Cómo tipificar la desaparición forzada de personas

Cómo tipificar la desaparición forzada de personas
Acreditar el delito de desaparición forzada de personas es uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar un fiscal, no sólo por la complejidad de los elementos que lo configuran, sino también por las múltiples interpretaciones que se han desarrollado a escala internacional en esta materia. El autor analiza el tema a propósito de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.**

En México existen varias modalidades de tipificación del delito de desaparición forzada de personas, destacando para los efectos de la situación actual en México la ley que se expidió en el estado de Guerrero y el Código Penal Federal. No obstante, la doctrina —y de la mano de ésta los organismos internacionales de derechos humanos— ha generado una serie de líneas directrices que constituyen una guía estupenda para fiscales, abogados y jueces. De entrada, saltan a la vista varias divergencias entre las dos legislaciones señaladas.1 Así, el Código Penal Federal establece lo siguiente: “Artículo 215 A. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Por otro lado, la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero2 contempla el tipo penal de la siguiente forma: “Artículo 3. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.

”Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas aquellas que, aun cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos”.3

Observaciones en torno al tipo objetivo de desaparición forzada de personas

a) Un delito de dos actos

Como puede apreciarse de ambas redacciones —en armonía con Ambos/Böhm—, la desaparición forzada “requiere de dos actos: la privación de la libertad (que puede ser legal ab initio, a diferencia del secuestro) y la negativa de reconocer dicha privación o de dar noticia al respecto (elemento que no está presente en modo alguno en el secuestro, ya que la obligación de informar sobre el secuestro implicaría una flagrante violación al derecho de no autoincriminarse)”.4 De lo anterior se desprende claramente que si falta cualquiera de las dos dimensiones señaladas no se integraría el tipo de desaparición forzada, por lo que la fiscalía tendría que ajustarse, en el mejor de los casos, a la aplicación de alguna de las modalidades típicas contempladas en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro.

En torno de la victimización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y considerando que cada día se generan avances por parte de la Procuraduría General de la República,5 todo parece indicar que las dos dimensiones (momentos) a las que se ha hecho mención aquí, sí se verifican en el caso que nos ocupa. Así, presuntamente, después de recibir la orden de “proceder” por parte del presidente municipal, los agentes de la policía municipal de Iguala, en coordinación con policías municipales de Cocula —además de disparar y matar a seis personas, tres de éstas estudiantes de Ayotzinapa— habrían privado de la libertad a los 43 normalistas para entregarlos más tarde a miembros del cártel Guerreros Unidos. A partir de ahí, los imputados, es decir, el ex presidente municipal y su esposa, al igual que los miembros de ambas policías, habrían rechazado —expresamente o mediante omisión— la existencia de la privación de la libertad de las víctimas y negado toda información respecto de su paradero.

Lo anterior se traduce, en otras palabras, en que los imputados habrían propiciado dolosamente el ocultamiento de las víctimas, quienes siguen desaparecidas, mientras que algunos de los actores se dieron a la fuga, impidiendo de esta forma la obtención de información fidedigna sobre la suerte de los normalistas.

b) El bien jurídico protegido

Tal como se desprende de la doctrina más avanzada, el primer reto que surge en esta materia, una vez que se ha comprendido que la verificación de los dos actos antes señalados son indispensables, es el relativo a la determinación del bien jurídico. Como lo han puesto de relevancia Ambos/Böhm, hay una multitud de opiniones al respecto. Así, por ejemplo, puede entenderse que “la desaparición forzada de personas protege ‘múltiples derechos esenciales’, como la vida, la integridad física, la libertad, el derecho a no ser sometido a tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.6 Una opinión que llama la atención en este sentido es la de Galaín Palermo, para quien lo que verdaderamente se afecta en este rubro son “las capacidades, seguridades o circunstancias que son necesarias para el libre ejercicio de la vida social que asegura a su vez el libre ejercicio de los derechos humanos y la protección de éstos”.7

