En defensa de las defensoras

En defensa de las defensoras

 

El contexto de violencia que vive nuestro país ha obligado a muchas personas a convertirse en abogadas y abogados de sus propios asuntos por necesidad, y a otras tantas en defensoras y defensores de derechos humanos por solidaridad con las víctimas. La autora reflexiona sobre el riesgo creciente que representa defender los derechos en México, especialmente para las mujeres.

  

Los casos se litigan en juzgados, los derechos se defienden en esa arena y también —de manera mayoritaria— en las calles, frente a actores políticos, en las ventanillas de los servicios públicos, en las reuniones vecinales, en las asambleas comunales, a través de los procedimientos administrativos, con las autoridades de la escuela cuando se discrimina a hijos e hijas, en los campos que ocultan los cuerpos en espera de ser encontrados por sus familiares.

Los derechos los defienden valientes abogadas y abogados, jueces y juezas; los defienden también —de manera mayoritaria— hombres y mujeres solidarios con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Algunas defensoras eligieron su activismo por la convicción de construir una sociedad democrática, algunas otras no tuvieron remedio pues la violencia las atravesó personalmente y las orilló a investigar los feminicidios de sus hijas o a encontrar los restos de sus familiares con varillas, tapabocas y palas como instrumentos de trabajo.

En México, defender los derechos representa un riesgo creciente, y para las mujeres el impacto de las agresiones por su labor como defensoras es mayor. La modalidad de la violencia dirigida a ellas está incrustada en los añejos patrones para inhibir la participación de las mujeres en los asuntos públicos: descalificaciones misóginas; violaciones, acoso y abuso sexual; amenazas, agresiones y extorsiones a sus familias; desacreditación pública de su honra con valoraciones respecto de su comportamiento sexual, o fabricación de un contexto de esa naturaleza, y, en caso extremo, feminicidio.

La ampliación de la presencia militar y policial en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la creciente explotación de los recursos naturales a través de megaproyectos echados a andar sin el consentimiento de las poblaciones afectadas en su territorio, la corrupción en el sistema de justicia, la discriminación estructural, entre otras causas, son identificados como factores que apartan a las personas y las obligan a defender los derechos individuales y colectivos, lo que se traduce en el aumento de ataques dirigidos a las defensoras de derechos humanos de manera directamente proporcional.1

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