Hallazgos 2018: la reforma penal en un punto de quiebre

Hallazgos 2018: la reforma penal en un punto de quiebre

 

El pasado 7 de agosto, el centro de investigación y evaluación de políticas públicas México Evalúa presentó la sexta edición del reporte “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”. Durante la presentación del informe, Edna Jaime, directora del think tank, expresó que a 11 años de la reforma constitucional en materia penal, en un contexto de profunda transformación política, el sistema de justicia se encuentra en un momento clave. “Por un lado está el camino que lleva a la consolidación de la reforma al sistema; por el otro, el camino que lleva a un procso de contrarreforma”, afirmó.

La presentación del reporte contó con la participación de Edna Jaime, directora de México Evalúa; María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural en la UNAM; Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Los panelistas coincidieron en señalar que persisten graves brechas y deficiencias en el sistema de justicia penal e insistieron en la necesidad de apostar por la consolidación del modelo acusatorio. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que su oficina ha advertido al Estado mexicano que es necesario evitar reformas contrarias al sistema acusatorio y criticó la reciente reforma al artículo 19 constitucional, que implicó la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Al referirse a los hallazgos específicos del reporte, María Novoa, coordinadora del Programa Justicia de México Evalúa, destacó la necesidad de evaluar, regular y transparentar los procesos de toma de decisiones de las autoridades del sistema, que actualmente se caracteriza por un alto grado de arbitrariedad. Señaló que si bien el modelo acusatorio contempla un necesario margen para la toma de decisiones, la ausencia de criterios y lineamientos para llevarla a cabo es altamente problemática y representa una “ruta de la arbitrariedad”. Por ejemplo, durante 2018 se pasó de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100 por ciento) a 81,080 asuntos vinculados (3.9 por ciento) sin criterios ni lineamientos definidos para conocer la forma como las autoridades están decidiendo. Esto ha derivado en un alto porcentaje de impunidad. E 2018, el índice de impunidad estatal, es decir, la proporción de casos que son conocidos pero no son resueltos satisfactoriamente, fue de 96.1 por ciento. Por su parte, el índice de impunidad federal, fue de 94.6 por ciento.

 

Portafolio Hallazgos Gráfica 1

Fuente: “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.

 

Durante la presentación, la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa advirtió que existen señales claras de retroceso que permiten suponer que nos encontramos en la víspera de un proceso de contrarreforma. De acuerdo con Novoa, paralelamente a la construcción de un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad, se han aprobado reformas como la del artículo 19 que son incompatibles con el sistema de justicia acusatorio. Asimismo, señaló que se prevé la discusión parlamentaria de nuevas iniciativas de reforma este mismo año y que existe preocupación por que estas propuestas sean contrarias al modelo acusatorio. Novoa alertó sobre la probabilidad de que se aprueben reformas legislativas que profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema.

Ante la alta probabilidad de una contrarreforma, el reporte Hallazgos 2018 propone consolidar las capacidades de las instituciones del sistema por medio de la articulación de seguridad y justicia, el desarrollo de políticas de priorización transparentes y técnicas, y la profesionalización de operadores, entre otras recomendaciones. Al respecto, en 2018 se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, pues ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguido de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León. Por otro lado, los estados peor evaluados en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo. 

 

Portafolio Hallazgos Gráfica 2 

Fuente: “Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.

 

A pesar de los resultados descritos, también se mencionaron algunas señales positivas. Edna Jaime se refirió al avance en las capacidades de investigación criminal en aquellas entidades que han apostado por la coordinación y comunicación interinstitucional para mejorar sus resultados, como Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, entidades de las que se documentan casos concretos en el reporte. Asimisimo, se señaló como otra buena noticia la reciente creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la cual de nuevo podría colocar el tema de la reforma penal en la agenda pública, así como coordinar los esfuerzos que hoy están dispersos.

Para concluir, María Novoa, responsable del reporte, hizo un llamado para darle una oportunidad al sistema acusatorio. “Estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, sentenció.

El reporte completo se puede consultar en www.mexicoevalua.org.

 

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