Igualdad de género en el Poder Judicial: una propuesta demagógica

Igualdad de género en el Poder Judicial: una propuesta demagógica

 

El autor de este artículo analiza la reciente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila para impulsar la integración paritaria de género en ese poder y concluye que se trata de una propuesta demagógica y tendenciosa: la igualdad de género existe aquí desde hace mucho tiempo.

 

 

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, supuestamente para impulsar la integración paritaria de género en ese poder, cuya esencia una vez más demuestra desconocer, no puede calificarse sino como demagógica porque, apoyado en medias verdades e ignorando el trasfondo del problema, oculta que en realidad lo que busca es dividirlo, debilitarlo y someterlo, por ser el único que puede servir de contrapeso a la fuerza avasalladora del partido político al que pertenece, dueño ya del Ejecutivo y el Legislativo.

En principio, conviene hacer notar que la igualdad de género que, como derecho humano, consagran los artículos concordados 1º y 4º constitucionales, está plenamente garantizada en el Poder Judicial de la Federación, muy por encima de lo que acontece en los otros poderes, en especial en tratándose de la carrera judicial que es a la que se refiere la iniciativa, ya que mujeres y hombres que ocupan las diversas categorías que la integran tienen los mismos derechos y obligaciones, perciben iguales salarios y prestaciones, sus horarios de trabajo no son diferentes y, sobre todo, tienen las mismas posibilidades de ascender a los cargos terminales de juez de distrito y magistrado de circuito, sin discriminación alguna.

De ahí que los tratados internacionales, que con la clara intención de impresionar son citados en la iniciativa, no vengan al caso, pues si bien la mayoría incide en problemas de las mujeres, el tema es el de las juzgadoras federales, y en un exceso notoriamente demagógico incluye el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.

En cuanto a la paridad a que se refiere, de la que cita como ejemplo la composición del Congreso de la Unión, forzada a través de lo que denomina acciones afirmativas, que sólo son susceptibles de adoptarse en órganos tan numerosos como las cámaras, en las que no existen exigencias mayores para seleccionar candidatos —lo que se ha hecho incluso por medio de tómbolas—, denota la impericia, la improvisación, la inexperiencia y hasta la ignorancia de algunos de sus miembros. Además, esa paridad es un tanto ficticia ya que, si bien el número de legisladoras y legisladores es similar, las decisiones las toman las cúpulas partidistas en las que poca o ninguna participación tienen las mujeres.

Esa ligereza en la selección no es dable en la carrera judicial federal, en la que, por disposición de la ley, todos sus integrantes, mujeres y hombres, deben ser licenciados en Derecho, exigencia con frecuencia rebasada en atención a que, por un loable esfuerzo de superación profesional, muchos han obtenido grados académicos de maestros o doctores en Derecho.

Ahora bien, la plataforma para ascender a los cargos terminales de juez de distrito y magistrado de circuito a través de concursos de oposición la conforman las categorías secretariales especificadas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para cuyo acceso se requiere la acreditación de un examen de aptitud. En esa plataforma de despegue el número de integrantes por género es semejante, ya que de 3,459 secretarios de juzgados de distrito, 1,999 son hombres y 1,460 son mujeres, mientras que en los tribunales colegiados y unitarios de circuito, de 4,195 secretarios 2,287 son hombres y 1,908 son mujeres, lo que equivale, en números redondos, a 42.3 por ciento de éstas en el primer caso y a 45.5 por ciento en el segundo, de manera que la paridad es similar a la del Congreso, con la diferencia de que en el Poder Judicial no es forzada sino que corresponde al espacio que las mujeres se han abierto con estudio, esfuerzo y dedicación durante muchos años de servicio.

En forma tendenciosa la iniciativa destaca la desproporción entre el número de mujeres y hombres designados jueces de distrito y magistrados de circuito en el periodo 2014-2017, soslayando el número semejante de secretarias y secretarios potenciales aspirantes al primero de esos cargos, que es la base para ascender después al segundo, y pasando por alto la absoluta igualdad en que unas y otros pueden concursar para ocuparlo. Además, ignora que si las designaciones han recaído mayormente en varones es porque las mujeres, a pesar de las excitativas para que concursen, por variadas razones —todas respetables— deciden no hacerlo y eso es lo que provoca la disparidad en la designación de jueces, que trasciende después en la de magistrados.

Un ejemplo claro de la anterior es el trigésimo séptimo concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito que se está celebrando actualmente, al que se inscribieron 38 aspirantes a ocupar las 30 plazas concursadas, de los cuales 32 son hombres y seis son mujeres, por lo que, en el resultado final, cualquiera que sea, nunca podrá haber paridad de género. Más aún, de esos aspirantes, 37 superaron la primera etapa, entre ellos las seis mujeres, lo que demuestra que ambos están igualmente capacitados, por lo que si aquéllas no participan en mayor número es simple y sencillamente porque no desean hacerlo. Luego entonces, en el Poder Judicial de la Federación la paridad no puede imponerse por decreto y la desigualdad obedece a motivaciones socioculturales cuya superación debe buscarse con estrategias que consideren las razones de fondo, no con demagógicas imposiciones que entrañan graves riesgos por las exigencias de los cargos terminales de la carrera judicial, que no admiten improvisaciones.

Desde luego que la solución no es la celebración de concursos sólo para mujeres, para forzar una paridad en el número de jueces de distrito y magistrados de circuito, porque concursos de esa naturaleza resultarían discriminatorios de los varones y, por ende, contrarios a la Constitución, además de denigrar a la mujer al dar a entender que no está en condiciones de competir en igualdad de circunstancias con los hombres, lo cual ya hemos demostrado que no es así.

Con respecto a la escasa presencia de mujeres en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que hacer notar que el primero, correspondiendo al Senado nombrar a dos de sus integrantes, desde su fundación en 1995, nunca ha designado a una sola mujer, y en cuanto a los otros dos órganos, no debe perderse de vista que es el Senado el que, en definitiva, nombra a sus integrantes, por lo que si el número de magistradas electorales y ministras de la Suprema Corte resulta menor que el de sus pares varones, se debe a las decisiones tomadas por el propio Senado.

Amerita comentario aparte y destacado la pretensión de la iniciativa de garantizar en la elección del presidente de la Suprema Corte la alternancia de género, porque no sólo es demagógica sino que también implica una grosera intervención en la vida interna del más alto tribunal de la República, que atenta contra su independencia y contraviene el principio constitucional de división de poderes al pretender obligar a los ministros a votar en un sentido determinado con base en el concepto de género, vulnerando la libertad absoluta que tienen para elegir como presidente al que consideren con mejores aptitudes para el cargo, sea hombre o mujer.

De seguir tan aberrante criterio, el siguiente paso sería establecer la alternancia de género en la titularidad del Ejecutivo, induciendo así el voto en contra de la libertad irrestricta —derecho humano fundamental para la vida democrática del país— que tenemos todos los mexicanos de elegir como presidente de la República al que consideremos mejor candidato, con independencia del género.

En conclusión, si en el Poder Judicial de la Federación y, en especial, en las categorías integrantes de la carrera judicial, existe la equidad de género en su máxima expresión, el problema de la paridad en la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito obedece a factores socioculturales que nada tienen que ver con falta de oportunidades o con desigualdades, sin que sea dable establecerla por decreto debido a la preparación y la alta especialización que se requiere para ocupar cargos tan importantes para dar seguridad jurídica a los mexicanos y preservar el Estado de Derecho.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM.

  

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado