Medios alternos en la solución de conflictos: una década en México

Medios alternos en la solución de conflictos: una década en México

 

Aunque desde hace una década nuestra Constitución contempla la posibilidad de resolver los conflictos a través de medios alternos de solución de controversias —con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008—, aún hay una gran tarea pendiente por parte de los abogados de proponer a los clientes métodos como la negociación, la conciliación y la mediación para resolver sus conflictos.

 

 

Ha transcurrido una década de la reforma constitucional mediante la cual se adicionó el párrafo cuarto al artículo 171 que establece, de manera general, que las leyes preverán medios alternos de solución de controversias, como una vía alterna para que los individuos puedan ejercer su derecho humano al acceso a la justicia sin detrimento de la tutela judicial efectiva por parte del Estado.

A pesar del desarrollo creciente a través de órganos estatales y la difusión sobre la efectividad para solucionar los conflictos entre las partes, métodos como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, aún al día de hoy, para la sociedad e incluso para muchos profesionales del Derecho, pareciere que son de reciente creación por su positivización en junio de 2008 en nuestro país.

Sin embargo, los medios alternos para solucionar los conflictos han existido siempre, desde la antigua Grecia y en el Derecho romano, sólo por citar algunas manifestaciones. Ya en la época reciente los métodos que estamos analizando los encontramos, por ejemplo, en la Carta Social Europea,2 en la cual los Estados miembros del Consejo de Europa, para favorecer su progreso económico y social en relación con la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, se comprometieron, de acuerdo con el artículo 6, fracción III, a fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios para la solución de conflictos.

En el Derecho del sistema europeo de protección de derechos humanos encontramos avances muy significativos en la promoción, utilización y regulación de los medios alternos de solución de conflictos, ya que, al compararlo con el sistema interamericano, observamos que en sus convenciones, sus protocolos y sus resoluciones únicamente se prevé el procedimiento implícito en los artículos 48.1, fracción f, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 40 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consiste en que la citada comisión, al recibir una petición en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos consagrados en el Pacto de San José, con el consentimiento de las partes, buscará una solución amistosa del asunto mediante la negociación.

Sin demeritar su efectividad, pues hasta 2017 se han contabilizado 137 acuerdos de solución amistosa entre presuntas víctimas y diversos Estados, tal como está expuesto en el informe sobre el impacto del procedimiento de solución amistosa,3 este método debe ser recurrido antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una decisión de fondo. Por lo anterior, creo que el sistema interamericano, a través de sus instrumentos, no ha otorgado el valor ni la difusión a los medios alternos de solución de conflictos entre particulares y omite considerarlos como una forma efectiva del derecho humano al acceso a la justicia.

Contrariamente a lo anterior, el sistema europeo de derechos humanos ha emitido reglas y resoluciones importantes respecto de los medios alternos de solución de conflictos vinculados a particulares; por ejemplo, en 2016 la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos publicaron el Manual sobre el derecho europeo relativo al acceso a la justicia,4 en cuyo apartado 2.4.2 establece el régimen de resolución alternativa de conflictos.

En dicho apartado se indica que la resolución alternativa de conflictos ofrece soluciones extrajudiciales a los litigios que pueden mejorar la eficacia de la justicia, reduciendo la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, y otorga a las personas una oportunidad para resolver sus problemas de manera eficaz y económica, además de que implica menores costos y mayores beneficios pues reduce la duración y la tensión de los procedimientos.

En el instrumento de referencia se menciona un precedente importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto de la conciliación y la tutela judicial efectiva del Estado: “Asuntos acumulados C-317/08 a C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA y otros, 18 de marzo de 2010, apartado 6”.

Este caso versa sobre las peticiones de decisión prejudicial realizadas por el Juzgado de Paz de Ischia, Italia, relativas a las cláusulas en virtud de las cuales es obligatorio intentar una conciliación extrajudicial antes de que determinados litigios puedan admitirse a trámite en los órganos jurisdiccionales italianos, las cuales entraron en vigencia con la transposición de la directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó —respecto de la petición incoada por el Juzgado de Paz de Ischia, relativa a que si el principio de tutela judicial efectiva es contrario a la mediación obligatoria— que dicho principio no impedía el medio alterno de solución de conflictos.

El derecho al acceso a la justicia en México, además de estar previsto como un derecho humano, según lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo encontramos en diversos instrumentos internacionales vinculantes, como en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,5 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;7 sin embargo, en estos últimos podemos advertir que este derecho está consagrado a través de la tutela judicial efectiva del Estado.

Antes de la reforma constitucional referida, el derecho al acceso a la justicia en México se garantizaba a todas las personas únicamente a través de los órganos jurisdiccionales del Estado,8 por lo que, a partir de la adición del párrafo cuarto al artículo 17 de la Carta Magna, los tribunales colegiados tuvieron que resolver si el acceso a los medios alternos de solución de controversias gozaba de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado.9

Del análisis de la tesis aislada “acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano. goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del estado”, se identifican diversas precisiones por las cuales se determinó que el derecho al acceso a la justicia por la tutela judicial o a través de los medios alternos se halla en el mismo plano constitucional; por ejemplo, ambas se reconocen como derecho humano y por la posibilidad de que los conflictos, además de que se solventan mediante la intercesión de la jurisdicción del Estado, también puedan resolverse a través de los medios alternos de solución de controversias; claro, siempre y cuando estén previstos por la ley.

Por otra parte, en dicho criterio se manifiesta que las partes en un litigio son las dueñas de su propio problema y, por lo tanto, son ellas las que deben decidir la forma de resolverlo, abriendo la posibilidad a los contendientes de que decidan que sea a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias o mediante el proceso ordinario con la intervención de los órganos jurisdiccionales del Estado.

Del razonamiento de la tesis aislada se puede identificar que el juzgador no fue omiso al estudio de las consideraciones manifestadas en la exposición de motivos de la reforma al artículo 17 constitucional, por medio de la cual se adicionó el multicitado párrafo cuarto, al tomar en cuenta que los medios alternos constituyen una garantía para que la población tenga acceso a una justicia pronta y expedita y que le permitan cambiar el paradigma de la justicia restaurativa, propiciando una participación más activa de sus miembros para encontrar nuevas formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto a la otra parte y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.

Por lo tanto, en este criterio se determinó que la tutela judicial y los medios alternos como vías de acceso a la justicia tienen el mismo objeto e idéntica finalidad, pues ambos van a resolver los conflictos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional a más de una década, la comunidad jurídica de México, que otorgó a las partes la posibilidad de resolver sus conflictos a través de medios alternos, ha presenciado la promulgación de diversas leyes, tanto federales como locales, así como reformas a las ya existentes; sin embargo, considero que la efectividad de esta vía distinta de acceder a la justicia se verá plenamente materializada en nuestro país cuando los abogados empecemos a proponer a nuestros clientes los métodos como la negociación, la conciliación y la mediación para resolver sus conflictos y dejemos de incoar procedimientos a los órganos jurisdiccionales del Estado sin agotar previamente la justicia alternativa.

 

 


 

* Maestro en Derecho, certificado en medios alternos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y profesor en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

2 Firmada por los Estados miembros del Consejo de Europa el 18 de octubre de 1961 en Turín, Italia, en https://rm.coe.int/168047e013. Consultado el 13 de septiembre de 2018.

3 “Informe sobre el impacto del procedimiento de solución amistosa”, edición actualizada, aprobada y publicada el 1° de marzo de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos.

4 En https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b7e56970-383b-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-es. Consultado el 13 de septiembre de 2018.

5 Adoptada y proclamada por la resolución 217 A(III) de la Asamblea General, en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

6 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1948 en Bogotá, Colombia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

7 Suscrita en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter.

8 Artículo 17, segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

9acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano. goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del estado”, décima época, registro 2004630, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, octubre de 2013, tomo 3, materia constitucional, tesis III.2o.C.6K (10a), p. 1723.

  

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