Fiscalía autónoma o control judicial y acción penal por particulares

Fiscalía autónoma o control judicial y acción penal por particulares

 

Frente a las voces que defienden la existencia de una fiscalía autónoma como remedio a la inseguridad que vive nuestro país, el autor sostiene, desde la perspectiva del procedimiento penal, que independientemente de que la fiscalía pueda depender del Ejecutivo, lo importante es que cuente con las herramientas jurídicas para defender sus decisiones.

 

 

En diversos escenarios es recurrente el tema de la “fiscalía autónoma”, que algunos asocian —entre otras cosas— con la inseguridad y la criminalidad. Otros afirman que su creación es indispensable, pues el llamado “nuevo sistema de justicia penal” no funciona. Preguntan respecto de quién debiera realizar la propuesta para la designación del fiscal, por tratarse de un ente administrativo autónomo. Para algunos otros, el fiscal no debe depender del titular del Ejecutivo, pues la investigación debe ser imparcial y ajena a todo tipo de “sesgos”; esto último, con espacios en medios de comunicación y en redes sociales, por los acontecimientos del día a día.

Al respecto emitimos nuestra opinión desde una perspectiva académica y con el enfoque en el procedimiento penal, en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales que desde junio de 2008 comenzó a regir la vida procesal penal en México, en forma paulatina y, a partir junio de 2016, en forma total.

De inicio, es indispensable establecer que las opiniones que aluden a la necesidad de contar con una fiscalía autónoma, por temas de inseguridad, si bien las respetamos no las compartimos, por la elemental razón de que una cosa es la seguridad pública (antes de la comisión de un delito), y otra, la investigación, en la que interviene la fiscalía. Es indispensable insistir, como lo acotamos en la práctica profesional, en el aula y en otros trabajos, que debemos separar cinco aspectos: prevención del delito, seguridad pública, investigación, impartición de justicia y Reinserción social. Luego, no es posible afirmar que diversas problemáticas que se relacionan con la función de otras autoridades correspondan a la fiscalía.

En relación con la idea de que es necesario crear una fiscalía autónoma, con el argumento de que el nuevo sistema de justicia penal no funciona, no la compartimos en absoluto, aunque guardamos la mayor consideración hacia quienes opinan la contrario.

Para contextualizar, y con la idea de dar el enfoque al tema que aquí dejamos a su amable consideración, diremos que, antes del inicio de trámite del proceso penal acusatorio, en tanto el denunciante advertía que, en su opinión, la institución de investigación (esto es, el Ministerio Público) no actuaba, podía invocar el amparo y la protección de la justicia federal. Además, cuando esa autoridad resolvía la investigación, en el expediente de averiguación previa debía notificar al denunciante en el supuesto de determinar la consulta de reserva o no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, para que estuviera en aptitud de inconformarse, si así lo creía conducente. Si no prosperaba esa inconformidad, podía recurria al principio de definitividad para estar en posibilidad de demandar el amparo.

Esto permite establecer que en la procuración de justicia, en el contexto del sistema tradicional, fue posible acotar la función del Ministerio Público mediante el establecimiento de un “contrapeso”, si el lector me permite la expresión, pues la determinación ministerial —dependiente del Ejecutivo— estaba sujeta al escrutinio del Poder Judicial Federal, por vía constitucional.

Es importante establecer que algunos colegas (no todos, pues hay abogados muy profesionales que merecen toda nuestra mayor consideración y respeto), al inconformarse por la determinación de la reserva o el no ejercicio de la acción penal, lo hacían con la reproducción del escrito de denuncia, con el argumento de que no había sido atendida; sin señalar —una vez que conocían la determinación— la diligencia que, en su opinión, no practicó el Ministerio Público o si tal o cual línea de investigación no fue agotada. Simplemente, interponían la inconformidad de manera genérica y de paso dejaban expedito el trámite para acudir ante el juez de garantías. Así, lo que no obtuvieron del Ministerio Público lo buscan en un tribunal constitucional.

En relación con lo anterior, conocimos abogados que, incluso, optaban por acudir a los entes administrativos de la procuraduría o de la fiscalía con una queja porque no habían sido “atendidos”, o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (u otra de alguna entidad federativa); insistimos, sin aporte alguno a la investigación. Y en eso, creemos, está el meollo del asunto. Justo ahí, pues los abogados civilistas, laboralistas, mercantilistas —entre otros— tienen la responsabilidad de acudir ante la autoridad a plantear su asunto con base en el estudio que debieron realizar atendiendo el planteamiento y la necesidad de quien los consultó, y como estrategia de litigio, por sus conocimientos y su dominio del tema, lo que por momentos parece no ocurrir en materia penal y todo queda en manos del Ministerio Público que, de entrada, en la mayoría de las sedes estuvo rebasado ante la falta de justicia alternativa y sin solución a las denuncias que llegaron a esperar, en algunos casos, muchos años.

