El Tribunal Electoral y la justicia abierta

El Tribunal Electoral y la justicia abierta

 

Considerando lo desprestigiadas que se encuentran las instituciones electorales frente a los ciudadanos, en tiempos de elecciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe velar para que su actuar se armonice con los principios de la justicia abierta exigidos en la actualidad, ante una sociedad escéptica del actuar institucional.

 

 

Los principios de la justicia abierta, referidos a la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consisten en dar transparencia a las actividades que realizan; entre ellas, la rendición de cuentas y las de carácter jurisdiccional, así como propiciar el fomento de la participación y la colaboración de la población relacionadas con los procesos que son materia de su competencia, máxime cuando el país atraviesa por uno de los periodos electorales más controvertidos de los últimos tiempos.

Para ello, se debe aumentar la confianza que la sociedad tiene en la institución judicial, encargada de revisar y salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad, primordialmente de la actividad electoral que se desarrolla en el país, además de generar un acercamiento efectivo entre la ciudadanía y los magistrados. Pero, ¿cómo lograr ese objetivo?

Para responder esta cuestión, debe decirse que para que exista un gobierno abierto es preciso hacer participe a la sociedad, mediante la implementación de ideas proporcionadas por los distintos sectores que la integran, para buscar soluciones a problemáticas que atañen a la función electoral, desde luego con fundamento en la justicia abierta.

Por otra parte, debemos recordar que el TEPJF se encarga de garantizar la constitucionalidad y la legalidad en el actuar de los participantes electorales, a través de resoluciones que diriman de manera efectiva las controversias correspondientes. Para hacerlo ha establecido diversos objetivos para cumplir con su labor cotidiana, esto es, reforzar el aspecto jurisdiccional, vigorizar la austeridad institucional y abrir al máximo la transparencia en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el INEGI,1 en relación con la confianza que los ciudadanos participantes tienen en las instituciones electorales, éstas se encuentran en el decimotercer puesto, después de los medios de comunicación, lo cual revela que se deben tomar medidas para incrementar el nivel de convicción social en torno de la labor de la institución.

En relación con lo anterior sería conveniente que la institución reflexione nuevamente acerca de sus objetivos: el reforzamiento jurisdiccional, la intensificación de la austeridad y la apertura a la transparencia, y si es posible reforzarlos a través de la implementación de nuevas acciones que tiendan a mejorar la visión que tiene la ciudadanía de la dependencia, empleando para ese fin un prototipo innovador de modernidad gubernamental que cumpla con los requerimientos que la sociedad demanda para estrechar nuevamente los lazos de confianza que se han degradado por distintos factores.

 

La justicia abierta

Es preciso mencionar que existe un modelo actual de gobierno que pugna por la protección, el acercamiento y la confianza entre las dependencias gubernamentales y los individuos, esto es, por una justicia abierta que se funda en los principios de transparencia de la información y en la participación y la colaboración ciudadana, así como en la rendición de cuentas, con los que se busca acrecentar la confianza de la ciudadanía por medio de una ideología de inclusión en la administración pública.

Con base en esa línea de pensamiento es necesario que el TEPFJ implemente los principios rectores de la justicia abierta en su actuar cotidiano, pues con eso, en un escenario específico y con una correcta aplicación, puede aumentar su legitimidad ante la población, así como incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, otorgando para eso servicios con mayor eficacia, así como una efectiva rendición de cuentas acorde con los parámetros de transparencia adecuados, con lo que incluso se podría frenar la influencia de los poderes políticos que pudieran contaminar la actuación jurisdiccional.

