Hacia una nueva doctrina del juicio de amparo en México

Hacia una nueva doctrina del juicio de amparo en México
El juicio de amparo del siglo XXI se debe convertir en una auténtica garantía que tutele efectivamente los derechos fundamentales por la vía judicial, para lo cual es indispensable generar una nueva doctrina en materia de amparo. En este contexto, el autor examina las implicaciones de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 en la doctrina tradicional del juicio de amparo.

Que derivado de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011 tenemos el día de hoy una nueva Ley de Amparo y, en términos generales, un “nuevo” juicio de amparo, ya es un lugar común. No lo es tanto hablar de las implicaciones que eso ha tenido en la doctrina tradicional del juicio de amparo.

Sabemos de antemano que para México siempre ha sido un orgullo que el juicio de amparo, tal como lo conocemos, hubiera sido concebido aquí1 y prueba de ello ha sido la vasta —y muy buena— doctrina que al respecto ha sido generada en nuestro país. Sin embargo, para nadie es un secreto que el otrora juicio protector de garantías individuales ya no lo era tanto2 y de ahí la necesidad de reformarlo casi integralmente, al grado de que el día de hoy se advierte con nitidez, entre quienes nos ocupamos del amparo ya desde la academia, el litigio o la judicatura, la necesidad de generar nueva doctrina nacional sobre el papel que ahora debe jugar el juicio de amparo, derivado precisamente de ese nuevo entramado jurídico con que contamos en México.

Por eso, en este artículo trataremos de dar cuenta de la necesidad de visualizar desde la doctrina, con una óptica diferente, algunos puntos fundamentales del juicio de amparo que hasta antes de las aludidas reformas constitucionales se habían mantenido prácticamente incólumes. No se pretende cuestionar la “antigua” doctrina del amparo, sino más bien advertir la necesidad de reformular sus principales conceptos y —por qué no— generar nuevos, a través de la introducción de las novedades que consigo ha traído la ley publicada el 2 de abril de 2013.

 

¿Qué es el juicio de amparo?

Definiciones doctrinales sobre el juicio de amparo se han dado muchas.3 No es el ánimo de este trabajo generar una discusión sobre ellas. Más bien, lo que se pretende es destacar que el día de hoy esas definiciones, si bien constituyen una base, son insuficientes para delimitar la materia de estudio del amparo. Y lo son precisamente porque estamos frente a un juicio de amparo novedoso, que ha ampliado sus horizontes, despojándose de muchos prejuicios nacionalistas que antes le habían impedido evolucionar.

Bien lo ha dicho el ministro Arturo Zaldívar: “A la época del amparo nacionalista, cuya técnica se mitificó al grado de convertirse en un fin en sí mismo, le sucede ahora la época del juicio de derechos fundamentales”.4

Por eso lo primero que debe reformularse es su definición. Es necesaria una propuesta moderna, que incluya aquellos elementos novedosos que ha incorporado el juicio de amparo actual y que se deshaga de aquellos que ya no necesita. Un intento podría ser el siguiente: “El juicio de amparo es el medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos u omisiones provenientes de autoridades o ciertos particulares, previsto en favor de las personas (físicas o morales), cuyo objetivo es proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte”.

Desde luego, y como toda definición que se pretenda dar desde la academia, no es una respuesta acabada, pero sí puesta a discusión con el fin de generar más y mejores propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia la construcción de una doctrina moderna del juicio de amparo, tomando en consideración conceptos que se han introducido recientemente en el lenguaje jurídico de nuestro país, como el control de convencionalidad difuso y ex officio y el reconocimiento —que no otorgamiento— de derechos humanos, entre otros.

 

¿Y los principios?

Como en cualquier otra materia, los principios fundamentales del juicio del amparo son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y la resolución de un proceso. Su obtención derivó de una intelección de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tanto su contenido como sus alcances y excepciones habían sido sistematizados por la doctrina nacional con base en dichos numerales.

Tradicionalmente, se ha sostenido que los principios rectores del juicio de amparo son: a) instancia de parte agraviada, b) definitividad, c) relatividad de las sentencias (Fórmula Otero), d) estricto Derecho y e) agravio personal y directo. Sin embargo, podemos decir que de esos cinco principios rectores, cuando menos dos han sido seriamente trastocados al día de hoy —al grado de que prácticamente ya no son principios— y uno más ha empezado a debilitarse. Veamos.

El principio de estricto Derecho significó que el juez de amparo debía limitarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados por el quejoso en los conceptos de violación expresados en la demanda, y si se trataba de un recurso, en que el revisor se limitara a apreciar la resolución recurrida tomando en consideración únicamente los agravios.

Su excepción había sido la suplencia de la queja, la cual se define como el acto por el cual el juez de amparo integra a la litis constitucional las omisiones cometidas por el quejoso al expresar los conceptos de violación en la demanda de amparo, para ser tomadas a su favor al momento de emitir la sentencia, en caso de detectarse motivo para ello.

