Leyes para una epidemia

Leyes para una epidemia

Aunque la aparición de un nuevo virus de la influenza fue sorpresiva para la población de nuestro país, contamos con diversas instituciones jurídicas aplicables en emergencias sanitarias que pueden poner en peligro la seguridad nacional, como nos recuerda en este artículo Francisco Videgaray G., socio del despacho Ortega y Videgaray.

 

Consejo de Salubridad General
El artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de salubridad general de la República. En los cuatro párrafos siguientes se crea el Consejo de Salubridad General y el Departamento de Salubridad (Secretaría de Salud) y se establecen sus facultades:

Estas facultades que otorga la Constitución a las autoridades sanitarias son un caso único de excepción, cuya única justificación se encuentra en la gravedad de epidemias y enfermedades, alcoholismo y drogadicción, para que dichas autoridades actúen y su desempeño sea sancionado posteriormente por el presidente de la República, o revisado por el Congreso, en los casos que le competan.

Es interesante conocer que en el Congreso Constituyente de 1917 el diputado por Coahuila, José María Rodríguez, presentó una propuesta de adición a la citada fracción XVI del artículo 73 de la nueva Constitución, considerando los grandes problemas de enfermedades degenerativas de la raza, las epidemias y el alcoholismo, que quedó como está actualmente redactada, con excepción del párrafo cuarto de dicho artículo, que en 1971 agregó los conceptos de prevención y combate a la contaminación ambiental.

En este artículo constitucional encontramos el único caso en que una dependencia del ejecutivo (antes Departamento de Salubridad, ahora Secretaría de Salud) puede dictar disposiciones sin el acuerdo del Ejecutivo.

Asimismo, prevé que el Consejo de Salubridad General puede tomar medidas para campañas contra el alcoholismo y sustancias que degeneren la raza, con lo cual se otorgan facultades para dictar normas de carácter general y se agrega que para ejercitar esas facultades las autoridades sanitarias tendrán facultades ejecutivas, todo lo cual quiere decir que la materia sanitaria en nuestro país está regida por instituciones excepcionales.

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