El nuevo sistema de justicia penal cumple diez años

El nuevo sistema de justicia penal cumple diez años

 

Aunque el nuevo sistema de justicia penal no ha ofrecido los resultados para los cuales fue diseñado, existen diversas áreas de oportunidad desde el punto de vista operativo, normativo y jurisprudencial que ayudarían a consolidarlo. El autor aborda las más relevantes.

 

Hace poco más de una década, el 18 de junio de 2008, fue publicada la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que modificó 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significó un cambio de paradigma en la procuración e impartición de justicia en materia penal, pues se transitó de un sistema procesal penal mixto o tradicional a uno acusatorio y oral. Con el fin de implementar el nuevo sistema, el 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que estableció las nuevas reglas en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos: la oralidad, la celebración de audiencias públicas, los criterios de oportunidad para el Ministerio Público, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado, entre otras. Todo con el fin de resolver el conflicto mediante la conciliación y la reparación del daño, dejando en segundo plano la declaración de culpabilidad.

El nuevo sistema de justicia penal debía entrar en vigor en todo el país en un plazo no mayor a ocho años. Por ello, su implementación requirió la selección y la capacitación de jueces, ministerios públicos, defensores y demás servidores públicos involucrados en la operación del sistema, además de una cuantiosa inversión en infraestructura. En el ámbito federal, el nuevo sistema entró en vigor de manera gradual a partir del 24 de noviembre de 2014 y concluyó el 14 de junio de 2016. Hasta hoy están en funciones 39 centros de justicia penal federal en todo el país.

No obstante, la implementación del nuevo sistema acusatorio ha corrido con otra suerte en el fuero común. Lo anterior debido a la falta de capacitación de diversos operadores y a las fuertes restricciones presupuestales en las que policías estatales, fiscalías, procuradurías y jueces locales deben actuar. Evidentemente, los problemas en la implementación del nuevo sistema impactan en sus resultados y minan su legitimidad frente a la ciudadanía.

Aunque el nuevo sistema no ha ofrecido los resultados para los cuales fue diseñado, existen diversas áreas de oportunidad desde el punto de vista operativo, normativo y jurisprudencial que ayudarían a consolidarlo. Persiste el reto de evitar la divergencia de resultados en sus partes integrantes: policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias. Para tal fin, se estima conveniente establecer un diseño institucional que incluya una estructura de incentivos mutuos que fomenten procesos de seguimiento, coordinación y rendición de cuentas entre los eslabones del sistema.

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