Nueva Ley de Extinción de Dominio

Nueva Ley de Extinción de Dominio

 

En México el lavado de dinero cada año asciende a cifras que oscilan entre 15,000 millones y 50,000 millones de dólares, según lo ha expresado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y existe la posibilidad de que a nivel mundial se estén generando flujos financieros y económicos ilícitos del orden de 5 a 8 puntos porcentuales del producto mundial bruto. En este escenario, el autor analiza la Ley Nacional de Extinción de Dominio recientemente aprobada, instrumento que busca la recuperación de activos asegurados a la delincuencia organizada.

 

  

Durante las últimas décadas el mundo ha sido testigo de cómo las redes del crimen organizado de la delincuencia de cuello blanco y la corrupción han puesto en jaque a la sociedad y a los gobiernos de los países.

A efecto de hacer frente a este fenómeno que genera impunidad, violencia y desgobierno, las naciones y las organizaciones internacionales especializadas han desarrollado estrategias y instituciones jurídicas pertinentes. El propósito es obtener información relativa a las complejas operaciones de simulación que se ven involucradas en el lavado de dinero y detectar prestanombres y empresas fantasmas.

A la par de descubrir los actos de simulación se establecen procedimientos para recuperar los activos del crimen. El objetivo central de las investigaciones y las actuaciones de la autoridad ya no solamente es detener a las personas y fincarles responsabilidades penales: ahora se trata de perseguir bienes y recuperar activos.

En este espacio hemos señalado que en México las tres figuras esenciales en la recuperación de activos son el decomiso con condena penal, el abandono y la extinción de dominio, que es una forma de decomiso sin sentencia ni condena penal.

Tanto el abandono como la extinción de dominio fueron establecidos en la Constitución por virtud de la reforma de 2008, la cual implementó el sistema de juicios orales.

Derivado de esa enmienda se emitió una Ley Federal de Extinción de Dominio, y en las entidades federativas se hizo lo propio. Desafortunadamente, aquella versión del texto constitucional y la legislación secundaria, como se verá, no correspondían con la correcta naturaleza técnica de la extinción de dominio, lo que implicó que en los hechos no se aplicara la figura.

A nivel federal, por ejemplo, durante el sexenio pasado, solamente se extinguió el dominio sobre bienes cuyo valor ascendía a 17 millones de dólares. Un fracaso.

En vista de lo anterior, la XLIII Legislatura del Congreso federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para corregir el texto normativo y facultar al Congreso para emitir una ley nacional con la intención de unificar la regulación de la figura, tanto en el nivel federal como en el estatal.

Dicha iniciativa de cambios al artículo 22 constitucional prosperó, y en el Senado fue aprobada, aunque con algunos matices.

Como resultado de lo anterior, se presentaron diversas iniciativas para la conformación de una Ley Nacional de Extinción de Dominio, destacándose alguna que a su vez hacía eco de las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas para el Crimen y la Droga.

Las características de la ley que ya se aprobó en el Senado son las siguientes: establece de manera definitiva la autonomía del proceso penal. Éste es, quizá, el punto más relevante. Sin embargo, para efectos de su incorporación en el texto legal la tarea no es sencilla.

En primer lugar, se debe dejar clara dicha autonomía. En el texto previo se disponía la autonomía de la figura, pero su procedencia se condicionada a la vinculación de los bienes al acaecimiento de conductas delictivas. Lo anterior llevó al error, incluso al Poder Judicial de la Federación, de señalar que la autonomía de la extinción de dominio no era absoluta sino relativa. Como podrá suponerse, esta consideración jurisdiccional condenaba al instituto a la inoperancia.

Por lo anterior, se tenía que realizar una enmienda que cumpliera dos objetivos. Por un lado, establecer de manera categórica la autonomía de la acción y, por el otro, generar un parámetro o baremo para que el ejercicio de la extinción se intente sobre bienes vinculados a delitos complejos o de alto impacto, como los correspondientes al crimen organizado y a la corrupción de Estado. En este punto es importante subrayar que la alusión a los géneros delictivos no puede ni debe apreciarse como la ocasión para el desarrollo de procedimentos parapenales, como fue el caso en la versión anterior.

Otro aspecto correspondiente a la naturaleza técnica de la figura en la doctrina internacional, y que se recoge en la ley, es la implementación de una figura imprescriptible, bajo la premisa de que del engaño no puede generarse el derecho. Dicha característica fue aprobada, aunque se estipuló un plazo para la caducidad de la acción adjetiva.

En la legislación modelo de la Organización de las Naciones Unidas se recomienda la retrospectividad o retroactividad, la cual implica que la nueva ley pueda aplicarse respecto de hechos sucedidos antes de su emisión. Este punto quedó abierto en la redacción de la minuta. Yo considero que la figura sí debe tener esa característica, con el fin de que sea una herramienta eficaz, incluso para el combate del enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero de épocas recientes. Si los tribunales expelen esa posibilidad estaríamos atestiguando una vía de legitimación de capitales por la vía legislativa.

Otro tema que prosperó fue la implementación de mecanismos de monetización o realización anticipada, a efecto de que las autoridades se vean relevadas de afrontar los onerosos costos del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

Igualmente, se avanza en la clarificación del destino final de aquellos acervos sobre los que recaiga sentencia de extinción, previo juicio desarrollado con atributos de semioralidad.

Ahora que el gobierno ya contará con una versión que podríamos denominar 2.0 de la extinción de dominio habrá que revisar que su aplicación sea escrupulosa y no se convierta en un instrumento de maniobras de orden político. Para lo anterior se requiere que los operadores tengan una verdadera visión de Estado. En esa virtud se obliga, en la normatividad del caso, a que las fiscalías rindan sus informes a las instancias legislativas en los que se especifiquen datos correspondientes al ejercicio de la acción.

Esta nota de control parlamentario puede resultar benéfica para dotar de racionalidad y de aplomo a los operadores de la extinción de dominio. Del éxito de esta figura dependerá en buena medida el avance en la consolidación del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.

 


 

 

* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

 

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