Una vez que cambiamos al sistema penal acusatorio —respecto de la intervención del abogado de la víctima u ofendido— el esquema parece repetirse. En la tercera edición de La secuencia del procedimiento penal en el Código Nacional me referí a los “actos del Ministerio Público sujetos a control”. Ahí me ocupé del artículo 258 del Código Nacional, “Notificaciones y control judicial”, cuyo título no puede ser más claro, por ser un juez el que debe llevar a cabo actos de “control” por las investigaciones del Ministerio Público, en tanto: haya abstención de investigar, se resuelva el archivo temporal, se aplique un criterio de oportunidad y se dicte el no ejercicio de la acción penal.

Entonces, si en la carpeta de investigación el Ministerio Público opta por alguna de las determinaciones anteriores, la víctima u ofendido, por conducto de su asesor jurídico, podrá impugnar esa determinación con base en los elementos que considere que no se ajustan al contenido de su resolución o por deficiencias en la investigación, lo que hará ante el juez de control, quien convocará a una audiencia y resolverá en definitiva. Insistimos, el abogado que atienda la materia procesal penal deberá contar con los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan plantear esa impugnación y que cuente con una verdadera argumentación para confrontar el análisis y la decisión del juez; desde luego, cuidando siempre el interés de quien representa.

Luego, en el sistema tradicional, el juez Constitucional, y en la sistemática acusatoria, el juez de control (ambos integrantes del Poder Judicial), acotan la función del Ministerio Público, que pertenece a la fiscalía (dependiente del Ejecutivo). Así, el abogado que litiga la materia procesal penal debe ser proactivo y apoyarse en sus conocimientos en el tema, pues a él corresponderá, insistimos —como lo hacen los colegas civilistas, laboralistas y mercantilistas, entre otros—, plantear sus asuntos ante el juez al denunciar, dar seguimiento al trámite procesal e intervenir en el juicio, para dejar la costumbre (en muchos casos) de denunciar y demostrar que el Ministerio Público no hace nada y que la víctima u ofendido se halla en total abandono.

Cierto, no es lo mismo el trámite del proceso para todas las materias, pues cada una tiene su peculiaridad. Quizá en materia procesal penal lo relativo a los servicios periciales sea de especial relevancia y posea un papel preponderante en el juicio. Por cierto, es tiempo de retomar el tema de la creación de un Instituto de Servicios Periciales, independiente de las procuradurías y las fiscalías, que intervenga a petición del Ministerio Público y de la Defensa. Es decir, debemos explorar otros caminos de corte procesal que abonen al enriquecimiento de la materia y dejarnos de discursos y peroratas que, sin el ánimo de descalificar, poco o nada aportan al contenido jurídico procesal penal.

En nuestra opinión, debemos dar prioridad a lo anterior antes de insistir en una fiscalía autónoma, cuya constitución, de suyo, es muy compleja, hasta para quien haría la propuesta del fiscal, entre muchas otras complicaciones que taerían como consecuencia la inconformidad de muchos actores de la sociedad, pues la función que desempeñara ese tipo de fiscalía, incluso en países desarrollados, nunca ha dejado completamente satisfecho a nadie. Entonces, si se separara la fiscalía del Ejecutivo, ¿crearíamos un organismo paralelo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (u otra de alguna entidad federativa)? Sería obsoleto.

Por otro lado, la decisión de un juez tiene otro sentido. Insistimos, el tema de la fiscalía autónoma es para otros escenarios de discusión que no atañen al proceso penal.

Como alternativa procedimental podemos recurrir a la acción penal privada —aunque esta opinión pueda ser objeto de censura o de crítica (que, si es constructiva, será bienvenida)—, pues podríamos separar los delitos que se investigan por querella y los que se investigan de oficio. A los primero, en los que el sujeto pasivo es una persona física o moral, con los ajustes a la ley procesal, puede dársele trámite con base en la acción penal privada. Y los delitos que se investigan de oficio, en los que el sujeto activo atenta en contra de la seguridad —en su sentido más amplio sentido—, en los que haya afectación al orden social, el medio ambiente, etcétera, y en los que el sujeto pasivo es el Estado, serán de acción penal pública y deberán ser atendidos por las fiscalías (de la República o de las entidades).

Respecto de la acción penal privada, a la víctima u ofendido le interesará poco o nada la designación del fiscal o de quien encarne esa responsabilidad, que, sin duda, deberá estar bajo el escrutinio de los organismos reguladores, federal o locales, según la competencia.

Aún en esos supuestos, el juez de control estará atento a recibir cualquier impugnación, lo cual me permite subrayar que, con la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, queda de manifiesto que las funciones del Ministerio Publico están acotadas por el “control judicial”, como ocurre en México desde hace muchos años. Sin pasar por alto que el Ministerio Público “catea un domicilio”, “interviene alguna comunicación” y “cumplimenta una orden de aprehensión”, mientras que, en tanto lo permite la ley, las procuradurías o fiscalías realizan “arraigos”, lo que hacen sólo con la autorización un juez.

