La prisión preventiva oficiosa

La prisión preventiva oficiosa

 

Antiguamente se pregonaba: el “juicio que no empieza por la detención, nunca alcanzará al ladrón”, queriendo significar que si el autor del hecho delictivo no es privado de la libertad para enjuiciarlo, nunca se cumplirán los fines del proceso.

  

Así planteadas las cosas, habrá no obstante que caminar con cuidado, porque bien visto el asunto, para determinar si efectivamente se trata del ladrón, previamente habrá que someterlo a juicio y sólo después de ello se podrá estar en posición legal que justifique su detención, lo cual descarta la detención para investigar, como el signo opuesto al investigar para detener. El problema entonces es determinar si efectivamente es el inculpado autor del delito, porque sólo en ese caso estará justificada la utilización en su contra de medidas coactivas por parte del Estado.

No podría ser de otra forma la solución, si se tiene presente que el objeto principal del proceso penal consiste en resolver el conflicto de intereses surgido entre el inculpado, a quien se atribuye la comisión del hecho delictivo, y la sociedad, representada por el Ministerio Público, afectada por la comisión del delito.

Ha sido muy criticado en redes sociales el hecho de que los delitos de abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, transporte de explosivos y portación de armas de fuego del uso exclusivo del ejército no fueran elevados al rango de graves por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, mientras que, por otro lado, se busca que se consideren graves el robo de hidrocarburos, la corrupción y el uso de recursos con propósitos electorales.

Conforme al artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que complementa la disposición del artículo 16 del Pacto federal, en tanto expresa que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado, en el concepto de que sólo por delito que merezca pena corporal, dice el artículo 18 del mismo ordenamiento constitucional, habrá lugar a la prisión preventiva. 

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