Condenas penales sin pruebas

Condenas penales sin pruebas

 

Al analizar las ventajas e inconvenientes de las sentencias de conformidad, el autor de este texto apunta a la necesidad de no dejarse llevar por criterios puramente pragmáticos, que dan plena libertad negociadora a las partes, por lo que cobra relevancia la figura del juez como un protagonista activo en el proceso penal.

 

 

El sistema de conformidad o plea bargaining, de origen estadounidense, está generando una auténtica revolución en el proceso penal. Sintetizando sus aspectos esenciales, se trata de que el presunto autor de los hechos acepte su condena sin necesidad de arriesgarse a pasar por un juicio en el que se sustenten pruebas, asumiendo anticipadamente su culpabilidad. A cambio, la inexcusable condena que se le impondrá será menor en buena medida. Se recurre, por lo tanto, al uso de incentivos y a la discrecionalidad que deja la solución del conflicto en manos de la fiscalía, bajo el control jurisdiccional (un control más aparente que real). Se trata de una solución que conecta plenamente con el pragmatismo procesal anglosajón, que desea evitar largos y costosos procesos y prescindir del azar en el resultado del juicio. En Estados Unidos, hoy por hoy, rige un sistema basado casi exclusivamente en conformidades, por lo cual es excepcional el recurso a un juicio en sentido estricto. En este contexto, es correcto afirmar que el fiscal se ha convertido en la figura más poderosa de la Sala de Vistas.

Nuestros sistemas procesales, inspirados en otras fuentes filosóficas y jurídicas, ¿pueden incorporar sistemas de conformidad como los reseñados? En principio, la mayoría de los países plantea reticencias a la hora de permitir un espacio negociador tan amplio, ya que se exige un importante marco de garantías procesales. En algunas naciones se ha ido abriendo paso poco a poco un sistema de oportunidad reglada, es decir, la admisión de la facultad negociadora para determinados delitos, imponiendo límites o, en general, buscando alternativas para que se respete el principio de legalidad penal y procesal.

En el modelo estadounidense el punto de partida es el libre reconocimiento de la culpabilidad, una declaración que se considera una confesión que sirve de base probatoria para que el tribunal aprecie la culpabilidad del sujeto sin necesidad de imponer a la acusación la carga de la prueba. En este contexto se produce la negociación o regateo entre la acusación y el imputado (bargaining).

No puede negarse la existencia de importantes aspectos positivos en el instituto de la conformidad. Desde una perspectiva práctica, la reducción del número de procesos penales y la celeridad en la obtención de una sentencia definitiva (simplificación procesal) deben ser bien recibidas. Se trata del favorecimiento de la economía procesal y, en definitiva, de una mejora del funcionamiento de la administración de justicia, sin ignorar el monumental ahorro de recursos económicos para el Estado. Reduce la labor de acusación, defensa y pago de jueces mediante la que todos resultan beneficiados simultáneamente, primando, por lo tanto, un criterio utilitarista. Desde esta perspectiva, el acusado que no confíe en su absolución obtendrá una reducción de la condena esperada. También en ocasiones produce beneficios prácticos para las labores de la investigación, pues ayuda a recibir información crítica acerca del funcionamiento de las redes criminales, sobre todo cuando la conformidad premia una delación o el aporte de pruebas.

La conformidad posee otro aspecto claramente positivo. En el estricto espacio del Derecho penal y de los fines de la pena, es la solución que más aporta a la reinserción social del condenado, ya que constituye un mecanismo que limita los efectos más negativos de la pena —fundamentalmente la duración temporal de la pena privativa de libertad— sin dejar de hacer valer la vigencia del Derecho y la necesaria aplicación de una condena a todos aquellos que cometen hechos delictivos. Al mismo tiempo, dada la celeridad con la que se dicta la condena definitiva, se reduce el plazo de la perniciosa detención preventiva, pasándose a una ejecución efectiva de la pena.

