Alcances e implicaciones de la reforma laboral

Alcances e implicaciones de la reforma laboral

 

La Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), en colaboración con la Escuela Libre de Derecho (ELD), organizó el pasado 23 de mayo un foro en el que diversos especialistas analizaron los alcances e implicaciones de la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Emilio Portes Gil y fue moderado por Álvaro Altamirano, vocal de la junta directiva de la ELD, y Carlos Ferrán Martínez, coordinador de comisiones del INCAM, quienes hicieron importantes acotaciones sobre la reforma aprobada el 1° de mayo.

En un ejercicio de Derecho comparado, Álvaro Altamirano contextualizó las implicaciones de la reforma en el marco de la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, subrayó la necesidad de dignificar la justicia laboral.

Por su parte, Carlos Ferrán centró su análisis en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales. Expresó sus inquietudes acerca de cómo podrían coexistir las juntas con los tribunales, además de abordar temas presupuestales y de recursos humanos. Asimismo, destacó la importancia de la libre asociación y puso énfasis en los problemas que ha generado la fricción sindical.

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, explicó el proceso de transición y compartió con los asistentes su plan de trabajo, el cual se fundamenta en tres ejes: conciliación, notificación y ejecución.

Aclaró que mientras no cierre la oficialía de partes, en un plazo máximo de tres años, no disminuirá la demanda de trabajo, ya que en promedio resuelve 42,000 asuntos al año. Definió como cuellos de botella los procedimientos de notificaciones y de ejecuciones, por la falta de actuarios. No obstante, consideró que en un periodo de cuatro a cinco años se podrá concluir con cerca de 80 por ciento de los asuntos que están en trámite.

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