Alcances e implicaciones de la reforma laboral

Alcances e implicaciones de la reforma laboral

 

La Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), en colaboración con la Escuela Libre de Derecho (ELD), organizó el pasado 23 de mayo un foro en el que diversos especialistas analizaron los alcances e implicaciones de la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Emilio Portes Gil y fue moderado por Álvaro Altamirano, vocal de la junta directiva de la ELD, y Carlos Ferrán Martínez, coordinador de comisiones del INCAM, quienes hicieron importantes acotaciones sobre la reforma aprobada el 1° de mayo.

En un ejercicio de Derecho comparado, Álvaro Altamirano contextualizó las implicaciones de la reforma en el marco de la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, subrayó la necesidad de dignificar la justicia laboral.

Por su parte, Carlos Ferrán centró su análisis en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales. Expresó sus inquietudes acerca de cómo podrían coexistir las juntas con los tribunales, además de abordar temas presupuestales y de recursos humanos. Asimismo, destacó la importancia de la libre asociación y puso énfasis en los problemas que ha generado la fricción sindical.

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, explicó el proceso de transición y compartió con los asistentes su plan de trabajo, el cual se fundamenta en tres ejes: conciliación, notificación y ejecución.

Aclaró que mientras no cierre la oficialía de partes, en un plazo máximo de tres años, no disminuirá la demanda de trabajo, ya que en promedio resuelve 42,000 asuntos al año. Definió como cuellos de botella los procedimientos de notificaciones y de ejecuciones, por la falta de actuarios. No obstante, consideró que en un periodo de cuatro a cinco años se podrá concluir con cerca de 80 por ciento de los asuntos que están en trámite.

Álvaro Altamirano reconoció que en México habrá tres procedimientos: uno antes de la reforma de 2012, otro posterior a ella y finalmente uno más ante los tribunales.

En ese sentido, el tema presupuestal es uno de los que genera más incertidumbre. Para responder a los cuestionamientos sobre el tema se contó con la asistencia del subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, quien consideró que no habrá conflicto entre los poderes Legislativo y el Judicial, sino un diálogo que también incluirá a las entidades federativas. Manifestó que en un plazo máximo de cuatro años se revisarán todos los contratos colectivos existentes, por lo que ya están trabajando en la elaboración de protocolos para verificar cada uno de los procedimientos. Precisó que los sindicatos tienen un plazo de ocho meses para adecuar sus estatutos a las nuevas reglas de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Edna Lorena Hernández Granados, magistrada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, fijó un severo posicionamiento con respecto a no focalizar la reforma en el sindicalismo de las décadas 1950 y 1960. Reafirmó que el sentido de la ley debe ser en beneficio de los trabajadores y para que los patrones no tengan que pagar laudos innecesarios. Anunció que el ministro Fernando Franco González Salas estará a la cabeza de la implementación de la reforma.

Al hablar sobre el objetivo y las facultades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Fernando Yllanes Martínez, ex presidente del INCAM, destacó que la gran apuesta de la reforma es la conciliación y que para llevarla a cabo es necesario que los operadores cumplan con el perfil y posean una efectiva capacitación para alcanzar soluciones entre las partes acordes con las circunstancias actuales.

Constató que existe una debilidad estructural en 90 por ciento de las empresas, lo cual dificulta la sindicalización. Aseveró que en el otro 10 por ciento, en el que sí hay una estructura, la contratación colectiva y la sindicalización son efectivas. Recalcó que se trata de un derecho, no de una obligación.

Desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral, subrayó que los más interesados por una mejor justicia son los trabajadores y los patrones, porque la reforma es una demanda ciudadana. Los especialistas también analizaron los artículos transitorios de la reforma y las nuevas reglas que se establecen en la materia.

 

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