Jueces constitucionales y pandemia

Jueces constitucionales y pandemia

 

Con motivo de la contingencia por coronavirus que sacude a nuestro país, algunos ciudadanos han acudido al juicio de amparo para reclamar acciones u omisiones de las autoridades federales y locales respecto del derecho a la protección de la salud. En este artículo, los autores analizan la labor que debe desempeñar el juez constitucional frente a este tipo de reclamos.

 

 

El 30 de enero de 2020, la epidemia del Covid-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Posteriormente, el 11 de marzo de ese año, la propia organización declaró a esa epidemia como una pandemia, pues en esa fecha ya existían 118,000 casos de esa enfermedad y 4,291 personas habían perdido la vida.1

Frente a esa declaración cabe preguntarse: ¿una pandemia trae consigo, por sí misma, la adopción de medidas excepcionales para restringir o suspender ciertos derechos?

Para dar respuesta a esa interrogante resulta oportuno tener presente que, como lo sostienen los constitucionalistas Alfonso Herrera y Eduardo Ferrer Mac-Gregor,2 “una cosa es la situación fáctica de grave riesgo para el orden constitucional, que da lugar a la declaración de excepción o de emergencia, y otra cosa diferente es la suspensión de derechos, que sólo puede ser una consecuencia de aquella primera declaración”. Lo que lleva a considerar que una emergencia de salud pública, como la pandemia declarada del Covid-19, no necesariamente supone la suspensión o la restricción de derechos o garantías a que hace referencia el artículo 29 constitucional, a través de la emisión del decreto suspensivo respectivo, precepto constitucional cuyo texto sujeta la suspensión de derechos o garantías a alguno de los siguientes supuestos: a) invasión, b) perturbación grave de la paz pública o c) de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, señalando entre las autoridades competentes para ese efecto sólo al presidente de la República, quien emitirá el decreto suspensivo y actuará con la aprobación del Congreso de la Unión (o, en su caso, de la Comisión Permanente, cuando aquél no estuviere reunido), y, con posterioridad, se sujetará a un control judicial a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al prever un control oficioso e inmediato a su cargo.

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