El derecho a la indemnidad del gobernado

El derecho a la indemnidad del gobernado

 

A través de un breve recorrido histórico, el autor explora los orígenes del derecho de propiedad y del derecho a la integridad personal, para delimitar la responsabilidad que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar la integridad física, psíquica, moral y patrimonial de la persona.

 

 

A continuación abordaremos el término derecho de indemnidad, que no tiene ninguna similitud con su versión anglosajona (right to indemnity), propia del Derecho de los contratos, ni con el empleado por la jurisprudencia española, la cual se refiere a la protección del trabajador. Nos inclinamos por el uso del concepto indemnidad (“estado o situación de indemne”, de acuerdo con la Real Academia Española) porque su significado común abarca la esencia que se propone: la obligación (de carácter internacional) del Estado de preservar libre o exento de daño al gobernado. Sea que se logre este propósito a partir de una abstención o una acción, pero siempre en atención a la obligación, la orientación o el rol axiológico —deber previamente constituido— que trata de conseguir una práctica, una decisión o un comportamiento en determinado sentido del Estado. Axioma constantemente aceptado, perteneciente al Derecho público, e integrado primigeniamente por el derecho de propiedad y por el derecho de integridad personal.

Por su parte, es posible que el derecho de propiedad sea uno de los primeros derechos humanos que han sido históricamente reconocidos. De hecho, se podría sostener que en el mundo occidental la propiedad privada y su protección fueron uno de los detonantes de cambio contra el absolutismo monárquico. Esa conquista es parte de nuestra cultura y, por tanto, contenido de nuestro modelo de Estado Constitucional de Derecho, además de ser principio medular de nuestro régimen económico.

Si bien hoy día en el campo jurídico el derecho de propiedad no tiene el papel preponderante que tenía entonces —cuando se gestaron la Revolución industrial y la Revolución francesa—, sería imposible sostener la plena protección de la dignidad de la persona (base de todo derecho humano) sin contemplar la salvaguarda de sus bienes, sus derechos y sus libertades, desde una perspectiva jurídica patrimonial, así como su plena realización o goce efectivo, sin los medios materiales que proporciona una plataforma económica. “La libertad se queda en mero formalismo cuando no va acompañada de la capacidad económica que permite su ejercicio”, como afirmara Luis María Cifuentes.1

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