La legislación guerrerense coincide en la mención de la dignidad humana,8 aunque sólo a escala de la exposición de motivos, dando a entender que considera a aquélla como el objeto de protección de la norma. Y pareciera que no falta razón a esta concepción, por lo que no veo obstáculo alguno para acreditar la lesión al bien jurídico en el caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero, pues está claro que, debido a los hechos de que fueron víctimas, se les impidió el ejercicio de recursos legales y cualquier tipo de garantía procesal. Así, parece claro que privar de la libertad a un grupo de estudiantes, después de haber matado a otros más, transportarlos en camionetas oficiales, para más tarde entregarlos a un cártel de la delincuencia organizada —cuyos miembros, según las noticias oficiales, los habrían ejecutado con disparos en la cabeza e incinerado sus cuerpos en un basurero—, sí afecta la dignidad humana de ellos y de sus familiares, quienes, según los instrumentos internacionales y la legislación nacional, también poseen la calidad de víctimas.

Si bien no observo problema para los efectos de acreditar en este caso la lesión al bien jurídico protegido, es decir, la dignidad de las víctimas, creo necesario —sobre todo de cara a la nueva ley general que en esta materia se debate en México— hacer un par de reflexiones al respecto.

Mi parecer es que contemplar a la dignidad humana como objeto jurídico del delito de desaparición forzada de personas es ambiguo: también las víctimas de violación sexual, de lesiones graves o de secuestro ven afectada su dignidad, pero el legislador ha decidido concretar el objeto de protección a escala legislativa, asumiendo la libertad sexual, la integridad personal y la libertad como bienes jurídicos respectivamente.

Algo parecido sucede con la propuesta de Galaín Palermo, en torno a contemplar los “derechos humanos” como bien jurídico. Esto es ir demasiado lejos, pues el bien objeto de protección en verdad es difuso a la vez que poco claro. Sin embargo, por otro lado, contemplar la libertad, la integridad física, el derecho a no ser sometido a tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se queda corto. Esto no significa que no sean derechos esenciales o bienes de la mayor relevancia. Significa, más bien, que el delito de desaparición forzada de personas se traduce en una lesión mucho más grave que la sola libertad o integridad, o el derecho a no ser objeto de tortura o malos tratos.

Si se observa con atención, la víctima de desaparición forzada de personas es cosificada por su victimario; es decir, se le brinda un trato de objeto, de cosa, no de ser humano (de ahí que sea correcto considerar que se afecta su dignidad). Sin embargo, la afectación va más allá, pues durante el proceso de cosificación se le impide ejercer cualquier otro derecho. Y no me refiero sólo al ejercicio de recursos legales o garantías procesales, sino exactamente a eso: a cualquier otro derecho, desde la dignidad y la libertad, hasta el ejercicio del derecho de propiedad. Con esto quiero decir que se anula su personalidad y que esto sucede en las tres dimensiones de la persona humana: la física (al ser maltratado, golpeado, lesionado y torturado), la espiritual (al ser extraído de su entorno social y de su familia) y la mental (al ser interrogado mediante violencia psicológica, amenazado y humillado).

Lo señalado hasta ahora muestra un gran parecido entre los delitos de desaparición forzada de personas y la trata de personas en sus diversas hipótesis de explotación: en ambos casos la víctima es una persona humana, a quien en su calidad de objeto de la acción se le cosifica, privándola de sus derechos más elementales, incluidas —en ambos delitos— su dignidad y su libertad. En ambas modalidades delictivas se anula la personalidad de la víctima en sus tres dimensiones, ya que también las víctimas de trata y explotación son maltratadas (pues, como sostiene Kindhäuser, “en esta variante nos encontramos ante una explotación sexual comercial de las víctimas de trata sexual, que son expuestas en el ámbito de la pornografía o en shows de tipo sexual”),9 extraídas de su entorno social y humilladas (en el caso de la trata de personas, son explotadas sexualmente, en trabajos o servicios forzados, en la servidumbre o —entre otras modalidades— se les extraen órganos, tejidos o componentes).

