zapato”, me llegó a decir de él uno de sus colegas.

En su defensa habría que decir que sus fallos supusieron la continuidad de su criterio. Pensemos, por ejemplo, en su visión del uso de la fuerza y en la naturaleza de sus votos. Cuando la Corte debía emprender una investigación, él fue el primero en pedir que ésta se realizara bajo los más estrictos protocolos.

Votó a favor de la liberación de personas sentenciadas, como las indígenas otomíes Alberta y Teresa; de los líderes de San Salvador Atenco y de los 45 indígenas acusados por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, convencido de que la jurisprudencia era el motor fundamental para la buena marcha de las nuevas reglas.

Salvaguardó la libertad de expresión en el caso del “poeta maldito”, aquel que se mofó de la bandera nacional en sus versos, sosteniendo que defender el derecho a la palabra es —a veces— más importante que la corrección del contenido. En sus votos desarrolló el principio de presunción de inocencia como eje del sistema penal. Rechazó el arraigo y promovió el interés legítimo, aun cuando éste no se había definido como directriz en la Constitución.

“Es muy cerrado”, llegaron a murmurar sus malquerientes: “Una vez que adopta una postura, es imposible que cambie de opinión”. “Soy un hombre de convicciones”, se limitaba a decir él. Y así lo demostró al votar contra el anatocismo y por la imprescriptibilidad del genocidio. “Supo defender a la minoría, conquistando a la mayoría durante su trayectoria”, dijo el entonces presidente de la mesa directiva del Senado de la República.

Propuso, asimismo, responsabilizar al ex presidente Luis Echeverría y a otros por “El halconazo”, sugiriendo que se creara una comisión para conocer la verdad. Presidió la investigación de Puebla —el caso de Lydia Cacho—, demostrando que sí había habido violación grave de garantías individuales, en perjuicio de la periodista, por parte de las autoridades de alto nivel en aquella entidad federativa.

Se manifestó a favor del aborto y de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Durante las investigaciones por el caso de la Guardería ABC de Sonora, donde murieron 49 menores, apoyó la propuesta de fincar responsabilidades a servidores públicos.

Su tozudez le acarreó más de un disgusto. Si a esto se añade su desinterés por responder su correspondencia o su falta de tacto a la hora de hacer guardar antesala hasta a ministros y ex ministros, es fácil entender que su imagen resultara la de un hombre distante. “Áspero”, decían quienes padecían su actitud, aunque él nunca faltó al respeto a nadie.

Consideraba que había que guardar una sana distancia con quienes acudían a plantearle asuntos —lo mismo el procurador general de la República, un abogado litigante o algún gobernador despistado— y se mostraba renuente al tuteo. Todo “para no generar compromisos a la hora de juzgar”. Pese a todo esto, sus compañeros decidieron apoyarlo, en 2006, para que se convirtiera en presidente de la Corte.

Cuando se aproximaba la elección, sin embargo, anticipó que investigaría a algunos magistrados que se hallaban protegidos por uno de sus colegas, quien movió cielo, mar y tierra para cerrarle el paso. Así, Juan Silva Meza tuvo que esperar hasta 2010 para encabezar el Máximo Tribunal.

Apenas tomó posesión del cargo, anunció un periodo de austeridad y una reestructuración administrativa que llevó a cabo. Devolvió la camioneta blindada que se le había asignado, aunque se convenció, en aras de su seguridad personal, de que debía desplazarse, al menos, en un automóvil compacto. Aunque blindado, era menos ostentoso. Hasta donde pudo, mantuvo lejos de él a los guardaespaldas y se esmeró en mantener un bajo perfil.

Unos días después de haber tomado posesión, su secretario particular le informó que le habían llamado de Los Pinos. Lo citaban a una reunión de trabajo con el presidente de la República. Era la oportunidad que había estado esperando para mostrar que jueces, magistrados y ministros debían ser independientes. Mandó decir que él no iba a reuniones de trabajo a Los Pinos pero que, con gusto, se reuniría con el presidente de la República para intercambiar puntos de vista sobre temas comunes… en Palacio Nacional.

El presidente Felipe Calderón agarró el toro por los cuernos. Le llamó, personalmente, para proyectar esa reunión: “Fue un error de comunicación entre nuestros secretarios”, se disculpó. Más adelante, Silva Meza tuvo que intervenir “cuando me enteré de que la Procuradora General de la República telefoneaba a los jueces para regañarlos”. Esto ameritó una enérgica intervención ante el propio presidente Calderón, quien puso el remedio.

Dos años después ocurrió algo similar: el presidente electo, Enrique Peña, lo invitó a su casa de campaña. “Con gusto asistiré a los actos republicanos donde deban hacerse sentir los tres poderes de la Unión”, le respondió Silva Meza, “pero no pienso acudir a ningún otro”. Silva lo invitó en cambio, a comer con él en su oficina. El presidente electo asistió. Como para apuntalar su dicho, a partir de ese día anunció que tampoco recibiría al Consejero Jurídico del Ejecutivo federal.

Su relación con ambos presidentes fue “respetuosa, amable y con distancia constitucional”. Lo mismo ocurría con los legisladores: “Una cordial relación democrática, sin asomo de intromisión”. Sus momentos más difíciles no fueron los de carácter judicial, que ocuparon las primeras páginas de los periódicos, sino los que ponían en riesgo la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Su reto fue, invariablemente, que los jueces no perdieran su sitio. Esto —lo sabía— tenía que ver un poco con el trabajo del presidente de la Corte y un mucho con la integridad y la valentía de cada juez.

Fueron esta tensión y la influencia de su hijo Fernando las que llevaron al ministro a interesarse cada día más por la defensa de los derechos humanos. Lo que empezó con un libro que escribieron ambos en coautoría, acabó en Nueva York cuando, en nombre de la Suprema Corte, recibió el Premio Internacional de los Derechos Humanos, que concedió la ONU a la Suprema Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también le otorgó un reconocimiento por “su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Estas distinciones tuvieron menor atención de la que merecían. Lo que, en cambio, acaparó planas enteras de los periódicos y enorme espacio en las redes fue el día de la sucesión: tras 30 rondas de votos, se eligió al nuevo presidente de la Corte.

Éste fue el caso en que más claramente pudo advertirse la ética de la responsabilidad con la que actuó Silva Meza: su manera de sumar 2 más 2. Aunque estaba convencido de que Zaldívar debía sucederlo en el cargo, dada la visión liberal del queretano, y así lo expresó en sus votos, al ver que el proceso se había trabado y que no podía darse el lujo de dejar a la Corte sin presidente, cambió su voto a favor de Luis María Aguilar. La sucesión quedó dirimida. “El mal menor”, resolvió.

Todavía es temprano para evaluar el legado de Juan Silva Meza como presidente de nuestro Máximo Tribunal. De lo que no tengo duda es de que, como ministro, fue paradigmático. Encarnó muchos de los valores que deben distinguir a un juez constitucional y, mezclando convicción con audacia, se convirtió en modelo de las nuevas generaciones de jueces y magistrados. Muchos de ellos han llegado a confesar que, ante decisiones difíciles, suelen preguntarse: “¿Qué habría hecho Juan Silva Meza en mi lugar?” Convertirse en referencia vale más que cualquier cargo eventual, por más conspicuo que éste sea. Por lo menos, en un Estado Democrático de Derecho.

 


 

* Twitter: @GLaveaga.

 

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