Es importante destacar que con la implementación del sistema penal acusatorio en México las cosas han cambiado, pues antes los agentes del Ministerio Público recibían una denuncia sobre un delito, sin que hubiera un detenido, y la integración del expediente de averiguación previa podía tardar años, en muchos casos. La dilación se debía a que, para acudir ante el juez, debían comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado con base en elementos objetivos, normativos, subjetivos y de presunta responsabilidad que, ahora, con el sistema penal acusatorio, aparecen en forma gradual, para que surtan efectos los principios de contradicción e igualdad. Así, al poco tiempo del inicio de la carpeta, los asuntos estarán a la vista el juez, con lo que esto implica para el Ministerio Público, que deberá respetar los plazos de la investigación complementaria y evitar que las denuncias se anquilosen en las procuradurías y en las fiscalías, como aconteció con el sistema tradicional.

Con ese sistema que abandonamos —que por cierto muchos añoran, quizá porque al no presentar las conclusiones de sus defendidos se tenían por presentadas las de inculpabilidad, aun cuando el abogado hubiese cobrado sus honorarios, o porque al expresar los agravios, si no se hacía con apego a las disposiciones legales, los propios códigos procesales mandaban suplir esas deficiencias, ante la torpeza (así lo dicen los códigos vigentes hasta antes del Código Nacional) del abogado— todas las bondades del nuevo sistema penal acusatorio habrían aparecido en segundo o en tercer plano y dado más relevancia —con base en críticas superficiales y sin análisis procesal— a esas peroratas de “la puerta giratoria”, “la fe del Ministerio Público”, “la carga de la prueba”, etcétera, no obstante que esos temas tienen su explicación en el plano procesal.

Insistimos, para el tema que nos ocupa aquí debemos dar relevancia a la acción penal por particulares, que en el capítulo III del título X del Código Nacional apareció en forma casi enunciativa y que a más de cinco años de la publicación del Código Nacional —junto con los criterios de oportunidad y el procedimiento para personas jurídicas— sigue en “sala de espera”.

Y subrayamos que la acción penal por particulares apareció en forma enunciativa, pues al analizar su procedencia, de acuerdo con el Código Nacional, pareciera que es preferible acudir por la vía del acuerdo reparatorio y hacer uso de esa salida alterna, que superar el trámite procesal en el que corresponde al particular acudir en forma directa ante el juez, con la obligación de soportar los datos de prueba que sustenten su acción y darle seguimiento. Aquí el actor será el abogado postulante de la materia procesal penal, y ya no el Ministerio Público, al que criticaron —a veces con razón— por su indiferencia.

Reiteramos: este proceso deberá realizarlo el asesor jurídico de la víctima u ofendido, observando las disposiciones correspondientes del procedimiento ordinario u optando por la justicia alternativa.

Hay que aclarar, sin embargo, que la acción penal por particulares sufrió una “parálisis” y ya no aporta a la sistemática procesal lo que debiéramos esperar de esa herramienta jurìdica, porque los abogados estamos distraídos en otros temas que si bien no debemos desestimar, aportan poco al enriquecimiento de nuestra materia.

Así, afirmar que ante la falta de una fiscalía autónoma habrá impunidad, es ignorar que la función del Ministerio Público siempre estuvo acotada por un juez de garantías y ahora lo está por un juez de control. Entonces, si hay impunidad será porque el abogado no dio seguimiento al asunto encomendado, ya sea que se trate de un abogado victimal, oficial o particular. ¿Qué pasa, que no desempeñamos adecuadamente la función de la abogacía y optamos por salidas poco profesionales? Al lenguaje procesal lo rebasa la arenga política.

Cierto, no podemos utilizar un rasero para todo y analizar de ese modo todas las materias procesales pues, por ejemplo, el proceso electoral, por su contenido y su alcance, requiere total autonomía. En el desarrollo de una elección, en la que participa el partido político al que pertenece el titular del Ejecutivo, federal o local, existe una serie de aspectos que requieren visualizarse desde una perspectiva distinta para transparentar al máximo sus resultados. Y aun ahí ocurre la intervención del Poder Judicial que, ajeno al procedimiento, y ante la petición de quien advirtió irregularidades, se ocupa de validar la participación tanto de los actores electorales, como de los alcances procesales del asunto de que se trata.

Debemos asegurar, con verdadera certeza jurídico-procesal, que en nuestros códigos, tanto del sistema tradicional como del proceso penal acusatorio, aparezcan las disposiciones que se tornan herramientas para acotar la función del Ministerio Público, bajo la nueva denominación de “control judicial”. Asimismo, debemos propiciar que la acción penal por particulares salga de la parálisis en la que se encuentra y buscar que sea una herramienta para acudir ante el juez, al margen de lo que deban hacer las procuradurías y las fiscalías para transparentar y agilizar sus trabajos. Así, y sólo así, potencializaremos al proceso penal en México.

Finalmente diré que, contrariamente a los que pugnan por una fiscalía autónoma, la fiscalía puede depender del Ejecutivo, pues cuenta con las herramientas jurídicas para defender sus decisiones, que controlará el juez, “para que no se mande sola”. La insistencia de quienes opinan que sea autónoma es muy respetable, si llena los espacios que creen que están vacíos. No obstante, mi opinión se basa en argumentos eminentemente procesales. Y aun así creo que cada quien tiene la mejor opinión y para mí todas las posturas merecen la mayor consideración.

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho procesal penal.

 

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