Por eso creo que el bien jurídico de la desaparición forzada de personas, así como en el delito de trata de personas, es el libre desarrollo de la personalidad, por lo que en caso de que las víctimas sean privadas de la vida habría que sancionar en concurso de delitos con homicidio. El libre desarrollo de la personalidad se contempla, por lo menos, en las constituciones de Alemania, España y México, y hay antecedentes en la literatura de los tres países que pueden sentar un basamento firme para su consideración en calidad de bien jurídico, tal como se propone aquí.10

Así, por ejemplo, Kindhäuser afirma: “Las normas de conducta de carácter penal sirven —según la doctrina hoy absolutamente dominante— a la protección de bienes jurídicos. Bienes jurídicos son las cualidades de las personas, cosas o instituciones que —como el cuerpo, la vida, la libertad, la propiedad, la protección del derecho— sirven al libre desarrollo de cada quien en una sociedad democrática dentro de un Estado Social y de Derecho”.11

c) La calidad del sujeto activo

El Código Penal Federal, así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero exigen una calidad especial del sujeto activo.12 Así, la legislación federal señala que puede cometerlo el servidor público, que independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas…”; mientras que la legislación guerrerense, de corte más amplio y garantista, señala que “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas…” Sin embargo, en el segundo párrafo del artículo 3 va más allá al señalar: “Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas, aquellas personas que aun cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos”.

El caso que nos ocupa no plantea desafíos importantes en este rubro, pues de las investigaciones realizadas por la fiscalía guerrerense y por la Procuraduría General de la República se desprende que el imputado, en su calidad de presidente municipal —y por lo tanto de servidor público—, habría emitido la orden verbal a la policía bajo su mando de “proceder” en contra de los normalistas. Asimismo, quienes ejecutaron las detenciones —además de los seis homicidios del 26 de septiembre— eran agentes de las policías municipales de Iguala y Cocula, por lo que también tenían la calidad de servidores públicos.

Tampoco debiera plantear problema alguno la imputación por desaparición forzada de personas —por lo menos en torno de la calidad del sujeto activo— el asunto relativo a los miembros del cártel Guerreros Unidos. Éstos, a quienes les fueron entregados los normalistas por parte de los policías municipales y a quienes se les atribuye la privación de la vida y la incineración de los estudiantes, actuaban en pleno acuerdo con la autoridad. Es decir, no sólo con su autorización, apoyo o aquiescencia, sino en clara coordinación. Lo anterior se desprende no sólo de las declaraciones de policías y miembros del cártel, sino también de los testimonios que se han hecho públicos por parte de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la esposa del ex presidente municipal es la líder del grupo criminal.

d) La negativa a admitir la privación de la libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de las personas

Como se señaló al principio, el delito de desaparición forzada es un tipo penal “de dos actos”. El primero, al que se ha hecho referencia hasta ahora, es el relativo a la privación de la libertad, mientras que el segundo consiste en negar dicha privación de la libertad, o bien no dar información acerca de la víctima. De aquí se desprende que la segunda dimensión típica se refleja en una omisión por parte del sujeto activo, quien puede ubicarse en cualquiera de las dos hipótesis. Y que esto sea así, me parece, se encuentra perfectamente justificado, pues negar la propia privación de la libertad o no dar información al respecto —al igual que dar información, pero que ésta sea falsa— tienen exactamente el mismo resultado: dejar a la víctima fuera del amparo de la ley.

Aquí vale la pena destacar la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, citada por Ambos/Böhm, en la que se establece que “no es necesario el requerimiento para dar información o la negativa a reconocer la privación de la libertad, sino que basta la falta de información sobre el paradero de la persona”.13 Así, para el caso que nos ocupa, resulta que el probable “autor de escritorio” —el ex presidente municipal— y su esposa omitieron brindar cualquier información acerca del paradero de los normalistas, pues días después de sucedidos los hechos se dieron a la fuga. Más aún, después de ser detenidos se negaron a declarar al respecto. Algo parecido sucedió con los policías municipales que privaron de la libertad a los normalistas, pues mientras algunos huyeron, otros sí dieron información, pero falsa, que además de distraer las investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República, mantienen a las víctimas fuera del amparo de la ley.

