El servicio doméstico en Roma y en la Corte

El servicio doméstico en Roma y en la Corte

 

La coyuntura entre la reciente resolución del amparo directo 9/2018 por la Suprema Corte y la actuación de Yalitza Aparicio en la película Roma le permiten a la autora reflexionar en torno de la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas y de las trabajadoras del hogar.

 

El cine ha llevado a la pantalla grande muchas historias que nos han permitido recrear situaciones de la vida real que provocan una reflexión profunda. La historia reciente de Roma, producida y dirigida por Cuarón, es un caso excepcional porque además de premios y nominaciones incidió en los derechos de las trabajadoras del hogar en México. De manera paralela, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hagamos un poco de historia: el trabajo del hogar en México tiene como antecedente la esclavitud de la Colonia, época en que personas de origen africano e indígenas eran obligadas a ejecutar órdenes de otras, sus amos que los habían adquirido como objetos para realizar distintos tipos de trabajos: los hombres eran empleados en los trabajos físicamente más demandantes, las minas, el campo, la siembra, la cosecha, la carga, y las mujeres a la limpieza del hogar, la preparación de la comida y tareas de cuidado de las personas que habitaban la “casa grande”.

La esclavitud fue abolida con el bando de Hidalgo en 1810 para impedir que los seres humanos fueran objeto de comercio y, con esto, terminar con las condiciones infrahumanas en las que vivía la mayoría de los esclavos y los actos de tortura y la violencia a los que eran sometidos y eliminar también los tributos que debían pagar.

Sin embargo, muchas de ellas mantuvieron una condición de servidumbre que se seguía asemejando más a la esclavitud que a un trabajo digno. El movimiento revolucionario que inició en la primera década del siglo siguiente visibilizó los abusos patronales hacia obreros y campesinos, lo que trajo como consecuencia derechos mínimos plasmados en el artículo 123 de la Constitución política de 1917. Quienes estaban en la mira eran los trabajadores mineros (huelga de Cananea y Río Blanco) y los peones acasillados que sufrían vejaciones en el trabajo agrícola. Para el trabajo de las mujeres en general el 123 sólo prohibió que se les contratara en trabajos insalubres y en labores nocturnas, dándoles la misma protección que a los menores de edad.

Con los años, las mujeres se fueron integrando a muchos espacios de la vida laboral pero un segmento se quedó rezagado en la lucha por los derechos porque no tuvo atención normativa. Nos referimos a las trabajadoras del hogar.

La feminización del trabajo doméstico fue aumentando con el paso del tiempo debido, entre otras razones, a que las actividades del hogar realizadas por los hombres fueron sustituidas por los adelantos tecnológicos —sólo por poner un ejemplo, el carretero fue sustituido por los automóviles—. Mucho del trabajo agrícola comenzó a ejecutarse con maquinaria y el trabajo doméstico continuó mayoritariamente a cargo de las mujeres. Los porcentajes actuales del trabajo del hogar son de 95 por ciento de mujeres y sólo 5 por ciento de hombres.

Cabe agregar que, aunado al rasgo de ser mujeres, éstas en su mayoría son indígenas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida para ellas y los suyos, realizando las labores que han aprendido a hacer en casa desde muy niñas. Los hombres que migran a la ciudad tienen un abanico más amplio de opciones que las mujeres, porque en el medio rural a éstas se les limitó la asistencia a las escuelas por la ayuda que proporcionan en las tareas del hogar y en el cuidado de sus hermanos y sus animales domésticos.

La llegada a la ciudad no siempre se traduce en mayores derechos porque en muchos hogares donde prestan sus servicios se reproducen las desigualdades estructurales del país, sufren discriminación y son tratadas de manera denigrante sin reconocer el valor del trabajo que realizan, negándoles un contrato que las proteja, un salario digno, seguridad social, jornadas laborales de ocho horas, pago de horas extras, si fuera el caso, y periodos vacacionales que sí tienen todos los demás trabajadores.

Inclusive, algunas leyes mexicanas todavía refuerzan la discriminación estructural que viven las trabajadoras del hogar: la Ley Federal del Trabajo prevé para ellas una jornada laboral hasta de 12 horas; la posibilidad para el patrón de finalizar la relación laboral injustificadamente; poder pagar 50 por ciento del salario en especie —cuando internacionalmente se ha recomendado que este tipo de pago no exceda 33 por ciento—; además, no prevé el pago de horas extras y, aun cuando existe la obligación de determinar un salario mínimo para este sector, la actividad no ha aparecido en las tablas respectivas publicadas por el Poder Ejecutivo.

Además, la Ley del Seguro Social establece un régimen de seguridad social voluntario para el empleador que las coloca en una situación desigual respecto de otras trabajadoras sin justificación alguna, como no acceder a servicios de guarderías o que no exista la obligación de aportaciones al INFONAVIT.

Afortunadamente, la visibilización y la reivindicación de sus derechos cada vez se está tornando más real: su lucha ha logrado crear sindicatos que buscan la negociación colectiva y la última batalla ganada es el programa piloto puesto en marcha recientemente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social.

Ese programa es resultado del cumplimiento de una sentencia de amparo histórica, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 5 de diciembre, bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, en cuyos resolutivos declaró inconstitucional el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, por considerarlo violatorio del derecho humano a la seguridad social en igualdad de condiciones.

El asunto llegó al Alto Tribunal debido a un amparo directo promovido por una trabajadora del hogar contra un laudo dictado por una junta de conciliación. Ella prestó sus servicios desde 1959 a una misma familia y terminó trabajando con la hija de la patrona original, quien la despidió.

Por eso en 2016 solicitó a la junta la indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y prima del tiempo extraordinario, así como la inscripción retroactiva al IMSS. En el laudo dictado por la junta se le reconocieron algunas prestaciones y se le negaron otras, entre ellas la inscripción retroactiva al IMSS, lo que dio lugar al amparo 9/2018 que llegó a la Suprema Corte a través del ejercicio de la facultad de atracción.

La sentencia de la Corte atiende la trascendencia sistémica y estructural del problema de discriminación que sufren las trabajadoras del hogar y, en este sentido, establece que su exclusión del régimen obligatorio del Seguro Social no es una diferenciación justificada, objetiva y razonable; además de que no persigue una finalidad constitucionalmente válida, por lo que no existe proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

La segunda sala también detectó que la norma no sólo fortalece la discriminación directa de este gremio, sino una indirecta, ya que si bien la exclusión normativa de este sector en el régimen obligatorio fue formulada en términos neutros por el legislador, en realidad afecta de manera preponderante y desproporcionada a las mujeres, pues, según se ha indicado, nueve de cada 10 trabajadoras del hogar son mujeres, aunado a que la mayoría son pobres e indígenas.

Por lo anterior, la Corte ordenó al IMSS la implementación de un programa piloto que estableciera un régimen especial obligatorio de seguridad social para las trabajadoras del hogar, que otorgara las mismas condiciones de seguridad de las que gozan todos los trabajadores y que previera todas las especificidades que implica el trabajo doméstico remunerado; por ejemplo, el tiempo de la jornada laboral (completa o media), el número de empleadores para los que presten sus servicios, el salario en especie o la situación migratoria, entre otras.

De esta manera, el pasado 18 de febrero, el IMSS presentó el programa piloto “Incorporación de las personas trabajadoras del hogar” que cubrirá servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Este gran paso para la igualdad de las trabajadoras del hogar ha contado con el apoyo y el seguimiento de mujeres que llevan años en esta lucha, como Marcelina Bautista, apoyada por el CONAPRED con Alexandra Hass al frente, y por un colectivo denominado “Méxicos Posibles”.

Por fortuna, a todo este trabajo se vino a sumar una extraordinaria pieza de arte del gran cineasta Alfonso Cuarón que colocó en el centro de su filme a una trabajadora del hogar: su nana Liboria Rodríguez, que en Roma lleva el nombre de Cleodegaria Gutiérrez, interpretada magistralmente por Yalitza Aparicio. Una maestra de origen mixteco y triqui que en poco tiempo se ha convertido en emblema de la reivindicación de los derechos de las mujeres, de las mujeres indígenas y de las trabajadoras del hogar en función del papel que le tocó representar.

La vida y su realidad provocaron un encuentro entre arte y justicia, pues casi de forma simultánea a que la Suprema Corte resolviera el amparo mencionado, en muchas salas de cine se proyectaba Roma, invitándonos a valorar un trabajo digno de ser reconocido y protegido en igualdad de circunstancias que cualquier otro, con los mismos derechos, pero, sobre todo, a elevar la dignidad de las mujeres y de las mujeres indígenas.

Más allá de la belleza de Roma y de los premios que ha obtenido, la película, como suele afirmarse, ha traspasado las fronteras de México. La presencia del tema en la ceremonia de los Oscar da un impacto mundial semejante al que tuvieron en otros años filmes relacionados con la esclavitud de los afrodescendientes.

Hay una enseñanza más: la película reveló lo peleados que seguimos los mexicanos con nuestras raíces. A 527 años de la Conquista muchos adoptamos el papel del conquistador, sintiéndonos superiores y con derecho a discriminar a los demás por el color de la piel y la apariencia física. Seguimos considerando como único canon de belleza el occidental, despreciando lo que queda fuera de éste.

Tenemos, entonces, tareas pendientes:

Primero: continuar con todos los esfuerzos orientados para combatir la discriminación en México.

Segundo: revalorar el trabajo doméstico.

Tercero: seguir exigiendo la ratificación del Convenido 189 de la Organización Internacional del Trabajo para completar el marco normativo más allá de los avances que se han dado en sede judicial.

Cuarto: participar activamente en el programa piloto del IMSS para convertir en realidad todos los derechos de las trabajadoras del hogar, empezando por la propia casa.

Es necesario hacer eco a las palabras de Cuarón, quien, después de reconocer los años de lucha de las trabajadoras del hogar y de la batalla que han ganado por sus derechos señaló: “Tenemos que comunicar la importancia de participar en el programa y, como sociedad, hay que estar atentos de que este programa realmente garantice los derechos de casi 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico”.

Estamos viviendo un momento particularmente favorable para los derechos de las trabajadoras del hogar. Se están dando condiciones de confluencia de acciones en la conquista de los derechos. La voz de las trabajadoras del hogar no había encontrado suficiente eco. Por fortuna, aparecieron grandes aliados en el camino de la lucha que ayudaron a potenciar su voz con resultados positivos que tendrán que seguir consolidándose. ¡Enhorabuena! A pesar del retraso de siglos, hemos empezado a andar el camino.

 


 

* Asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  

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