Acciones colectivas para accionistas minoritarios

Acciones colectivas para accionistas minoritarios

 

El autor analiza las implicaciones que, en materia de acciones colectivas, tiene la reciente iniciativa de reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley del Mercado de Valores.

 

  

En la Gaceta del Senado del 19 de marzo de 2019 aparece publicada una iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila que reforma el marco jurídico procesal en materia de acciones colectivas, las cuales fueron incorporadas en 2010 en el artículo 17 constitucional y, después, desarrolladas en virtud de la labor legislativa en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en un conjunto de leyes federales, como las de competencia económica, protección al consumidor, servicios financieros y medio ambiente.

La tutela colectiva jurisdiccional de derechos individuales que se reconoció a los consumidores, en general, y a los usuarios de servicios financieros, en particular, así como por daños derivados de prácticas monopólicas, declaradas de ese modo por el órgano constitucional autónomo Cofece, o por daños al medio ambiente, encontraría con esta reforma propuesta una ampliación, para incluir la tutela a los accionistas minoritarios en las sociedades bursátiles.

Así, la omisión de llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) de carácter forzoso, o cuando se adquiera la titularidad de las “acciones de control” (30 por ciento o más de las acciones ordinarias) de una emisora (sociedad anónima inscrita en el Registro Nacional de Valores) habilitaría a los accionistas minoritarios (la iniciativa no señala un mínimo de acciones como requisito de la legitimación) para demandar en grupo a quien haya llevado a cabo la adquisición de las acciones de control de manera ilícita, contraviniendo la Ley del Mercado de Valores (lineamientos del artículo 98), con la finalidad de que reciban el mismo trato que los accionistas de control, mediante la entrega a los minoritarios de la contraprestación (incluyendo el premio, en su caso) que se les dio a los accionistas de control.

Sin duda, como instrumento procesal, la acción colectiva no sólo es deseable sino urgente. Debe, además, ampliarse a otras materias (que misteriosamente fueron eliminadas en el proceso legislativo en 2011) donde hay intereses colectivos y difusos como los servicios públicos, para hacer que las políticas públicas y su instrumentación sean más igualitarias y disminuya la pobreza (al aumentar la calidad de los servicios).

Sin embargo, lamentablemente la práctica en los tribunales federales muestra que los ingentes esfuerzos de los abogados de las colectividades afectadas no han hecho funcionar efectivamente el acceso colectivo a la justicia. La causa primaria de lo anterior es el defectuoso producto legislativo que, me parece, fue intencionalmente diseñado para no funcionar. La eliminación del opt-out desincentiva el ejercicio de la acción, infrarrepresenta al grupo y, lo peor, infraindemniza. El que daña se sale con la suya. Esto rompe la regularidad constitucional y hace palidecer al Estado de Derecho.

Si trasladamos las deficiencias que se han presentado a la acción colectiva bursátil pueden ponerse en riesgo, si todo lo demás sigue constante, los valores que la iniciativa del senador Monreal busca proteger. De entrada, los juzgados federales competentes no cuentan con elementos técnicos en las materias sustantivas objeto de las acciones colectivas y, por otro lado, no han podido despojarse de las formas individualistas del Derecho procesal.

Por lo anterior, la iniciativa que comento, si bien es meritoria, con carácter preliminar y con la agudeza que lo caracteriza, exige revisar la experiencia nacional, que abogados como David Álvarez Bernal (Mazatlán) han ido produciendo incluso hasta llegar a decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a las opiniones de académicos como José Roldán Xopa (CIDE) o el juez internacional Eduardo Ferrer, que junto con el suscrito y otros juristas participaron pro bono en la redacción de la reforma constitucional de 2010.

A botepronto, tomen nota de lo siguientes cambios mínimos indispensables: a) la competencia territorial le corresponde al juez del domicilio del demandado o al juez en cuyo domicilio se encuentre la clase o el mayor número de quienes la integran, a elección del representante de la clase; b) sólo los jueces de distrito mixtos o especializados en materia civil son los competentes para conocer de las acciones colectivas; c) la notificación a la colectividad se debe hacer por los medios más idóneos y los edictos deben ser el último medio a considerar; d) cuando la demanda la promueva una asociación civil con registro ante el Consejo de la Judicatura Federal, no requiere proporcionar el nombre de al menos 30 integrantes del grupo ni contar con su autorización para promover la demanda, y e) que las autoridades reguladoras de las materias en que procede una acción colectiva tienen el deber de rendir opiniones, dictámenes técnicos y periciales, y de recabar y proporcionar toda la información que tenga relevancia para decidir el asunto.

Hay muchos otros aspectos que se pueden corregir para favorecer que el acceso a la justicia colectiva no sea un mito y evitar que estas, eventualmente nuevas, acciones colectivas para proteger a accionistas minoritarios, sean una losa pesada para favorecer la expansión ordenada de la economía.

 

 


 

 

* Licenciado en Derecho por el ITAM, doctor en Derecho por la UNAM, experto en protección al consumidor y en acciones colectivas. Fue coautor de la reforma constitucional de acciones colectivas de 2010. Es notario público en Sinaloa.

1 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91464.

 

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