Medidas cautelares en materia concursal

Medidas cautelares en materia concursal

 

El autor analiza por qué es importante que se concedan las medidas cautelares para proteger la viabilidad de una empresa sujeta a concurso mercantil, especialmente en el contexto de pandemia que hoy se vive.

  

Las medidas cautelares se caracterizan por ser resoluciones que suministran anticipadamente los mecanismos para la satisfacción de un derecho determinado, cuando la lentitud del proceso ordinario lo consiente.1 En materia concursal, por el periodo tan extenso que ocasionalmente transcurre entre una solicitud de concurso mercantil y la emisión de la sentencia que declara este estado jurídico, las medidas cautelares resultan trascendentales para asegurar preventivamente que, mientras esta determinación se dicta, se preserve la viabilidad de una empresa sujeta a concurso mercantil y se maximice la masa concursal.

Incuestionablemente, debido a la proliferación de esta nueva enfermedad respiratoria, denominada por la Organización Mundial de la Salud como Sars-CoV2 (Covid-19),2 esta protección resultará aún más importante para evitar la quiebra material de muchas empresas. Actualmente, los sistemas económicos mundiales han resentido un fuerte impacto por la rápida capacidad de expansión mostrada por el virus, así como por la creciente incertidumbre que dicha enfermedad ha generado en la sociedad mundial. Ambos factores, aunados a las agresivas medidas de contención adoptadas por los Estados, han sido responsables de una drástica caída en cuestión de producción, consumo e ingresos, temas que asedian la continuidad y la viabilidad de muchas unidades productivas.

Estas consecuencias adversas han generado un sinfín de problemáticas financieras que indiscriminadamente afectan a un gran número de industrias y sectores en México y en el mundo. A pesar de que el sistema financiero mexicano ha mostrado solidaridad con el público para evitar un colapso de la economía nacional, estos esfuerzos, lamentablemente, no serán suficientes para contener la dicotomía entre la imposibilidad de cobro de los acreedores y la imposibilidad de pago de múltiples deudores, fenómeno que, precisamente, busca regular las legislaciones concursales.

Ante esta crisis no resulta extraño que hayamos colocado en el reflector mundial a las instituciones jurídicas que regulan los procesos que permiten la superación de un estado de impotencia patrimonial. Recientemente hemos sido testigos de múltiples empresas que, sin tener su administración principal en Estados Unidos, han solicitado la protección judicial brindada por el “Chapter 11” del U.S. Bankruptcy Code. La elección de la sede para estas empresas no ha sido aleatoria y no se ha regido por el glamour (ciertamente costoso) que representa tramitar un asunto en el Southern District of New York, o en cualquier otra jurisdicción estadounidense. La decisión tiene que ver más con los obstáculos prácticos que simbolizan la complejidad de llevar un concurso en México, o bien en cualquier otro país que haya adoptado una tradición jurídica formalista.

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