Sin embargo, no todo debe verse desde una óptica positiva, pues se pueden apuntar también aspectos negativos. En Estados Unidos son muchas las voces que actualmente consideran la conformidad como ineficiente e injusta. Es evidente que esta institución resiente principios penales y procesales relevantes, como los de legalidad e igualdad. En orden a la legalidad, se afecta el deber general de perseguir el delito. Los ciudadanos que padecen la comisión de delitos (víctimas) se encuentran desapoderados de la acción penal de la que se hace cargo la administración a través del Ministerio Público, que en definitiva negocia rebajas de penas sin su consentimiento. También se aprecia que en algunos supuestos de conformidad los marcos penales se alteran, reduciendo el mínimo de pena que hubiera correspondido para el delito según los parámetros fijados por el legislador.

El principio de igualdad también resulta afectado, en la medida en que sólo a uno de los responsables de dos delitos idénticos —aquel que acepte la sentencia de conformidad— se le aplicará una pena menor por el simple hecho de no haberse sometido a juicio y aligerar la carga probatoria de los responsables de las acusaciones y disminuir las tareas de los jueces. En el sistema estadounidense puede llegarse, incluso, a soluciones próximas a la exoneración completa de la pena (las condenas muy leves o la inmediata liberación de prisión) por aportar un testimonio incriminador, delatando a un tercero, si dicha prueba se considera esencial. Con carácter general, puede entenderse que se penaliza la ausencia de conformidad. De esta manera se desvirtúan los principios procesales y el papel de las partes en el proceso. En el sistema estadounidense es frecuente que se presenten cargos más severos o que se incrementen las penas solicitadas si el sujeto, en lugar de aceptar la oferta de conformidad que le plantea el Ministerio Fiscal, opta por ir a juicio.

Los propios defensores del plea bargaining reconocen que uno de los principales problemas que plantea este recurso es que su dinámica estructural perjudica a los acusados que son inocentes, quienes, en caso de riesgo de una pena mayor, que podría ser impuesta en el juicio, prefieren la pena menor acordada en la negociación. No se trata de un ejemplo de laboratorio sino de la cruda realidad, pues están documentados errores judiciales clamorosos, originados en falsas confesiones —muchas de ellas logradas bajo presión y en sede policial— y sentencias de conformidad, que con el tiempo han logrado ser revertidos por la aparición de nuevas tecnologías, como las pruebas de ADN. También entra en juego otro factor importante, esto es, el costo económico del juicio que muchas personas no pueden soportar —amenazados, por ejemplo, con la pérdida completa de su patrimonio—, lo que los conduce a aceptar una pena menor, aunque sean inocentes. Esta decisión de un inocente de declararse culpable a cambio de una rebaja de su pena merma considerablemente la confianza de los ciudadanos en la justicia.

En cuanto al papel del juez, en el modelo estadounidense el plea bargaining parece ser cosa de dos: del fiscal y de la defensa, potenciándose el valor del acuerdo en una relación dual. El juez se presenta como un convidado de piedra. En otras palabras, la supervisión judicial es mínima. El juzgador no conoce todos los entresijos de la negociación realizada y el acusado acepta el trato ofrecido sobre la base de lo incierto y lo negativo que le podría ocurrir tras un juicio en sentido estricto.

Es necesario un juez que ejercite un protagonismo activo, revisando muy cuidadosamente los acuerdos alcanzados y que no se deje llevar por criterios puramente pragmáticos que dan plena libertad negociadora a las partes o que satisfacen otros intereses (celeridad, estadísticas judiciales, descongestionamiento de la administración de justicia, etcétera). Parece básico, para poder admitir la conformidad, que exista un acuerdo negociado trilateral (fiscal, defensa y juez de control) con plenas garantías y no una solución bilateral con perfiles puramente contractuales, como la que prevalece en la actualidad en el sistema estadounidense, en la que el juez ha perdido todo protagonismo.

 


 

* Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Huelva.

Bibliografía recomendada:

- http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-06.pdf.

           

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