De pacificación y amnistías

De pacificación y amnistías

 

Para resolver el grave problema de inseguridad y violencia que vive nuestro país, no basta con discutir amnistías y regular ciertos aspectos de un par de sustancias estupefacientes. El problema es mucho más complejo y vasto que las asignaturas hasta ahora enunciadas por la plana mayor del presidente electo, afirma el autor, poniendo el énfasis en los aspectos que deben atenderse de forma prioritaria.1

 

 

El escenario de violencia se presentaba como insoportable. La inseguridad se había extendido a estados de la República que antes no padecían hechos que lastimaran el tejido social.

La propuesta de cambio radical de estrategia en materia de seguridad pública significó un impulso fundamental para ganar la presidencia del país.

Al llegar a gobernar se lanzaron a los cuatro vientos elogios a su visión en la materia. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, grupos de víctimas y pacificadores así como la prensa aplaudieron y apoyaron activamente el giro del nuevo gobierno. Ahora sí disminuiría la violencia, se buscarían las mejores alternativas para la pacificación del país. Todo lo que hizo el gobierno anterior, se dijo, había sido un desastre. El enfrentamiento contra el crimen organizado fue un error descomunal, afirmaron grupos autoencomendados a defender los derechos humanos. El cambio de gobierno se veía como la llegada a un oasis de paz y armonía. Incluso había márgenes para plantarse ante el gobierno de Estados Unidos, que se dijo siempre ha sido el beneficiario de las muertes en este lado de la frontera. Todos los cambios venían fortificados con un espectacular bono democrático: era hora de salvar a México...

El panorama descrito no corresponde a 2018, sino a 2012, cuando resultó electo Enrique Peña Nieto.

En el entramado del nuevo estado de cosas participaron diversos actores. Por ejemplo, en aquellas fechas de transmisión de poderes tuvo lugar una coreografía planeada para dejar libre a una ciudadana francesa acusada de pertenecer a un grupo criminal dedicado al secuestro. La exoneración fue auspiciada por una revisión de sentencia de amparo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una de las protagonistas de la votación de dicha sentencia fue la ministra Olga Sánchez Cordero. Poco importaron entonces los derechos de las víctimas. La urgencia era que Florence Cassez saliera bajo la argumentación del efecto corruptor del debido proceso. Entonces hubo una curiosa sincronía: la misma mañana para la que estaba planteada la sesión de la sala, ya había sido gestionado el pasaje de Cassez de vuelta a París.

Desde luego que la mencionada sentencia hoy en día es considerada objeto de culto entre los estudiosos de los derechos humanos, incluido quien esto escribe. Sin embargo, no se puede dejar de pensar en las víctimas que tuvieron que soportar triple tanda de agravios: por parte de los secuestradores, por parte de los elementos policiacos que no hicieron su trabajo con apego al debido proceso (los hechos de la acusación fueron de 2005 y entonces el sistema penal tenía otras reglas tanto escritas como informales y ciertamente los derechos humanos no tenían primacía) y por parte de la resolución de la Corte que no se compadeció de ellos ni les dedicó algún tipo de medida reparadora.

(Será interesante constatar si entre los invitados a las consultas para la amnistía que ha anunciado el equipo del nuevo presidente estarán convocadas las víctimas de aquellos episodios, ahora que la ex ministra Sánchez Cordero tendrá un rol central en la configuración de la política de pacificación, como ha trascendido.)

Como fuere, la dura realidad terminó por imponerse a lo largo del sexenio pasado y el que prometía ser el gobierno de la paz, armonía y seguridad terminó siendo una gestión durante la cual se rompieron todos los registros en materia de violencia, impunidad y corrupción. El propio presidente Peña Nieto ha tenido que reconocer públicamente errores e insuficiencias.2 El resultado difícilmente podía haber sido otro: se desecuritizó la agenda nacional, se trató de ganar al crimen organizado por la vía de negar su existencia y se privilegiaron temas conexos. En los primeros años se distrajo la atención de lo central: disminuir la impunidad y aumentar la eficacia en la aplicación de la ley. La consecuencia de lo anterior ha sido la potenciación de la calamidad.

Lo que hicieron los grupos criminales fue dejarse gobernar por sus cálculos y sus decisiones racionales (estudiadas profusamente por el análisis económico del derecho [AED]): si no hay consecuencias por delinquir y se garantizan beneficios económicos, no hay razón para modificar los comportamientos; de hecho, hay alicientes para expandirse.

Cesare Beccaria, Gary Becker y otros autores que han analizado la conducta del delincuente han acreditado que el ser antisocial tiende a comportarse como un ente racional, y que el factor de mayor peso al momento de tomar la decisión de delinquir son las posibilidades de ser detenido y enfrentar a la justicia, incluso más que la severidad de las penas que en países de altos niveles de impunidad ha sido un factor prácticamente inocuo para efectos disuasivos. Así, en un país como México, en el que las tasas de impunidad son superiores a 97 por ciento, quien ya se encuentra en circuitos de antisocialidad tiene un incentivo muy alto para acometer la conducta prohibida: el costo de oportunidad es muy bajo y la posibilidad de maximizar su rendimiento muy alta.

Otros factores también poseen un peso correlacional en el resultado, pero al final tienen relación con la posibilidad de enfrentar consecuencias, como la densidad policial o la eficacia del sistema de justicia.

