Hallazgos 2018: la reforma penal en un punto de quiebre

Hallazgos 2018: la reforma penal en un punto de quiebre

 

El pasado 7 de agosto, el centro de investigación y evaluación de políticas públicas México Evalúa presentó la sexta edición del reporte “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”. Durante la presentación del informe, Edna Jaime, directora del think tank, expresó que a 11 años de la reforma constitucional en materia penal, en un contexto de profunda transformación política, el sistema de justicia se encuentra en un momento clave. “Por un lado está el camino que lleva a la consolidación de la reforma al sistema; por el otro, el camino que lleva a un procso de contrarreforma”, afirmó.

La presentación del reporte contó con la participación de Edna Jaime, directora de México Evalúa; María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural en la UNAM; Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Los panelistas coincidieron en señalar que persisten graves brechas y deficiencias en el sistema de justicia penal e insistieron en la necesidad de apostar por la consolidación del modelo acusatorio. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que su oficina ha advertido al Estado mexicano que es necesario evitar reformas contrarias al sistema acusatorio y criticó la reciente reforma al artículo 19 constitucional, que implicó la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Al referirse a los hallazgos específicos del reporte, María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa, destacó la necesidad de evaluar, regular y transparentar los procesos de toma de decisiones de las autoridades del sistema, que actualmente se caracteriza por un alto grado de arbitrariedad. Señaló que si bien el modelo acusatorio contempla un necesario margen para la toma de decisiones, la ausencia de criterios y lineamientos para llevarla a cabo es altamente problemática y representa una “ruta de la arbitrariedad”. Por ejemplo, durante 2018 se pasó de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100 por ciento) a 81,080 asuntos vinculados (3.9 por ciento) sin criterios ni lineamientos definidos para conocer la forma como las autoridades están decidiendo. Esto ha derivado en un alto porcentaje de impunidad. E 2018, el índice de impunidad estatal, es decir, la proporción de casos que son conocidos pero no son resueltos satisfactoriamente, fue de 96.1 por ciento. Por su parte, el índice de impunidad federal, fue de 94.6 por ciento.

 

Portafolio Hallazgos Gráfica 1

Fuente: “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.

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