Estándares internacionales para la protección de los periodistas

Estándares internacionales para la protección de los periodistas

 

Diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos han destacado ciertos aspectos en relación con los deberes de prevención que los Estados debieran adoptar en los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación y que requieren un trabajo institucional para su adopción y puesta en marcha. El autor nos habla de ellos.

 

Hace un par de años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó los Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia, relacionados con la violencia cometida contra periodistas y medios.1

En lo que se refiere al deber de prevención, la relatoría destacó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Agregó que esta obligación resulta particularmente importante en países en los que existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben que existe un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.

Es decir, la relatoría considera que en aquellos países o regiones en los cuales las y los periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra ese grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de protección de sus derechos humanos, por lo que en esas situaciones la ausencia de una política pública general en tal sentido puede resultar en una falta del Estado en el cumplimiento de su deber de prevención.

La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, donde se prevé: La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas”.2

En este sentido, los organismos internacionales han reconocido que estos deberes de prevención pueden llevarse a cabo a través de los siguientes cinco estándares.

1. Adopción de un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas3

Una de las maneras en que la violencia puede ser prevenida es que las autoridades asuman como una responsabilidad y un compromiso el respeto de los periodistas y los medios de comunicación, por lo que además de expresar públicamente que su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, deben abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios a un mayor riesgo de actos de violencia.

Este primer deber de prevención fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al resolver el caso Perozo y otros vs. Venezuela, donde analizó una serie de actos violentos de particulares contra el canal de televisión Globovisión que incluyeron agresiones físicas contra reporteros que cubrían eventos públicos, daños a equipos del canal y ataques contra sus instalaciones mediante granadas de fragmentación.

Los ataques a ese medio se dieron en un contexto en que altos funcionarios del gobierno se refirieron a los trabajadores de Globovisión como “enemigos del pueblo”, “fascistas” o “traidores”. Al respecto, la CIDH señaló que el Estado vulneró los artículos 5 y 13 de la Convención Americana, relacionados con la integridad personal y la libertad de expresión, pues las declaraciones de los funcionarios situaron a los empleados de Globovisión en una posición de mayor vulnerabilidad frente al Estado y a ciertos sectores de la sociedad.4

Es decir, señaló que las declaraciones públicas contribuyeron a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión por parte de ciertos sectores de la población frente a las víctimas, por lo que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión, la misma está sujeta a ciertas connotaciones con el objetivo de evitar que sus declaraciones expongan a los periodistas a un mayor riesgo de violencia.

En su sentencia, la CIDH también declaró al Estado responsable por el incumplimiento de su deber de garantizar la protección de los derechos humanos, ya que si bien no fue el responsable directo de las agresiones perpetradas por particulares en contra de trabajadores e instalaciones de Globovisión, no cumplió con su deber de garantizar esos derechos, establecidos en el artículo 1.1 de la Convención en relación con el artículo 13 del mismo ordenamiento, relativo a la libertad de buscar, recibir y difundir información.

Por ello, una de las propuestas hechas por la Relatoría Especial para prevenir este tipo de agresiones consiste en que las autoridades reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, además de condenar enérgicamente las agresiones contra los periodistas.

2. Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los periodistas y medios5

La debida capacitación a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra los periodistas.

Sobre el particular, la Relatoría Especial documentó numerosos ejemplos de presuntos actos de hostigamiento y violencia contra comunicadores y comunicadoras que intentaban dar cobertura informativa a las actividades de las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que recomendó capacitar a la fuerza pública en materia de libertad de expresión.6

De igual manera, en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, relacionado con un camarógrafo que fue atacado por integrantes del Ejército tras capturar imágenes de los militares agrediendo a personas que participaban en una manifestación pública, la CIDH ordenó como garantía de no repetición que el Estado incorporara en sus programas de educación en derechos humanos un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión y de la labor que cumplen los periodistas y los comunicadores sociales.7

De igual manera, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, de Europa, de la Comisión Interamericana y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron que se debería brindar capacitación adecuada sobre delitos contra la libertad de expresión, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género, dirigidos a los encargados de aplicar la ley.8

Una de las buenas prácticas reconocidas por la Relatoría Especial que guarda relación con este segundo deber de prevención es la adoptada por el Departamento de Policía de Nueva York.

Recordemos que en el marco de las protestas del movimiento Occupy Wall Street varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron arrestados y algunos sufrieron actos de violencia a manos de la policía, por lo que en ese contexto el Departamento de Policía publicó un memorando para recordar a los servidores públicos su obligación de cooperar con los representantes de los medios de comunicación que intentan dar cobertura informativa en el lugar donde se han producido incidentes y recordó el compromiso de respetar los principios de la libre prensa.9

3. Respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales10

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, por lo que es obligación del Estado hacer realidad esa protección.