Para lograr lo anterior, el órgano electoral debe tomar medidas con el propósito de aprovechar los avances tecnológicos, como internet y redes sociales, para transparentar su actuación a través de la difusión de la información de relevancia y de trascendencia social de forma inmediata, y de ese modo iniciar una transición a la justicia abierta; sin que se pase por alto que el TEPJF ha implementado en su quehacer cotidiano el uso de la tecnología, ya que cuenta con una página web2 en la que difunde información muy variada, referente, entre otros temas, a su conformación, sus atribuciones, los informes de labores correspondientes, la información jurisdiccional relevante, el material concerniente a las elecciones en el país y las sesiones públicas que celebran. Y además hace uso de herramientas vanguardistas para lograr un acercamiento con la población, ya que tiene presencia en redes sociales como Twitter y Facebook, a través de las cuales también transmite información a la ciudadanía.

Con lo anterior el TEPJF aspira a cerrar la brecha social entre la población y la institución, ya que busca interactuar de manera constante con los ciudadanos a través de las redes sociales con el objetivo de transparentar y lograr que la información llegue a toda la sociedad, cumpliendo de ese modo los objetivos de la justicia abierta referentes al acercamiento y a la participación social, puesto que mediante estas herramientas se pueden realizar cuestionamientos y proponer ideas para la solución de problemas concernientes al órgano colegiado.

No obstante lo anterior, aún quedan retos por cumplir para que pueda afirmarse que el TEPJF ha cumplido a cabalidad con los objetivos del modelo de justicia abierta. Para alcanzar esa meta, como se afirmó al principio, deben reforzarse los objetivos del TEPJF, especialmente la apertura a la transparencia, ya que no basta con la difusión parcial de la información, sino que debe garantizarse su efectivo acceso —conforme al artículo 6º, apartado A, de la Constitución— mediante sistemas que funcionen de manera sencilla, ágil y estandarizada, con la intención de que la ciudadanía asuma un papel activo en su carácter de peticionaria. Esto es, se deben reducir las complicaciones que resultan cuando se realiza una solicitud de datos en torno a la actividad que realiza el ente electoral.

En ese sentido, se necesita restructurar y simplificar los procesos para acceder a la información, además de identificar las deficiencias que tienen los programas vigentes, mediante los que cuales se realizan las peticiones de información electrónica, para conseguir un acercamiento efectivo con la ciudadanía a través de la inserción y el uso de la tecnología, pues al eliminar los obstáculos que impiden dar transparencia a esos aspectos, podrá generarse la convicción de un cabal cumplimiento de la labor que ejerce, aumentando, a su vez, la confianza en la institución.

Asimismo, se deben crear programas de inclusión para la sociedad en general, con el fin de que participe en el fortalecimiento de las deficiencias latentes en la función jurisdiccional, pues con ello se puede reforzar la participación, la colaboración y el eventual acercamiento de la población, con el propósito de presentar propuestas de soluciones o de evitar posibles conflictos suscitados en la función cotidiana de la institución, a través de los aportes de juristas y académicos expertos, así como del consenso de ideas provenientes de los distintos sectores de la comunidad en general.

Debe procurarse, de igual manera, la publicación completa e inmediata de los datos referentes a los fallos jurisdiccionales de alta relevancia social, así como la información administrativa relativa a las estadísticas generales que permitan establecer las dimensiones de la actividad interna que se lleva a cabo, concerniente a las cargas de trabajo, los tipos de asuntos que se admiten y los que se desechan y la forma en que son resueltos, así como la divulgación de datos relacionados con la erogación de la partida presupuestaria asignada anualmente, precisando taxativamente los conceptos a los cuales se destinan esos recursos, con el propósito de generar certidumbre en la población en cuanto a tales aspectos.

Si se aplica todo lo anterior, eventualmente podría generarse una armonización entre el actuar del TEPJF y la justicia abierta, ya que el fortalecimiento y la apertura a la transparencia son caminos que llevarían a la población a incrementar la confianza en la institución y así lograr que la legitimación del órgano jurisdiccional en plena jornada de elecciones se vea fortificada.

  


 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Loyola del Pacífico, con diplomado en derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación por la Universidad Iberoamericana. Es analista jurídico SISE, adscrito al Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región.

1 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf.

2 http://portal.te.gob.mx/.

 

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