Foro Nacional Anticorrupción y Justicia Penal

Foro Nacional Anticorrupción y Justicia Penal

 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, colocó a México en el lugar 138 de 180 países, siendo el peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Atendiendo a esta problemática y con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y buenas prácticas para la construcción de políticas anticorrupción en los sistemas de justicia penal y penitenciario, diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia organizaron el Foro Nacional Anticorrupción y Justicia Penal.

El acto se llevó a cabo los días 1 y 2 de julio, bajo la coordinación de Documenta: Análisis y Acción para la Justicia Social, Tojil: Estrategia contra la Impunidad y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron una serie de conferencias magistrales, paneles y mesas de trabajo.

Durante la ceremonia de inauguración, Vania Pérez, coordinadora de Integridad y Transparencia del PNUD, reflexionó sobre los daños generados por la corrupción, que es una vía que alimenta la desigualdad, afecta a las personas vulnerables y desincentiva la inversión privada. Reiteró el compromiso de Naciones Unidas para contribuir a la reducción de este fenómeno.

El combate a la corrupción es uno de los temas que integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una de cuyas metas específicas plantea la necesidad de reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. El acuerdo global reconoce los retos de cada nación para lograr un óptimo desarrollo en el que se involucren las instituciones públicas, la ciudadanía, el sector privado y la academia.

Destacó que en México no hay un Sistema Local Anticorrupción; no obstante, señaló que las organizaciones de la sociedad civil trabajan constantemente en esquemas para fomentar la inclusión en temas de justicia, de víctimas y de anticorrupción desde una perspectiva ciudadana.

Por su parte, María Sirvent, directora de Documenta, afirmó que la corrupción es uno de los principales obstáculos para lograr el respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos en el seno de los sistemas penitenciarios. Constató que los sistemas de justicia y penitenciario han estado ausentes de las agendas del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales.

“Las medidas de populismo penal tomadas por el actual gobierno en contra de la corrupción, como fue extender el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, nos parecen una salida fácil y totalmente ineficiente, además de que van en contra el debido proceso”, aseguró.

María Sirvent habló de la obligación conjunta de las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción y del sistema penitenciario, para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción en los centros de reclusión.

Desde la perspectiva de Tojil, Adriana Greaves fijó su análisis en las instituciones de procuración de justicia. Afirmó que el Derecho penal tiene que posicionarse como la herramienta básica para sancionar a quienes realicen actos de corrupción y para que se recuperen los activos desviados. Precisó que la reparación del daño en temas de corrupción sólo llevarse a cabo hacer a través del Derecho penal.

En su oportunidad, Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, aseveró que la corrupción aqueja a todas las naciones; sin embargo, afecta más a México por sus altos índices de impunidad. Reiteró que el combate debe ir acompañado de procesos y políticas públicas encaminados a disminuir la impunidad, así como de sistemas de imposición efectiva de sanciones.

Detalló la importancia y los precedentes que se han generado desde el área de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Subrayó la trascendencia de complementar el Derecho penal con el Derecho administrativo sancionador y aclaró que los delitos y el sistema tienden a que las personas no cumplan con penas corporales, sino a que reparen los daños causados.

Finalmente, James Cavallaro, director de la Clínica de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Universidad de Stanford, abordó el estudio de la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos. Durante su conferencia magistral aseguró que todo tipo de corrupción afecta los derechos de las personas.

Durante dos días los expertos reflexionaron sobre los principales patrones de corrupción en el sistema penitenciario y en el de procuración de justicia, sobre la adjudicación de concesiones y contratos y sobre la corrupción como un esquema de redes, así como acerca de las diversas iniciativas ciudadanas.

  

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