El servicio doméstico en Roma y en la Corte

El servicio doméstico en Roma y en la Corte

 

La coyuntura entre la reciente resolución del amparo directo 9/2018 por la Suprema Corte y la actuación de Yalitza Aparicio en la película Roma le permiten a la autora reflexionar en torno de la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas y de las trabajadoras del hogar.

 

El cine ha llevado a la pantalla grande muchas historias que nos han permitido recrear situaciones de la vida real que provocan una reflexión profunda. La historia reciente de Roma, producida y dirigida por Cuarón, es un caso excepcional porque además de premios y nominaciones incidió en los derechos de las trabajadoras del hogar en México. De manera paralela, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hagamos un poco de historia: el trabajo del hogar en México tiene como antecedente la esclavitud de la Colonia, época en que personas de origen africano e indígenas eran obligadas a ejecutar órdenes de otras, sus amos que los habían adquirido como objetos para realizar distintos tipos de trabajos: los hombres eran empleados en los trabajos físicamente más demandantes, las minas, el campo, la siembra, la cosecha, la carga, y las mujeres a la limpieza del hogar, la preparación de la comida y tareas de cuidado de las personas que habitaban la “casa grande”.

La esclavitud fue abolida con el bando de Hidalgo en 1810 para impedir que los seres humanos fueran objeto de comercio y, con esto, terminar con las condiciones infrahumanas en las que vivía la mayoría de los esclavos y los actos de tortura y la violencia a los que eran sometidos y eliminar también los tributos que debían pagar.

Sin embargo, muchas de ellas mantuvieron una condición de servidumbre que se seguía asemejando más a la esclavitud que a un trabajo digno. El movimiento revolucionario que inició en la primera década del siglo siguiente visibilizó los abusos patronales hacia obreros y campesinos, lo que trajo como consecuencia derechos mínimos plasmados en el artículo 123 de la Constitución política de 1917. Quienes estaban en la mira eran los trabajadores mineros (huelga de Cananea y Río Blanco) y los peones acasillados que sufrían vejaciones en el trabajo agrícola. Para el trabajo de las mujeres en general el 123 sólo prohibió que se les contratara en trabajos insalubres y en labores nocturnas, dándoles la misma protección que a los menores de edad.

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