Efecto colateral al contencioso administrativo

Efecto colateral al contencioso administrativo

 

Los gobernados podrán acceder al amparo indirecto ante los juzgados de distrito en materia administrativa para combatir los actos administrativos que les causen perjuicio, sin tener que agotar previamente el juicio contencioso administrativo, señala el autor al analizar la contradicción de tesis 146/2019 que en mayo pasado resolvió la Suprema Corte.

 

El pasado 7 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 146/2019 suscitada entre el criterio sostenido por la primera sala al resolver la contradicción de tesis 306/2016,1 y el sustentado por la segunda sala en la contradicción 222/2015.2

La contradicción en comento surgió derivada de que la primera sala sostuvo que conforme a la Ley de Amparo vigente, la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando el quejoso aduce tener interés jurídico, mientras que la segunda sala concluyó lo contrario, al señalar que la acreditación de los daños de difícil reparación sí constituyen un requisito de procedencia de la referida medida cautelar.

Cabe señalar que si bien es cierto que el criterio que sostuvo la segunda sala no distinguió entre los requisitos de procedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando se alega un interés legítimo o un interés jurídico, pues la materia de dicha contradicción versó únicamente sobre si era necesario o no agotar el juicio contencioso administrativo federal antes de acudir al juicio de amparo, también lo es que al analizar si se establecían mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que en la Ley de Amparo, determinó que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado constituyen un requisito de procedencia de la suspensión, actualizándose el punto de contradicción en los criterios que se analizan.

Al resolver la contradicción, el pleno consideró que el criterio que debe prevalecer es el sostenido por la primera sala, es decir, que la acreditación de los daños y perjuicios de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituyen un requisito de procedencia de la medida cautelar al invocar interés jurídico, lo cual fue aprobado por nueve votos a favor con reserva de votos concurrentes de los ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Ríos Fajart, Laynez Potisek y dos en contra, por los ministros Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa, quien anunció voto particular.

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