Lo que nadie sabe sobre la prisión preventiva oficiosa

Lo que nadie sabe sobre la prisión preventiva oficiosa

 

¿Ya entró en vigor el nuevo catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa? Los fiscales aseguran que ya; los defensores insisten en que aún faltan por cumplirse algunos requisitos, y entre los jueces hay quienes opinan que sí y hay quienes opinan que no.

 

 

La expansión del Derecho penal irrumpe en los principios de un Estado Democrático de Derecho que se decanta por una intervención mínima del Derecho penal y su sistema de justicia procesal penal en la presunción de inocencia del imputado, postulado que se ve trastocado con la previsión de la prisión preventiva oficiosa, medida severamente cuestionada en el orden constitucional. En la actualidad, la figura jurídica que nos ocupa, en abono a la discusión de su legitimidad, entre otras cuestiones, representa una problemática de índole nacional; específicamente, si la reforma del 12 de abril de 2019 al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de los delitos con prisión preventiva oficiosa, se encuentra vigente y, por ende, debe aplicarse procesalmente.

 

Problemática judicial en un supuesto fáctico

Luego, en el caso concreto, el 19 de junio de 2019, cuando la reforma ya había sido publicada, elementos de seguridad pública procedieron a la detención de una persona que portaba un arma de fuego, tipo pistola, de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea. En la audiencia inicial,1 después de resolverse la vinculación a proceso del imputado, el Ministerio Público solicitó al juez de control la imposición de la prisión preventiva oficiosa en virtud de tratarse de uno de los delitos previstos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional.

El juez resolvió que no había lugar a acordar su imposición con las siguientes consideraciones:

a) Si bien el delito por el cual se le vinculó a proceso al imputado se encuentra contemplado en el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su imposición no era procedente, en virtud de que, de cauerdo con el contenido del artículo segundo transitorio de esa reforma, se concedió el plazo de 90 días para realizar la adecuación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que a la data no se había verificado.

b) No se contraviene el principio de jerarquía de leyes, en virtud de que la Constitución estableció la vigencia de la reforma a la adecuación en una norma secundaria.

c) Conforme a la tesis aislada de rubro: “interpretación conforme y principio de interpretación más favorable a la persona. su aplicación tiene como presupuesto un ejercicio hermenéutico válido”, en una situación en que existen varias posibilidades de interpretación se debe atender a la norma más amplia y extensiva de protección a los derechos fundamentales del imputado.

d) Decretó como medida cautelar la presentación periódica del imputado, semanalmente, ante la Unidad de Supervisión y Seguimiento de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

Al respecto, en el recurso de apelación la Fiscalía expuso los siguientes agravios:

a) La decisión recurrida violenta el principio de exacta aplicación de la ley, fundamentación y motivación, seguridad y certeza jurídica, en virtud de que el juez no aplicó inmediatamente el contenido del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar como necesaria la adecuación de la legislación secundaria con el fin de establecer con precisión que los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza Aérea son de prisión preventiva oficiosa.

b) Se vulneró el principio de supremacía constitucional y eficacia inmediata, en virtud de que la Constitución no requiere la adecuación de una ley secundaria para ser aplicable. Incluso, el artículo segundo transitorio de la reforma no exige ninguna condición para el inicio de la vigencia y la obligatoriedad del contenido reformado, por lo que el plazo de 90 días que se le concedió al Congreso de la Unión para realizar los ajustes normativos debidos no supedita el inicio de su vigencia.

c) El juez violó una ley de orden público, ya que inobservó el contenido del artículo 19 constitucional, reforma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que si al imputado se le dictó auto de vinculación por un delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe imponérsele la prisión preventiva oficiosa.

d) El órgano jurisdiccional desatendió el texto constitucional, pues si éste contempla una restricción a la libertad personal a través de la prisión preventiva oficiosa, se deberá atender a los casos de procedencia que establece sin observar la legislación secundaria.

Del análisis del tema a discusión, su respuesta parte de una pregunta detonadora: ¿la reforma al artículo 19 constitucional del 12 de abril de 2019 se encuentra vigente, y tratándose del delito por el que fue vinculado el imputado de portación de arma de fuego reservada para el uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, actualmente, es de prisión preventiva oficiosa?