No revelar la identidad de las fuentes de información incluye tanto la personalidad del comunicante como los elementos materiales integrantes de la información, como pueden ser anotaciones, grabaciones, material audiovisual, etcétera. La discreción sobre ambos elementos, el personal y el material, constituye la garantía básica que otorga carta de naturaleza a este derecho.

Las razones que motivan a mantener en secreto las fuentes son: protegerlas de posibles represalias por haber transmitido la información; salvaguardar la credibilidad en la discreción del periodista, y garantizar que la continuidad en el flujo de la información de interés público que es transmitida a los periodistas para su publicación no se vea interrumpida, con lo cual pueda verse disminuido el ejercicio de los derechos a comunicar y a recibir información.

En el sentido expuesto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Goodwin vs. Reino Unido, destacó que ese tipo de medidas son muy importantes para la libertad de expresión, pues su ausencia podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público. Por ello, determinó que el rol vital de vigilancia que desempeña la prensa podría verse frustrado y su capacidad de brindar información precisa y confiable se vería menoscabada si no existiera ese tipo de protección.11

4. Mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas12

Comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación es una condición fundamental para poder implementar políticas efectivas de prevención; por ejemplo, el diseño de mapas de riesgo confiables. Por ello, menciona que las autoridades deben producir datos de calidad que puedan ser usados para planificar adecuadamente los diferentes operativos de las fuerzas policiales, de forma que favorezcan las acciones de tipo preventivo frente a las de tipo represivo.

La relatoría destaca que el diseño y el mantenimiento actualizado de estadísticas e indicadores confiables sobre los diferentes factores que propician hechos violentos o delictivos constituye una herramienta insustituible para la implementación de un adecuado proceso de planificación estratégica, que representa una pieza clave de cualquier política pública.13

5. Obligación de sancionar la violencia contra los periodistas

Respecto de esta última obligación, la Relatoría Especial menciona que para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcionada al daño cometido.14

Algunas de las medidas que propone la relatoría consisten en reconocer en los códigos penales delitos específicos cometidos en represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en forma expresa o como una agravante que suponga la imposición de penas más severas por esos delitos.

Por su parte, en la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, los relatores especiales de la ONU, de Europa, de África y de la Organización de Estados Americanos sobre esta temática, señalaron que el Derecho penal debería reconocer una categoría específica de delitos contra la libertad de expresión —a saber, los ataques cometidos en represalia por el ejercicio de la libertad de expresión—, ya sea en forma expresa o como una circunstancia agravante que suponga la imposición de penas más severas para tales delitos, en razón de su gravedad.15

En nuestro país hemos logrado algunos avances en esta materia a nivel federal. El artículo 51 del Código Penal Federal, que determina las reglas generales de aplicación de las sanciones, establece, en sus párrafos segundo y tercero, que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. También menciona que se aumentará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.16

Como vemos, el Código Penal Federal establece agravantes cuando se cometan delitos dolosos en contra de comunicadores o instalaciones de medios, y que estén vinculados con su labor periodística, y también cuando el agresor sea un servidor público y la víctima sea una mujer. No obstante, la incorporación de delitos cometidos en contra de periodistas al catálogo de delitos federales no debe ser considerada por sí misma una solución a la problemática de fondo; la tipificación resultaría nula o deficiente si a la par no se realiza una investigación seria, diligente, oportuna y se juzga y se sanciona a los autores materiales e intelectuales de las agresiones que sufren evitando la impunidad.

Los estándares internacionales antes mencionados constituyen elementos importantes que todas las autoridades deben de tomar en cuenta para prevenir la violencia contra los periodistas y medios de comunicación. 


* Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid e investigador nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Es director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH.

[1] Violencia contra periodistas y trabajadores de medios. Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, CIDH, 2013.

2 Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), punto 1.6

3 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios…, op. cit., párrs. 34 y ss.

4 Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009, párrs. 139 y ss.

5 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios…, op. cit., párrs. 47 y ss.

6 Informe anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, párr. 821.

7 Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, párr. 277.

8 Declaración conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión. 25 de junio de 2012.

9 New York Police Department, memorando, noviembre de 2011.

10 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios…, op. cit., párrs. 52 y ss.

11 Cf. caso Goodwin vs. Reino Unido, 27 de marzo de 1996, párr. 39.

12 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios…, op. cit., párrs. 59 y ss.

13 Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, CIDH, 2009, párr. 187.

14 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios…, op. cit., párrs. 55 y ss.

15 Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad de Expresión, y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 25 de junio de 2012.

16 Código Penal Federal, artículo 51.

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