En el marco de sus declaraciones primarias algunos policías señalaron que los normalistas habían sido ejecutados y sus cuerpos enterrados en fosas. Si bien es cierto que estas declaraciones distrajeron las primeras investigaciones, también llevaron a encontrar múltiples fosas clandestinas con decenas de cuerpos (ninguno de los cuales pertenecía a alguno de los 43 normalistas).

Finalmente, vale la pena destacar la opinión de Werle, para quien no basta omitir la información respecto del destino de las personas privadas de la libertad para colmar el tipo. Resulta necesario, según el autor, requerir la información respecto del paradero de la víctima seguida de una negativa a dar dicha información.14

Acerca del tipo subjetivo de desaparición forzada de personas

A partir de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se ha desatado una serie de especulaciones acerca de si la imputación que en su caso se verifique debiera ser por alguna modalidad de secuestro o, en su caso, por desaparición forzada de personas. Ya se han señalado aquí algunas breves reflexiones acerca de los contornos del tipo objetivo. Resta, sin embargo, advertir que el tipo subjetivo resulta determinante para poder calificar el hecho en su calidad de desaparición forzada de personas. Debido a la deficiente tipificación del artículo 215-A del Código Penal Federal podría resultar complejo distinguir claramente los supuestos. Sin embargo, las dudas pueden disolverse si se observa, por ejemplo, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI) que establece: “Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o por una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.

Esta redacción es recogida parcialmente por la legislación guerrerense que, siendo más sólida que la federal, establece al final lo siguiente: “… impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes”. También el Código Penal Internacional Alemán, en su apartado 7.7, contiene este requisito:

§7. Crímenes contra la humanidad.

1) El que en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil:

7. Mantenga desaparecida por la fuerza a una persona con la intención de sustraerla durante largo tiempo a la protección de la ley.

a) Secuestrándola o privándola gravemente de su libertad física de cualquier otro modo por orden o con la tolerancia de un Estado o de una organización política, sin que en lo sucesivo se atienda sin demora la demanda de información sobre su suerte o paradero.

b) Negándose, por orden de un Estado o de una organización política o en contra de una obligación legal, a proporcionar sin demora información sobre la suerte o paradero de una persona que ha sido privada de su libertad física bajo las condiciones de la letra a), o proporcionando una información falsa”.

Lo reproducido arriba deja claro que, además de ser un tipo eminentemente doloso, debe concurrir en el autor un elemento subjetivo del injusto distinto al dolo, cuyo contenido es precisamente lo que se acaba de reproducir más arriba. Y si ese elemento subjetivo no se verifica, no podríamos afirmar que nos encontramos ante un tipo de desaparición forzada. De ahí que, cuando en los medios de comunicación se señala que “el miembro de las fuerzas armadas que priva de la libertad a su mujer para después matarla y enterrar su cuerpo” también cometería el delito de desaparición forzada, se olvida que debe concurrir un ánimo específico en el autor, lo que no sucede en el ejemplo del miembro de las fuerzas armadas.

Por eso es que el dolo debe incluir, además de la privación de la libertad, la intención de dejar a la víctima “fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado” (según el ERCPI), o bien, de conformidad con la ley del estado de Guerrero, impedir el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes. Así, como destacan Ambos/Böhm, “la desaparición forzada sólo puede ser cometida en forma dolosa. Y debe cometerse, además, con la intención de dejar fuera del amparo de la ley a la persona que es privada de su libertad. Este requisito subjetivo del tipo hace del dolo un dolo más intenso con respecto al elemento volitivo”.15 Con base en lo anterior proponen la siguiente redacción típica.16

“Desaparición forzada de personas.

”I. El Estado o particular que actúe con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, que en el marco de un ataque sistemático o generalizado a una población civil:

1) privare a una persona de su libertad por cualquier medio, y luego no informare sobre la privación de la libertad o sobre el paradero o suerte de esa persona dentro del plazo legalmente estipulado o, en su defecto, en el plazo de cuarenta y ocho horas, o denegare dicha información al ser ésta debidamente requerida; o

2) no informare sobre la privación de la libertad o sobre el paradero o suerte de la persona privada de su libertad dentro del plazo legalmente estipulado o, en su defecto, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de haber tomado conocimiento sobre la privación de la libertad a que hace referencia el apartado anterior, o denegare dicha información al ser ésta debidamente requerida, con la intención de dejar a esa persona fuera del amparo de la ley, será penado con…”

Desafíos

La desaparición forzada de personas es un asunto de la mayor relevancia frente al Derecho internacional de los derechos humanos. Pero su tipificación es un asunto penal. Para no ser malinterpretado: quienes aplicarán la nueva ley que se debate en el Senado de la República son penalistas —no activistas—. Esto significa que el legislador debe ser cuidadoso para no incurrir, con palabras de Kindhäuser, en un “truco legislativo”,17 como los que se aprecian en la mayoría de las iniciativas que se han presentado.

Me refiero a la maniobra consistente en trasladar elementos del tipo subjetivo al objetivo (esto está sucediendo, por ejemplo, con el elemento subjetivo del injusto distinto al dolo), o restar requisitos al tipo penal. El coste sería muy alto, pues se estaría convirtiendo al Derecho penal (que crea libertad) en verdadero Derecho de policía (que sólo busca seguridad).18 Éste es un riesgo importante que representa un desafío mayúsculo para el Estado mexicano.

Notas

* Becario de la Fundación Alexander von Humboldt en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, bajo la dirección académica del profesor h.c. Urs Kindhäuser, investigador (SNI) en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, México.

** El presente texto forma parte de la ponencia presentada el 4 de febrero de 2015 en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen, Alemania, dirigido por el profesor h.c. Kai Ambos.

[1] La multitud de tipos penales y normas sobre un mismo rubro —tal como sucede en México— en nada abona a la seguridad jurídica. Acerca de esta problemática y del “espacio de juego” concedido al legislador en materia penal, véase Friedrich-Christian Schroeder, Die Bestimmtheit von Strafgesetzen am Beispiel des groben Unfugs, JZ, 1969, pp. 774-775. “En aquellos casos en que no haya claridad acerca del contenido de la ley, es aconsejable la interpretación conforme a la Constitución. Sin embargo, aun así habrá problemas, pues la Constitución suele hacer referencia sólo al punto nuclear del asunto por resolver”, p. 778. En torno de la vinculación del legislador con el principio de legalidad, véase también Schroeder, “La posesión como hecho punible”, Revista de Derecho Penal y Criminología; trad. de Miguel Polaino-Orts, 2ª época, núm. 14, pp. 167-168; “También la Constitución alemana determina que un ‘hecho’ sólo puede ser penado cuando su punibilidad estaba legalmente prevista con anterioridad al momento en que el ‘hecho’ fuere cometido (Art. 103, Abs. 2)”.

2 Más que una casualidad, es una causalidad que sea Guerrero donde se haya tipificado de forma más acabada el tipo penal de desaparición forzada, pues, como lo destaca Grammer, “uno de los detonantes de este delito fue la situación de inestabilidad política que pudo haber variado en su intensidad: desde una auténtica guerra civil, como sucedió en El Salvador o en Guatemala­, pasando por un enfrentamiento armado con la guerrilla, como sucedió en Perú, en México o en la provincia argentina de Tucumán…”; Christoph Grammer, Der Tatbestand des Verschwindenlassens einer Person (Transposition einer völkerrechtlichen Figur ins Strafrecht); Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Duncker und Humblot, Berlín, 2005, pp. 13-14.

3 Según Grammer, las investigaciones realizadas dejan claro que en este delito siempre se da una participación del Estado. Ésta es obligatoria, aunque no necesariamente es una operación directa sino a través de la figura del autor mediato. Der Tatbestand der Verschwindenlassens einer Person (Transposition einer völkerrechtlichen Figur ins Strafrecht), Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Duncker und Hublot, 2005, p. 182.

4 Kai Ambos y María Laura Böhm, “El tipo penal de la desaparición forzada de personas. Análisis comparativo internacional y propuesta legislativa”, en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20100617_03.pdf, p. 8. Véase también Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, 3ª ed., Mohr Siebeck, 2012, pp. 436-437.

5 Las investigaciones en materia de desaparición forzada de personas siempre son complejas, como lo pone de relevancia Grammer: “En ocasiones se finge que se investiga, así como se responde falsamente a las entrevistas. A esto se suma la circunstancia de que no se sabe nada de la víctima desaparecida; puede ser que no se tengan registros de su persona, que se le haya retirado su documentación o que ya se encuentre en otro país […] Quienes buscan a los desaparecidos suelen ser agredidos y amenazados. Muchos son víctimas de violencia o desaparición forzada y lo mismo puede suceder con sus familiares”. Der Tatbestand…, pp. 34-35.

6 Ambos/Böhm, El tipo penal…, op. cit., pp. 9 y ss. Sin embargo, reconoce finalmente tres niveles de afectación del bien jurídico: 1. Nivel individual: el ámbito físico-psíquico de la víctima y su seguridad. 2. Nivel familiar: el derecho de los allegados a conocer de la situación, actuar jurídicamente en defensa de la víctima y conocer su destino. 3. Nivel colectivo. Según Grammer, el bien jurídico es la “indemnidad de la persona” (Unversehrtheit der Person); Der Tatbestand…, op. cit., p. 114, aunque también es de la opinión arriba citada que hace referencia a los tres niveles, p. 135.

7 Ambos/Böhm, El tipo penal…, op. cit., p. 10.

8 Por su lado —sin justificación—, el Código Penal Federal contempla el delito de desaparición forzada de personas en el título décimo, intitulado: “Delitos cometidos por servidores públicos”.

9 Strafrecht. Besonderer Teil I, Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft, 6a ed., Nomos, 2014, p. 169.

10 Ya he tratado este tema en otro lugar, donde se puede apreciar mi parecer; Miguel Ontiveros Alonso, "Die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Ein würdevolles Rechtsgut in einem Rechtsstaat)", en Strafrecht als Scientia Universalis; Festschrift für Claus Roxin, Manfred Heinrich, Christian Jáger, Hans Achenbach, Knut Amelung, Wilfried Bottke, Bernard Haffke, Bernd Schünemann y Jurgen Wolter, tomo II, Walter de Gruyter, 2011, pp. 245 y ss.

11 Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6ª ed., Nomos, Baden-Baden, 2013, p. 36. Acerca de los desafíos que representa la protección de los derechos fundamentales para el proceso penal, en especial frente a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, véase Friedrich-Christian Schroeder, Grenzen der Rationalisierung des Strafverfahrens, NJW, 1983, p. 139.

12 Aunque en los modelos más modernos de tipificación este requisito ha desparecido: cualquier persona puede ser autor de este delito, sin que se requiera la calidad de servidor público.

13 El tipo penal…, op. cit., p. 16.

14 Esta negativa también abarca el tipo subjetivo; Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, 3ª ed., Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 437-438.

15 El tipo penal…, op. cit., p. 55. El mismo autor, en su propuesta de “tipo penal” incluye, también, este elemento subjetivo del injusto: “…con la intención de dejar a esa persona fuera del amparo de la ley, será penado con…”; op .cit., p. 57.

16 El tipo penal…, op. cit., p. 57.

17 En su artículo “Derecho penal de la seguridad. Los peligros del Derecho penal en la sociedad de riesgo”, en Cuadernos de Derecho Penal, trad. de Orlando Humberto de la Vega Martinis, febrero de 2014, pp. 13 y ss.

18 En armonía con Kindhäuser, “la impensable situación del Derecho penal actual puede diagnosticarse mediante los siguientes síntomas: la proliferación de delitos de peligro abstracto, una reducción del principio de culpabilidad y la policialización del proceso penal”. “Die deutsche Strafrechtsdogmatik zwischen Anpassung und Selbstbahauptung ─ Grenzkontrolle der Kriminalpolitik durch die Dogmatik?, ZStW, 2009, p. 962.

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