Todo lo anterior debe prevenirnos para observar y analizar las propuestas del futuro gobierno en este rubro. Si bien es necesario y saludable explorar nuevos mecanismos para transitar a mejores estadios en seguridad, no debemos olvidar las frías reglas del AED. Si el crimen percibe riendas flojas se recrudecerá la violencia.

Al efecto, es necesario evaluar el fenómeno de generación de contexturas comunicacionales entre los voceros del nuevo gobierno y la criminalidad organizada: ¿qué atraviesa por la cabeza del jefe de un grupo de la delincuencia organizada cuando escucha una y otra vez que las prioridades serán la pacificación y el perdón por los delitos? Ciertamente sus cálculos racionales respecto de las consecuencias de sus hechos criminales no tienden a implicar la adición de riesgos disuasivos; quizá todo lo contrario.

Creemos, además, que así como en el terreno médico no se puede combatir una infección viral con un compuesto antibacterial, no se pueden aplicar modelos transicionales diseñados para restañar tesituras comunitarias dañadas por conflictos políticos de guerrilla, golpe de Estado o movimientos separatistas, para resolver la problemática inherente a la acción del crimen organizado y las pretensiones de captura del Estado por parte de éste. Guerra y crimen son fenómenos distintos, y por lo tanto los medios para enfrentarlos necesariamente son diferenciados.

El propio vocablo pacificación es cuestionable. La paz se busca entre dos entidades antagonistas; entonces ¿entre quiénes habrá de establecerse el armisticio? ¿Es el Estado mexicano el que despliega la bandera blanca? ¿Son los grupos criminales? No debe caber el mínimo ápice de duda: quienes han atentado en contra del orden social, los responsables de las decenas de miles de muertos desde que en México no hay conflictos políticos, son los delincuentes, no el Estado. Entonces, ¿la pacificación es entre grupos criminales? ¿Ahora el Estado quiere fungir como intermediario entre ellos?

Las primeras expresiones de los miembros de lo que será el nuevo gobierno abren todas estas interrogantes.

Se habla también de que la vía para la pacificación es la legalización de las sustancias estupefacientes. Me parece que en este sentido se debe tener mucho cuidado en que la deliberación no se convierta en incitación. En primer lugar hay que decir que la regulación de la marihuana y, en su caso, de la amapola no es una decisión que se pueda tomar de manera unilateral. Existen tratados internacionales celebrados, auspiciados y reforzados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En estos puntos, las directrices de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no han variado. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes, de la que México es parte, sigue vigente. Sin duda ha llegado el momento de abrir el debate en los órganos especializados de la ONU pero sin anticipar resultados y sin albergar demasiadas expectativas en resultados sensibles y en el corto plazo. Quizá la llegada de Juan Ramón de la Fuente a la representación de nuestro país a la ONU pueda ser una oportunidad para intentar introducir el tema en la agenda multilateral.

Adicionalmente, es necesario conocer la postura de Estados Unidos, que actualmente enfrenta una epidemia que está acabando con la vida de 60,000 personas al año con motivo del consumo problemático de drogas, entre las que se encuentran principalmente los opiáceos y los opioides. En ambos casos, ya sea por producción o trasiego de amapola y derivados, o por recepción y trasiego de precursores y fentanilo, México es una plataforma de internación a dicho país.

Otro tema que complica la ecuación es la persistencia de la altísima disponibilidad de armas de asalto de los grupos criminales mexicanos derivada de la oferta de las mismas, y el nulo compromiso de las autoridades estadounidenses en la materia, así como el colapso histórico de nuestras aduanas por incapacidades técnicas y corrupción. En tanto los criminales tengan igual o superior poder de fuego que el Estado, incluso la legalización de ciertas drogas será un factor indiferente en los resultados finales: si el Estado no es eficaz en materia de seguridad, mientras haya armas para los delincuentes habrá forma para éstos de generar renta... Y cada vez con mayor costo para la sociedad.

No basta con discutir amnistías y regulación de ciertos tramos respecto de un par de sustancias estupefacientes. El problema es mucho más complejo y vasto que las asignaturas hasta ahora enunciadas por la plana mayor del presidente electo.

Se ha hablado de otros temas, como la reducción de penas por información o la flexibilización de la política criminal para algunos productores del campo que están atrapados en el ciclo criminal de producción de amapola o mariguana. Sobre estos tópicos tampoco es necesario inventar el hilo negro. México cuenta con un sistema acusatorio que, entre muchas de sus características y sus bondades, cuenta con diversos mecanismos y las posibilidades de guías rectoras en la aplicación de criterios de oportunidad. Sugiero que se aprovechen cabalmente todas las herramientas que existen, y si hay que hacer algunos ajustes o calibraciones, que se hagan, pero que no impliquen un trastocamiento sistémico que envíe señales equivocadas.

El centro de la agenda en materia de seguridad y justicia no puede ser sustituido por temas importantes pero no vitales, como la centralidad de las policías, la inteligencia, la recuperación de activos y el combate al lavado de dinero del crimen organizado, la corrupción y la evasión fiscal, la corresponsabilidad de los estados de la República en la materia y el robustecimiento del Ministerio Público.

Ocuparse en temas no prioritarios es perder tiempo y dinero, en una materia en que hacerlo cuesta vidas.

 


 

* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

1 Versión extendida del artículo publicado en el semanario El Influyente el 25 de julio de 2018.

2 http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9087126/04/18/Pena-Nieto-reconoce-que-fallo-su-politica-de-seguridad-no-fue-suficientemente-acertada.html.

  

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado