Las videoconferencias en un juicio oral

Las videoconferencias en un juicio oral

 

A pesar de la insuficiente regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la recepción y el desahogo de pruebas a través de videoconferencias, los autores explican por qué la presentación de determinadas pruebas a través de medios electrónicos, como las videoconferencias, no implica una violación al principio de inmediación procesal.

  

 

La interpretación y la aplicación de las normas jurídicas (función que desde el punto de vista formal y material corresponde a los tribunales) debe llevarse a cabo tomando en consideración en todo momento el contexto histórico y cultural y la realidad social que impera en el momento de administrar justicia, esto es, aplicar el derecho objetivo al caso concreto. En esta guisa, resulta innegable que vivimos en una época en que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como nunca antes forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos.

Así, resulta incongruente mantener anclada la forma de administrar justicia con las formas que fueron pensadas para el pasado siglo XX, dejando de atender las exigencias de la realidad social y cultural del presente. Hay que superar gradualmente las arcaicas maneras de administrar justicia sin temor al progreso; para hacerlo, mucho depende de superar el dilema de abrirse a la evolución o quedarse atrapado en el pasado.

Ahora bien, el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral que actualmente rige en México, producto de la gran reforma constitucional del 18 de junio del 2008, no debe tornarse indiferente en cuanto a las formas de administrar justicia de acuerdo con la modernidad y el estilo de vida de la sociedad actual en la que, como ya se aseveró, las TIC son parte de las actividades cotidianas de las personas.

El principio de inmediación procesal es uno de los ejes torales del sistema penal acusatorio y oral pues a través de él es posible que el juez o el tribunal de juicio oral (según la etapa procesal de que se trate) controle de modo directo las intervenciones de las partes en los actos procesales en que actúen. Este principio tiene su fundamento constitucional y legal en los artículos 20, apartado A, fracción II,1 y 9,2 de la Constitución federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

En ese sentido, el principio de inmediación procesal se desdobla en tres reglas generales; a saber: 1) Todas las audiencias del sistema de justicia penal acusatorio y oral deben desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional competente a cada etapa procesal. 2) Las partes deberán estar presentes ante el órgano jurisdiccional en la sala de audiencias orales para el desahogo de los actos procesales en que deban tener intervención. 3) Como regla absoluta, el órgano jurisdiccional no podrá delegar en otra persona la admisión, el desahogo y la valoración del material probatorio, ni la emisión y la explicación de la sentencia respectiva.

Básicamente, éstos son los alcances del principio de inmediación procesal. No obstante, en este artículo nos enfocaremos en la segunda regla.

 

¿La realización de actos procesales a través de videoconferencia transgrede el principio de inmediación procesal?

En lo que atañe a la posibilidad de desahogar actos procesales en el juicio oral por intermedio de la videoconferencia,3 entendida como “la comunicación a distancia entre dos o más personas, que pueden verse y oírse a través de una red”, hay que señalar que aquélla aún no se encuentra claramente definida y, por ende, genera debates intensos en el foro académico y judicial.

En ese tenor, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 9 del CNPP establece, en relación con las reglas que constituyen el principio de inmediación, que éste admite las excepciones previstas en el citado código adjetivo, y a su vez los numerales 51 y 450 del mismo cuerpo normativo prevén la posibilidad de utilizar medios electrónicos (TIC), como el sistema de videoconferencias, para la recepción, el desahogo de material probatorio y la realización de actos procesales con la condición de que quede garantizada la identidad de los sujetos que intervengan en éstos, resulta evidente la insuficiencia de su regulación, puesto que en el CNPP no se hallan establecidos expresamente los supuestos ni las modalidades en que, en un momento determinado, los sujetos intervinientes en un proceso penal podrían realizar actos como el desahogo de una testimonial por medio de videoconferencias, ya sea por encontrarse impedidos por cuestiones de enfermedad, por una gran distancia geográfica o por cualquier otro motivo que haga imposible su presencia física ante el órgano jurisdiccional que tenga bajo su potestad observar el desarrollo de una audiencia determinada.

Cabe dejar claro que en el tema que nos ocupa, si bien en el sistema penal acusatorio y oral mexicano todavía es una cuestión que no está bien definida en cuanto a sus alcances y sus modalidades, en el ámbito internacional, el artículo 68, numeral 2, del Estatuto de Roma,4 firmado y ratificado por el Estado mexicano, permite la presentación de pruebas por “medios electrónicos”, con la finalidad de proteger a las víctimas, a los testigos e, incluso, al acusado, en el proceso penal, en particular en el caso de víctimas de violencia sexual y de menores de edad que hayan sido víctimas o testigos.

Con respecto al derecho comparado, en Latinoamérica, Brasil, a través de la Ley 11.900/09, autorizó el uso excepcional de la videoconferencia en los procesos penales para el interrogatorio de los procesados privados de su libertad.5

En la misma línea del Derecho comparado, recientemente el Tribunal Constitucional de Perú estableció que la utilización del sistema de videoconferencias en una audiencia no vulnera el principio de inmediación procesal: “Al respecto, el tribunal aprecia que el sistema de videoconferencia permite la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, en tiempo real, sin obstaculizar la percepción sensorial que puedan tener las partes de las pruebas, admitiendo la interacción visual y auditiva. Por ende, este mecanismo tecnológico no puede ser rechazado por el hecho de que literalmente ‘no se encuentre presente físicamente’ una persona, pues dicho sistema tiene el efecto de adecuar la audiencia de tal manera que puede considerarse al procesado (o sujetos intervinientes en el proceso penal) presente activamente. En ese sentido, el tribunal considera que su utilización no es incompatible con el principio de inmediación que informa al proceso penal”.6

En concordancia con lo anterior, desde nuestra perspectiva el hecho de que en el juicio oral se desahoguen determinadas pruebas a través de medios electrónicos, como las videoconferencias, en modo alguno entraña violación al principio de inmediación procesal, toda vez que este principio implica, lato sensu, que el órgano jurisdiccional y el declarante estén cerca para observar y escuchar de manera directa el acto procesal que se esté desahogando, pues esta percepción personal e inmediata entre el órgano jurisdiccional y la persona que interviene en un acto procesal bien puede generarse por intermedio de la videoconferencia.

En atención a lo anterior, es necesario interpretar el principio de inmediación procesal atendiendo a los actuales avances tecnológicos, para hacer factible el desahogo de actos procesales a distancia a través de la videoconferencia, puesto que ésta constituye un instrumento tecnológico para acercar en tiempo real a personas que geográficamente se encuentran alejadas y permitir la interacción audiovisual que, en definitiva, es el objeto del principio de la inmediación procesal.

 

El principio de inmediación procesal en el recurso de apelación y en el juicio de amparo

Por lo que toca a la posibilidad de que el tribunal de alzada, mediante el recurso de apelación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, en el juicio de amparo directo, revisen la legalidad o la constitucionalidad de la valoración de la prueba que de forma directa fue hecha por el juzgador de primera instancia, hoy día existen criterios contrapuestos, en el sentido de que esa revisión en instancia posterior no constituye una violación al principio de inmediación procesal, aunque hay otros que sostienen que la revisión de la valoración probatoria del juez de primera instancia mediante el recurso de apelación y en el juicio de amparo directo sí se traduce en una transgresión a ese principio.

Como ya quedó establecido, el principio de inmediación procesal exige que todas las audiencias del sistema penal acusatorio y oral se desarrollen íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben intervenir en los actos procesales; desde luego, incluidos la recepción, el desahogo y la valoración probatoria.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la recepción, el desahogo y la valoración probatoria que realiza de manera directa el juzgador de primera instancia, puede ser susceptible de revisión de legalidad por el tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación, o, de forma extraordinaria, de revisión de constitucionalidad por los tribunales federales al conocer del juicio de amparo directo, esto —como no puede ser de otra manera— a través de la reproducción de las audiencias de juicio oral que quedan registradas en audio y vídeo7 en los medios tecnológicos (TIC) con que cuente el órgano jurisdiccional de primera instancia, sin que se traduzca en una violación al principio de inmediación, por cuanto la revisión de legalidad o de constitucionalidad no entraña un nuevo análisis directo del material probatorio, sino que se traduce en un escrutinio de la recepción, el desahogo y la valoración de la prueba hecha por el juzgador de primera instancia con el propósito de determinar la legalidad o la constitucionalidad de la actuación del a quo.

Además, como se ha sostenido en tesis aislada,8 el principio de inmediación procesal no es de carácter absoluto, pues admite excepciones, como la prueba anticipada a que hace referencia el artículo 304, y el desahogo de la prueba testimonial por medio de videoconferencia, que prevé el artículo 450, ambos del CNPP.

 

Conclusión

El principio de inmediación procesal, en cuanto regla, admite como excepción que la recepción y el desahogo del material probatorio se lleve a cabo por medios tecnológicos como la videoconferencia.

Dada la insuficiencia regulatoria de los supuestos, alcances y modalidades en que puede operar la recepción y el desahogo de pruebas a través de videoconferencias en el CNPP, es apremiante que el legislador se ocupe de estas cuestiones, y, por otro lado, que los tribunales federales, mediante la resolución de casos concretos, vayan estableciendo excepciones al principio de inmediación procesal para el caso de la recepción y el desahogo de pruebas a través de videoconferencias.

Debido a la naturaleza del recurso de apelación y del juicio de amparo directo, ni el tribunal de alzada ni los tribunales federales podrían sustituir la función que tiene el juzgador de primera instancia de recepcionar, desahogar y valorar de forma directa el material probatorio, pues eso sería tanto como desnaturalizar la función primordial de ambos medios de impugnación, esto es, la verificación de que la actuación del juzgador de primera instancia se ajuste a los parámetros legales y constitucionales.

 

Notas

* Socio director de Coaña Aguirre Abogados.

** Profesor de Derecho penal y amparo.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Código Nacional de Procedimientos Penales.

3 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (en línea). Disponible en https://dle.rae.es/?id=bmaBgk4.

4 México aprobó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional el 21 de junio de 2015.

5 Gustavo Amoni, “El uso de la videoconferencia en cumplimiento del principio de inmediación procesal”, Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, núm. 31, México, enero-junio de 2013, p. 73.

6 Expediente 02738-2014-PHC/TC, sentencia de 30 de julio de 2015, párrs. 20 y 21.

7 El artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la grabación de imágenes y sonidos (videograbación) se conservará en resguardo del Poder Judicial para el caso de que otros órganos jurisdiccionales distintos conozcan del mismo procedimiento.

8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, agosto de 2017, t. IV, tesis XXVII.3o.41 P (10a.), p. 3102.

  

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