El Estado regulador en el sector energético

El Estado regulador en el sector energético

 

México cuenta con instituciones reguladoras con distintas naturalezas jurídicas, encontrándose la mayoría dentro del ámbito de acción del Poder Ejecutivo, lo que plantea una dificultad para el desempeño de sus labores. En este artículo, el autor aborda el tema de las instituciones que tienen impacto en el sector energético como entes reguladores, y defiende la necesidad de que se conviertan en organismos constitucionales autónomos a fin de que sus decisiones cuenten con rigor técnico y se encuentren desprendidas de todo sesgo político.

 

 

En el México de hoy la importancia de las instituciones con una finalidad regulatoria se ha tornado indispensable, más aun cuando el Estado mexicano se encuentra profundamente interrelacionado con la comunidad internacional, teniendo la obligación simultánea de satisfacer necesidades cualitativa y cuantitativamente crecientes del conglomerado humano que lo integra.

La conversión del Estado mexicano, de ser uno claramente interventor a uno de tipo regulador en vías de consolidarse,1 fue iniciada con una fuerza inusitada hasta el momento en que se dotó de autonomía constitucional al Banco de México (BANXICO) en 1993. Aunado a lo anterior, en ese instante se dio el banderazo de salida para el nacimiento de una novedosa naturaleza jurídica que ha sido denominada por la doctrina como organismo constitucional autónomo (OCA). Esto se presentó por dos razones principales y complementarias:

- Una de tipo técnica, ya que se precisaba de un banco central regido exclusivamente por criterios de este tipo, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 28, para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.

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