Para tal efecto, debe considerarse lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 la cual ha definido que las reformas constitucionales tienen vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, de acuerdo con los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución. Por lo cual estableció que existen dos supuestos respecto de la vigencia de las reformas constitucionales: i) la regla es que su entrada en vigor inicia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y ii) la excepción es que rige en fecha posterior cuando el Constituyente así lo haya determinado mediante disposiciones transitorias y por su contenido no puedan ser exigibles desde ese momento.

Ahora bien, del contenido no sólo del numeral reformado, sino de los transitorios primero, segundo y quinto,3 se desprende que en el caso se actualizan dos supuestos para la entrada en vigor de la reforma constitucional en referencia:

a) La regla genérica, conforme al artículo primero transitorio, en el que refiere será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

1. La excepción, en el que se ordena que en un periodo de 90 días después de su publicación el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias a la legislación secundaria para incluir las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 constitucional, pues para la aplicación de dichos supuestos de delictivos se atenderá al artículo 14 de la Constitución: principio de exacta aplicación de la ley penal.

Si bien en el decreto de reforma, en su artículo segundo transitorio, no se establece como una condicionante de entrada la vigencia de la multicitada reforma, en el dispositivo quinto, también transitorio, se establece que se atenderá al contenido del numeral 14 constitucional.

En esa tesitura, el artículo constitucional en estudio hace referencia a un catálogo de delitos por los que se ordenará prisión preventiva oficiosa; sin embargo, su aplicación no es taxativa, en virtud de que existen diversas figuras delictivas contempladas que devienen de su interpretación, al prever diversas hipótesis delictivas en la legislación secundaria. De ahí que, en armonía con lo precisado por el legislador en los preceptos transitorios, al existir una pluralidad de tipos penales relacionados, en específico, en tratándose de “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea”, resulta inconcuso que se debe dotar a los destinarios de las garantías objetivas de seguridad y certeza jurídica que exige el propio constituyente, por lo que los delitos de procedencia deberán establecerse en la legislación secundaria como aquellas hipótesis delictivas que son de prisión preventiva oficiosa, en aras de observar el principio de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución federal.

Incluso, de un análisis teleológico y sistemático de la reforma se aprecia que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en el proyecto de decreto, el legislador justificó la vacatio legis para que se precisaran los delitos que cumplen con la regla de proporcionalidad en cuanto a delitos graves, cuya media aritmética exceda de cinco años.

 

Conclusión

De esta manera, en concordancia con la metodología argumentativa sustentada en su justificación teleológica, sistemática, analítica y pro persona, se concluye que la reforma constitucional del artículo 19, referente a los delitos de prisión preventiva oficiosa, aún no se encuentra vigente en razón de que debe cumplirse con los requisitos previstos en el segundo y quinto transitorios; esto es, deben realizarse las adecuaciones normativas necesarias en las que el tipo penal de referencia se incluya como hipótesis delictiva en exacta aplicación de la ley, conforme al párrafo tercero del artículo 14 constitucional, como aquella en que el juez oficiosamente deberá decretar la medida cautelar correspondiente. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo ordenado por el legislador constitucional y en aras de preservar la tutela de seguridad y certeza jurídica constitucional.

Estimar que la sola mención de un género de delitos es suficiente para imponer la prisión preventiva oficiosa es ignorar el principio de mínima intervención, al no distinguir tipos penales menos lesivos que otros, además de delegar al juez esa distinción, que en muchos casos no se haría, al prevalecer la interpretación literal de la norma, sin apreciar su contexto social y jurídico.

La imposición de la prisión preventiva no puede sustentarse en disposiciones genéricas: debe atender a principios de proporcionalidad y de racionalidad, por lo cual debe pugnarse por limitarse y no ampliarse los supuestos de procedencia.

 


 

 

* Profesor de posgrado, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y magistrado de circuito.

1 De conformidad con los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Véase la tesis aislada 1a. XXVII/2004, sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: reformas a la constitución federal. no requieren de vacatio legis y ante la ausencia de disposición expresa sobre su fecha de entrada en vigor, debe estarse a la de su publicación en el diario oficial de la federación, salvo que por su contenido no sean exigibles de manera inmediata”. Novena época, registro: 181875, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, marzo de 2004, materia(s): constitucional, p. 309.

3Artículo 19 [...] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza férea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

”Transitorios:

”Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

”Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 […]

”Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.”

  

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