En defensa de las defensoras

En defensa de las defensoras

 

El contexto de violencia que vive nuestro país ha obligado a muchas personas a convertirse en abogadas y abogados de sus propios asuntos por necesidad, y a otras tantas en defensoras y defensores de derechos humanos por solidaridad con las víctimas. La autora reflexiona sobre el riesgo creciente que representa defender los derechos en México, especialmente para las mujeres.

  

Los casos se litigan en juzgados, los derechos se defienden en esa arena y también —de manera mayoritaria— en las calles, frente a actores políticos, en las ventanillas de los servicios públicos, en las reuniones vecinales, en las asambleas comunales, a través de los procedimientos administrativos, con las autoridades de la escuela cuando se discrimina a hijos e hijas, en los campos que ocultan los cuerpos en espera de ser encontrados por sus familiares.

Los derechos los defienden valientes abogadas y abogados, jueces y juezas; los defienden también —de manera mayoritaria— hombres y mujeres solidarios con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Algunas defensoras eligieron su activismo por la convicción de construir una sociedad democrática, algunas otras no tuvieron remedio pues la violencia las atravesó personalmente y las orilló a investigar los feminicidios de sus hijas o a encontrar los restos de sus familiares con varillas, tapabocas y palas como instrumentos de trabajo.

En México, defender los derechos representa un riesgo creciente, y para las mujeres el impacto de las agresiones por su labor como defensoras es mayor. La modalidad de la violencia dirigida a ellas está incrustada en los añejos patrones para inhibir la participación de las mujeres en los asuntos públicos: descalificaciones misóginas; violaciones, acoso y abuso sexual; amenazas, agresiones y extorsiones a sus familias; desacreditación pública de su honra con valoraciones respecto de su comportamiento sexual, o fabricación de un contexto de esa naturaleza, y, en caso extremo, feminicidio.

La ampliación de la presencia militar y policial en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la creciente explotación de los recursos naturales a través de megaproyectos echados a andar sin el consentimiento de las poblaciones afectadas en su territorio, la corrupción en el sistema de justicia, la discriminación estructural, entre otras causas, son identificados como factores que apartan a las personas y las obligan a defender los derechos individuales y colectivos, lo que se traduce en el aumento de ataques dirigidos a las defensoras de derechos humanos de manera directamente proporcional.1

Si los impactos diferenciados a los derechos de hombres y mujeres —de los que no se salvan las defensoras— son estructurales y si estructurales deben ser las soluciones, ¿qué aportes desde las esferas jurídicas de garantía de derechos humanos puede haber para la protección de su vida y de su seguridad?

En el ámbito internacional, el Comité Cedaw dirigió las siguientes observaciones particulares al Estado mexicano:

27. El Comité observa con preocupación que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez con mayor frecuencia objeto de diversos actos de violencia […]

”28. El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas concretas y efectivas para aplicar plenamente en todos los estados, teniendo en cuenta las cuestiones de género, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de abuso contra periodistas y defensoras de los derechos humanos y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.2

Sumado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares para la protección de defensoras y/o sus familiares para garantizar su seguridad, en las que constan medidas de cumplimiento inmediato para los casos concretos que implicarían reformas estructurales a los sistemas de procuración y administración de justicia.

Tan sólo en 2018 destacan las medidas otorgadas por esa Comisión para los familiares de Yaneth González López, integrante del Movimiento de Unificación en la Lucha Triqui (MULT),3 así como para las defensoras y los defensores del Centro de Derechos Humanos Ku’untik4 y para Lucila Bettina Cruz, quien coordina el colectivo Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) e integra la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIITDTT).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha dictado medidas provisionales en casos como el de la defensora de derechos indígenas Margarita Martínez Martínez, quien fue detenida arbitrariamente, torturada y agredida sexualmente, por integrantes de la policía.5 Su caso fue documentado y atendido también por el Comité CEDAW, lo que le mereció al Estado mexicano el señalamiento de incumplimiento de la Convención.

Otros casos que han merecido medidas provisionales de la CoIDH han sido dictadas con motivo de las amenazas a la defensora Luz Castro Rodríguez, así como a muchas otras defensoras que han participado directamente en casos en los que el Estado mexicano ha sido sentenciado: Rosendo Cantú, Fernández Ortega, Campo Algodonero, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, entre otros.6

Un caso muy sonado fue el del asesinato de Bety Cariño Trujillo, mujer mixteca, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), atacada y ultimada en 2010 por un grupo paramilitar. Cariño defendía la soberanía alimentaria, el manejo del agua, la conservación de los suelos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en México.7

Recientemente, Obtilia Eugenio Manuel, coordinadora de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa, A.C. (OPIM), quien ya había recibido medidas provisionales de la CoIDH por su cercanía con los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, fue privada de su libertad en febrero de este año y presentada con vida cuatro días después.

De acuerdo con la organización JASS (Just Associates),8 Guatemala, Honduras y México encabezan la lista de casos de violencia contra mujeres, periodistas y activistas que se han reportado en la región. Para responder a esta crisis, JASS, junto a otras organizaciones, fundó y es parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD). En México, JASS colabora junto con la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Las iniciativas impulsadas solicitan enjuiciar los casos de violencia contra la mujer, así como diversas acciones a emprender por parte de la Fiscalía General de la República, las procuradurías generales de justicia, los tribunales locales y federales, entre otras. De manera principal, es necesario que las autoridades de procuración y administración de justicia adopten protocolos de investigación en casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual, de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la CoIDH en sus casos contenciosos contra México.

A los asesinatos y agresiones referidas antes se suman los de Marisela Escobedo, Josefina Reyes Salazar y muchas, muchas otras defensoras y periodistas que se convirtieron en defensoras por necesidad ante la violencia que las atravesó personalmente, más allá de su vocación —en cuyo caso tampoco merecían morir o ser agredidas—.

En este contexto de violencia, no sólo están en juego los derechos a la vida, a la seguridad personal y a una vida libre de violencia de las mujeres. También están en juego el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y de la sociedad en general.

A decir de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de las víctimas directas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que establecen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.9

Si el contexto de violencia obliga a las personas a convertirse en abogadas y abogados de sus propios asuntos por necesidad, reaccionemos al mismo contexto todas las personas con facultades para ello, convirtiéndonos en defensoras y defensores de derechos humanos por obligación y, en el mejor de los casos, también por solidaridad.

 

 


 

 

* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

1 “De sobrevivientes a defensoras: mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”, JASS Mesoamérica, junio de 2012, en https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/sp_nwi-mexico_centralamerica-lr.pdf.

2 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 25 de junio de 2018.

3 Resolución 68/18 MC 454/18: Marbeli Vivani González López y familiares de Yaneth González López.

4 Resolución 13/18 MC 361/17: Indígenas tsotsiles desplazados del ejido Puebla y miembros del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

5 CoIDH. Asunto Martínez Martínez y otros respecto de México. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1° de marzo de 2012.

6 CoIDH. Asunto Castro Rodríguez respecto de México. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de noviembre de 2017.

CoIDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C, Núm. 371.

CoIDH. Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C, Núm. 216.

CoIDH. Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C, Núm. 215.

CoIDH. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, Núm. 205.

7 Grieta, Medio para Armar, en https://www.grieta.org.mx/index.php/2019/03/25/a-9-anos-del-doble-asesinato-de-activista-sigue-la-injusticia-oaxaca/.

8 Just Associates, en https://justassociates.org/es/jass-mesoamerica.

9prueba genética en casos de desaparición. resulta contrario al derecho a la verdad requerirla a la víctima indirecta como condición para acceder a la averiguación previa.”

  

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado