Interpretación y límites de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Interpretación y límites de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

No puede hablarse del control de convencionalidad en materia de derechos humanos sin que se establezca una disposición de carácter legislativo que salvaguarde la soberanía nacional y pondere si un criterio jurídico ajeno a nuestras leyes efectivamente está más a favor de la persona, afirma el autor, al advertir sobre el riesgo de que se planteen como estándares universales criterios sólo aplicables a realidades específicas.

 

  

Bajo la perspectiva del Derecho internacional no cabe duda de que las decisiones de los tribunales internacionales son consideradas, de manera general, como obligatorias. Ésta, incluso, es una de las principales características que distingue a las decisiones tomadas por medios judiciales de las decisiones tomadas en el ámbito de otros medios de solución de controversias.

                                              

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es el tratado internacional que fundamenta el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De ese instrumento surge el órgano jurisdiccional competente para conocer de violaciones a derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se instaló en 1979.

           

Incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Convención asigna a la Corte IDH una función contenciosa o jurisdiccional y otra consultiva. El ejercicio de la primera le permite a la Corte IDH resolver la demanda contra un Estado parte por violaciones de derechos o libertades protegidos por la Convención.      La función consultiva, por otro lado, es ejercida por la Corte IDH a través de la emisión de opiniones consultivas en las que establece la interpretación de cláusulas de la Convención y de cláusulas de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos.             

  

El control de convencionalidad en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su recepción por los tribunales nacionales

Uno de los principios que con más fuerza se viene imponiendo en la jurisprudencia interamericana es el llamado “control de convencionalidad” que, como veremos, reafirma la primacía que ostenta el Derecho internacional de los derechos humanos, reclamando en los jueces nacionales ya no sólo ponderar la legalidad de una norma en cuanto su adecuación con la Constitución nacional (control de constitucionalidad), sino analizar su conformidad con aquellos parámetros convencionales y jurisprudenciales derivados del sistema internacional.

Este criterio quedó firme mediante la siguiente jurisprudencia: “jurisprudencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos. es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona”.

 

Tratados internacionales y sus límites

La interpretación constitucional, al fijar el alcance de un determinado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe atenderse a los principios establecidos en ella, arribando a una conclusión congruente y sistemática.

A lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó en jurisprudencia definida el siguiente criterio: “El primer párrafo del artículo 1o constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material”.

Este criterio quedó asentado en la siguiente jurisprudencia: “derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”.

Sobre la base argumentativa de esa resolución, la primera y segunda salas continuaron construyendo criterios sobre las restricciones constitucionales. Comenzaron a introducir nuevos paradigmas como el de aplicación de los artículos 29, 30 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la oposición de los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetro de validez de la construcción de una restricción constitucional a los derechos humanos. Tras casi cinco años de vigencia estricta del criterio que nació a partir de la contradicción de tesis 293/2011, una visión como aquella que propuso el ministro Cossío Díaz en su voto disidente comenzó a ser adoptada por la Segunda Sala de la Corte al resolver temas de restricciones constitucionales, que dio como resultado el siguiente criterio de carácter jurisprudencial: “restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades. su contenido no impide que la suprema corte de justicia de la nación las interprete de la manera más favorable a las personas, en términos de los propios postulados constitucionales”.

“Conforme a lo resuelto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada; lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados.”

La Jurisprudencia anterior sí es convincente, solamente que conlleva la inminente y continua intención de derogar ya no sólo las leyes secundarias mexicanas, sino también la propia Constitución, atentándose con ello a la soberanía nacional, pues en atención a los principios de convencionalidad, ya todas las resoluciones practicadas por las autoridades mexicanas tienen que ser sometidas a un control de constitucionalidad, bajo las reglas de razonabilidad y proporcionalidad; lo cual contribuye a cambiar nuestro sistema legal, pues estamos adquiriendo criterios jurídicos de todo el mundo; sin tomar en cuenta, primero, si dichos criterios serán aceptados y realmente beneficiosos para el pueblo mexicano, pues recordemos que cada país tiene una historia y unas costumbres diferentes, por lo cual nunca podrán tener las mismas leyes y también debemos tomar en cuenta que las leyes son reflejos de la historia de un pueblo.

Ahora bien, si bien es cierto que los derechos humanos están basados en valores universales, hay que estudiar muy bien si los valores que se importan de otro país no chocan o destruyen valores más importantes para el pueblo mexicano, según sus usos y costumbres, y que puedan traer como consecuencia un mal o un desequilibrio en la seguridad pública, en la libertad, en la economía y aun en el núcleo y la integridad familiar.

Por ello se debe tener el mayor cuidado antes de importar un criterio extranjero; se debe ponderar con nuestras leyes y nuestros principios, y si vemos que es realmente beneficioso para nuestra nación, entonces sí, adquirirlo; pero reformando las leyes y, si es necesario, la propia Constitución; pero no importarlos de una manera indiscriminada e irresponsable, desconociendo y derogando automáticamente las propias leyes o la Constitución, ya que ello podría traer grandes males.

Por lo mismo, el alcance del examen de convencionalidad que propugna la Corte debiera incorporar una diferenciación clara a este respecto y evitar plantear como estándares universales criterios sólo aplicables a realidades específicas.

Además de que con ese criterio se estaría desconociendo la jurisprudencia de la Suprema Corte que señala que la obligación de las autoridades jurisdiccionales, contenida en los artículos 1o y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente. Esta jurisprudencia se enuncia como sigue: “jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación. no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía”.

En razón de todo lo anterior se debe llegar a la conclusión de que una reforma constitucional sólo podría ser efectuada con base en un tratado en materia de derechos humanos, en la medida en que éste implique una mayor protección y garantía de esos derechos, no pudiendo desmejorar su situación jurídica actual.

Así, las normas de derechos humanos de un tratado sólo pueden ser declaradas inconstitucionales por atentar o menoscabar la esencia de los derechos, ya que al introducir un nuevo derecho se puede transgredir en su esencia un derecho originario y previamente incorporado, por deteriorar los derechos ya incorporados a la Constitución o por desconocer o menoscabar las garantías constitucionales de los derechos asegurados constitucionalmente.

 

Corolario

Resulta verdaderamente alarmante ver cómo, en la actualidad, en el país se está autodestruyendo el debido proceso en México.

Las autoridades, en general, y esencialmente en el Poder Judicial, so pretexto de aplicar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por encima de la legislación mexicana, indiscriminadamente someten al pueblo de México a criterios sentados a nivel mundial, lo cual propicia que las autoridades y las partes corruptas, sin salvaguardar los intereses de las partes en un juicio, aprovechen el amplio margen que los derechos humanos les dan para ajustar la legislación mexicana a su modo, sin importarles que la justicia sufra un resquicio.

Lo anterior, en virtud de que el hecho de aplicar en su amplitud total un criterio previsto en un tratado internacional o en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trae como consecuencia que se rompa el principio de Derecho que señala que “el derecho de cada quien, termina donde principia del derecho de los demás”.

Como ejemplo palpable tenemos el aborto, que, con base en criterios internacionales, se pretende sea despenalizado, sin tomar en cuenta que la mujer únicamente tiene derecho a su cuerpo, mientras no ataque los derechos de los demás, y el producto de la concepción es un ente que tiene vida propia, aunque en el momento de la gestación dependa de la madre para su supervivencia. Y si dicha entelequia tiene vida propia, ya no le pertenece a la madre; y ni ésta ni nadie, salvo casos extremos, tiene derecho a destruirla.

Por ello urge un criterio de carácter legislativo, que con el fin de salvaguardar la soberanía nacional, y tomando en cuenta los estatutos de los tratados internacionales, establezca que antes de que se acepte un criterio ajeno a nuestras leyes en primer lugar se deberá ponderar, con nuestro sistema legislativo, si dicho criterio está más a favor de la persona. Antes de aplicarse debe existir una reforma sobre dicho artículo o criterio que se pretenda sustituir o incorporar. Y sólo entonces podrá aplicarse en la República mexicana. Además, lo anterior es sumamente necesario para acabar con el actual quebrantamiento de los principios universales de debido proceso y seguridad jurídica.

 

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se desempeñó como secretario del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Distrito con sede en Monterrey, Nuevo León. Actualmente se dedica al litigio.

 

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