Ahora bien, si revisamos en el artículo 79 de la Ley de Amparo actual las hipótesis en que procede la suplencia de la queja en favor del quejoso, podemos ver que esta se da:

“I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito. La jurisprudencia de los plenos de circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes.

”II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y el desarrollo de la familia.

”III. En materia penal:

”a) En favor del inculpado o sentenciado.

”b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente.

”IV. En materia agraria:

”a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley.

”b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

”V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el Derecho laboral o por el Derecho administrativo.

”VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

”VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.”

Lo anterior nos deja ver que, en la actualidad, el ámbito de materias por resolverse en un juicio de amparo en estricto derecho son muy limitadas, pues se circunscribe a los casos en materia civil, mercantil, administrativo (con todas sus ramificaciones) y laboral cuando quien acuda como quejoso al amparo sea la parte patronal, pero dejando abierta la puerta para que incluso en ciertos casos de dichas materias pueda llegar a suplirse la queja deficiente por el juzgador siempre que el quejoso se ubicase en alguna de las hipótesis de las fracciones I, VI y VII de la ley.

Así, cabría preguntarse si al día de hoy el principio rector en la gran mayoría de los juicios de amparo en realidad es la suplencia de la queja, y su excepción el estricto derecho, pues en definitiva, al ser el juicio de amparo la última línea de defensa de los derechos de las personas —al menos en sede nacional— se debe procurar en su mayor amplitud la suplencia de la queja para evitar que por errores del abogado del quejoso, éste vea consumada la violación a sus derechos fundamentales.

Por otra parte, el principio de agravio personal y directo, en su formulación clásica, significó que la persona que promueve el amparo debía ser aquella que sufría directamente la violación de sus derechos por un acto de autoridad. Para lo anterior era necesaria la acreditación del interés jurídico, pues sólo a través de éste el quejoso podía demostrar haber sufrido de forma directa un perjuicio en su esfera de derechos.

En ese sentido, el interés jurídico se ha definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales cometido directamente en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto u omisión de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular.

Dicho principio ya no puede seguir siendo formulado. Lo anterior es así merced a que a raíz de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 se introdujo a la acción de amparo la posibilidad de promover el mismo, no exclusivamente a través de la acreditación del interés jurídico, sino también a través del interés legítimo, el cual, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación,5 se define como la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico (derecho subjetivo); esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de manera que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

De acuerdo con lo anterior, tenemos que para el quejoso ya no es necesaria —al menos en amparos promovidos en contra de actos provenientes de autoridades jurisdiccionales— la acreditación de un agravio o perjuicio directo en su esfera de derechos, pues basta la demostración de una afectación —aun indirecta— para contar con legitimación activa en el amparo; de ahí que se sostenga que el principio de agravio personal y directo no pueda seguir formulándose al día de hoy como tal.

De igual modo, tenemos que el principio de relatividad de las sentencias, también denominado “Fórmula Otero”, ha sufrido una mengua significativa en sus alcances.6

En efecto, dicho principio —si acaso uno de los más criticados desde antaño en el juicio de amparo por la desigualdad que genera— rezaba que las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo únicamente se ocuparían de los individuos particulares o de las personas morales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versara la demanda, sin posibilidad de hacer una declaratoria general respecto de la ley o acto que la motivare.

De entrada, la sola lectura de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada el 6 de junio de 2011, nos deja ver que ya no incluye la parte final de dicho principio, pues ahora existe la figura denominada “declaratoria general de inconstitucionalidad”, que establece que cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración de criterios, en la que se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá notificarlo a la autoridad emisora, y si transcurren 90 días sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, el Máximo Tribunal del país emitirá, siempre que lo aprueben ocho ministros, la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo fin es dejar sin efectos generales la norma declarada como inconstitucional, lo que significa que dicha norma ya no podrá aplicarse en lo sucesivo a ninguna persona que se encuentre en el territorio nacional.

Pero, además, una razón más para considerar ya debilitada a la “Fórmula Otero” vendría cuando en el juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos cuya naturaleza sea eminentemente colectiva (derecho al medio ambiente, al agua o a la educación, por ejemplo), ya que en estos casos los efectos de la sentencia concesoria del amparo, por lo general, beneficiarán a una colectividad y no solamente a la persona que impetró el amparo, precisamente por la naturaleza de los derechos protegidos en la sentencia.

De hecho, la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de relatividad de las sentencias no debe ser pretexto para no otorgar la protección de la justicia de la Unión cuando se reclamen derechos cuya naturaleza es eminentemente colectiva, como se advierte de la siguiente tesis: “improcedencia del juicio de amparo. no puede alegarse violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello, sobreseer en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para declarar improcedente el juicio de amparo, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, debe realizarse un ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos con la finalidad de determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe hacerse un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y su afectación, para determinar si la autoridad responsable puede repararla. Sin embargo, no es posible alegar la violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello, sobreseer en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la educación, pues la aceptación de dicho interés genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del quejoso, por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las sentencias como causa de improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la obligación de las autoridades de garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en relación con el artículo 17 constitucional, que garantiza una tutela judicial efectiva. Así, buscar las herramientas jurídicas necesarias constituye una obligación para el órgano jurisdiccional de amparo, para que, una vez identificada la violación a los derechos humanos, su decisión pueda concretar sus efectos.”7

 

A manera de conclusión

Es patente la necesidad de generar una nueva doctrina en materia de amparo. No podemos pretender avanzar en la praxis hacia un juicio de amparo del siglo XXI, si los cimientos científicos continúan estancados en el siglo XX o, peor aún, en el siglo XIX.

En este breve trabajo únicamente pretendimos dar cuenta de los botones de muestra que nos permitan palpar lo anterior. Dejamos en el tintero temas torales como la nueva forma de entender la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, el significado de que el juicio de amparo hubiera ampliado su espectro de una mera protección de garantías individuales hacia una auténtica garantía de derechos fundamentales, o bien, las modernas formas de reparar en el goce del derecho fundamental violentado a los quejosos, provenientes principalmente del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En ese sentido, recurrimos nuevamente al ministro Arturo Zaldívar: “La nueva legislación de amparo no es una obra acabada, sino un entramado normativo a partir del cual jueces y académicos tendremos que ir construyendo interpretaciones, a fin de que se convierta, en definitiva, en un instrumento eficaz para la protección de los derechos fundamentales”.8

En definitiva, necesitamos empezar a construir una doctrina nacional del moderno juicio de amparo que nos permita ubicarnos en lo que Luigi Ferrajoli ha denominado un “modelo garantista de la democracia constitucional”, pues el juicio de amparo del siglo XXI se debe convertir en una auténtica garantía que tutele efectivamente los derechos fundamentales por la vía judicial.

Por lo anterior, en concordancia con la visión de Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil,9 el juicio de amparo debe colocarse ahora como una especie de extensión del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y es bajo esa visión con la que los académicos deberán construir ahora nuevas interpretaciones doctrinales del amparo y los juzgadores resolver los casos sometidos ante su potestad. Es tarea de todos.

 

NOTAS

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctorando en ciencias penales y política criminal en el INACIPE.

1 El juicio de amparo, como lo conocemos, se instituyó por primera vez en México en la Constitución Política del Estado de Yucatán, el 31 de marzo de 1841, a instancias del jurista yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá.

2 Un estudio realizado entre 2005 y 2008 reflejó que en México 69.2 por ciento de amparos promovidos fueron sobreseídos y en el resto (30.8 por ciento) se entró a un estudio de fondo. Es decir que siete de cada 10 amparos no dilucidaron si existió o no un acto conculcatorio de garantías individuales. Véase Julio Bustillos, La justicia constitucional en México. Análisis cuantitativo de las resoluciones judiciales en materia constitucional, IIJ-UNAM, México, 2009.

3 Desde mi punto de vista, sin perjuicio de otras muy buenas, la definición más completa que del juicio de amparo se había otorgado se puede consultar en: Juventino V. Castro, Garantías y amparo, Porrúa, México, 2000.

4 Arturo Zaldívar, “Prólogo”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, Porrúa-UNAM-IMDPC, México, 2013, p. xvi.

5 Es importante consultar la contradicción de tesis 111/2014 resuelta por el pleno de la SCJN en sesión del 5 de junio de 2014, en la cual definió —en abstracto— lo que debe entenderse por interés legítimo, pues será a partir de ese criterio de donde los juzgadores federales deberán partir para empezar a definir casuísticamente si se acredita o no dicho interés en un determinado caso.

De esa resolución surgió la jurisprudencia emitida por el pleno, décima época, registro 2007921, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, que reza: “interés legítimo. contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo (interpretación del artículo 107, fracción i, de la constitución política de los estados unidos mexicanos)”.

6 No se puede decir que éste ha desaparecido, pues aún el día de hoy podemos encontrar ejemplos claros de los efectos de dicho principio. Para muestra, basta observar la discusión que generó el amparo en revisión 237/2014 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 4 de noviembre de 2015, en el cual un sector desinformado de la población pensó que se había “legalizado” el consumo de la marihuana, siendo que por el principio de relatividad de las sentencias, esto sólo era así para las personas que promovieron dicho amparo, sin que ello hubiera significado la legalización general para la población.

7 Tesis 1a. CLXXIV/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2009192, primera sala, libro 18, mayo de 2015, tomo I, p. 440, tesis aislada (común).

8 Arturo Zaldívar, “Prólogo”, op. cit., p. xv.

 

9 Uno de los más serios estudios doctrinarios que han sido expedidos con base en la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 y la Ley de Amparo publicada en 2013. Véase Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y Rubén Sánchez Gil, El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, Porrúa-UNAM-IMDPC, México, 2013.

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