Invirtiendo el “principio de precaución”

Invirtiendo el “principio de precaución”

 

A partir del análisis del principio de precaución —que se utiliza como justificación para prohibir o no aprobar un determinado producto o actividad sobre cuyo impacto en la salud o en el medio ambiente hay cierto grado de incertidumbre—, la autora propone invertir el enfoque con el que habitualmente se aplica, con el propósito de que no se pierda la posibilidad de prevenir perjuicios a la salud o al medio ambiente, al tiempo que se favorece la innovación en beneficio de los consumidores.

 

El principio de precaución (PP), recogido por primera vez en el Principio Quince de la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo1 e incorporado posteriormente en otras guías para la elaboración de regulación —sobre todo ambiental— como el Comunicado de la Unión Europea sobre el Principio de Precaución2 o el Marco para la Utilización de Precaución en Procesos de Decisión sobre Riesgos con Bases Científicas del Gobierno de Canadá,3 es una —entre varias— estrategia de administración de riesgos que permite a los gobiernos intervenir en una actividad o materia a través de regulación de manera preventiva y aun cuando haya incertidumbre sobre el nivel de riesgo que esa actividad entraña.

En virtud de este principio el gobierno está facultado para prohibir o restringir el uso, fabricación o comercialización de determinados productos, aun cuando no se sepa si causarán un daño (al medio ambiente, a la salud, etcétera), pero pueda anticiparse que así será y deba evitarse. Así, según la versión estricta del principio, adoptar regulación con base en el PP debe ser siempre la alternativa que tome un gobierno, antes de que el producto o la actividad estén en el mercado, cuando está en presencia de una actividad o producto que puedan causar daños. De acuerdo con la versión más laxa de ese principio, en cambio, el gobierno puede decidir cuándo es conveniente regular con base en el PP. En el primer caso (versión estricta) corresponde a la industria probar a satisfacción del gobierno que el producto o actividad son seguros, que los beneficios exceden los posibles daños o que la actividad se realizará de acuerdo con ciertos parámetros de seguridad. En cambio, en la segunda (versión flexible), la carga de la prueba le corresponde al gobierno. En pocas palabras, el PP puede enunciarse superficialmente como “más vale prevenir que lamentar”.

 

El PP, un recurso político

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