¿Procede el veto frente a cualquier reforma constitucional?

¿Procede el veto frente a cualquier reforma constitucional?

Siempre en busca de controversia, pero siempre luminoso en sus puntos de vista, el autor de este artículo toma a la Guardia Nacional como pretexto para reflexionar sobre la procedencia del veto tratándose de una reforma a la constitución.

 

 

El tema se ha replanteado a raíz de la declaración del presidente de la República en el sentido de que si el Congreso de la Unión no aprobaba la reforma constitucional relativa a la Guardia Nacional, en los términos en que él la propuso, estaba considerando la posibilidad de vetarla.
En mi Tratado de Derecho constitucional sostengo la opinión de que es improcedente el veto en ese caso. Las razones que invoco son las siguientes:
El veto fue incorporado al sistema jurídico como un instrumento a disposición del presidente de la República, con vista a servir como un contrapeso a la acción del Congreso de la Unión al reformar o emitir leyes y decretos ordinarios. Las reformas a la Constitución no lo son. Eso es lo que se desprende del artículo 72.
En sus relaciones con el Congreso el presidente tiene otros instrumentos: la facultad de iniciar (artículo 71, fracción I); el de insinuar, a través del informe anual (artículo 69), y el de ilustrar a los legisladores respecto de materias específicas, lo que hace por medio de los secretarios del despacho, los directores y los administradores de las entidades paraestatales y los titulares de los órganos autónomos (artículo 93).
El proceso de reformas a la Constitución política, de conformidad con el artículo 135, tiene ciertas particularidades que lo hacen especial y diferente. Se integra de varias etapas:

Si bien en su primera etapa, en forma genérica, el proceso de reformas a la Constitución es el mismo que se observa para reformar las leyes, en el caso particular, por disponerlo expresamente el artículo 135 constitucional, existe una segunda parte: la intervención que se confía a las legislaturas de las entidades.
Cuando se envía un proyecto de reformas a la Constitución a las legislaturas locales, el Congreso de la Unión ha agotado una de sus funciones: la de iniciar el trámite reformatorio mediante un acuerdo; por disponerlo expresamente el artículo 135, la función de aprobar o no una reforma la tienen las legislaturas.
En virtud de no haberse agotado el proceso legislativo, en esta etapa el presidente de la República no puede ejercer su facultad de veto.
Tampoco puede hacerlo respecto del voto de las legislaturas, sin importar su sentido; lo actuado por ellas está al margen de su actividad de impedir.
El cómputo de los votos de las legislaturas, cuando lo formula el Congreso de la Unión, pudiera ser objetado mediante el veto en los supuestos de que sea erróneo. No procede hacerlo cuando es formulado por la Comisión Permanente. De conformidad con el artículo 72 el veto procede únicamente respecto de actos del Congreso de la Unión.
La declaración de haber sido aprobada una reforma no es susceptible de ser vetada en cuanto a que carece de elementos normativos; su naturaleza es meramente de certificación.
Cuando el presidente de la República recibe un decreto de reformas de parte del Congreso de la Unión, recibe un acto acordado por éste y aprobado por las legislaturas; no recibe un acto ordinario en los términos del artículo 72 constitucional.
Si el veto está previsto y regulado respecto de actos del Congreso de la Unión en su actuación ordinaria, en mi Tratado concluyo que interponerlo es inadmisible cuanto está de por medio una reforma a la Constitución.
En mi obra agregué un argumento adicional: puesto que para aprobar una reforma a la Constitución se requiere el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes en sus respectivas cámaras, y para superar el veto se requiere la misma mayoría, consideré que el veto estaba superado de antemano.
Esas eran las razones que invoqué y por las que consideré improcedente el veto en el caso de reformas a la Constitución.
Existe otra, que es de sentido común. El veto persigue impedir. Si el presidente de la República presenta una iniciativa de reformas a la Constitución por considerar que dará base para instrumentar cierta política, si ella sufre modificaciones durante el proceso legislativo y éstas no van acordes con el sentir presidencial, por más que vete, de no reunirse los votos necesarios de los legisladores para superar la objeción presidencial, al final se tendrá que no hay reforma.
Los gobernadores de las entidades no pueden vetar el decreto, aprobatorio o reprobatorio, de sus legislaturas en virtud de que la facultad de hacerlo está referida a leyes o decretos que ellas emiten en ejercicio de una función local. En el caso, cuando aprueban o reprueban una reforma constitucional lo hacen ejerciendo una función federal que deriva a su favor de la Constitución General y no de la local.
En un grupo piloto experimental que se denomina La Enseñanza del Derecho, que en la Escuela Libre de Derecho dirigimos los maestros Ireri Elizabeth García Ramos, Sergio Charbel Olvera Rangel y el autor de estas líneas, se puso a discusión el tema; surgieron opiniones divergentes. A pesar de mi soberbia, tuve que admitir que no sólo son atendibles, sino que pudieran ser correctas y yo estar equivocado. Los autores y sus opiniones son los siguientes.

 

Ireri Elizabeth García Ramos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el veto como un medio de control político en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado mexicano, que consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente observaciones sobre cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Poder Legislativo. Por su naturaleza política, el veto se puede sustentar en motivos de Derecho o de oportunidad, como intereses económicos, sociales, políticos o jurídicos.
El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que regula lo relativo a las reformas de dicho ordenamiento jurídico, no establece de forma expresa la facultad del Ejecutivo para ejercer el veto, por lo que, hasta el día de hoy, se ha interpretado que el veto no procede en reformas a la Constitución.
Considero que, en virtud de la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se debe replantear la interpretación de la procedencia del veto en reformas constitucionales que incidan en dicha materia, de conformidad con las siguientes consideraciones:
1. El artículo 1º constitucional establece de forma expresa la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
2. En materia de derechos humanos, la CPEUM está integrada no sólo por el texto expreso de dicho documento sino también por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y, por lo tanto, cualquier reforma constitucional está obligada a respetar dichos compromisos internacionales.
3. Es necesario que ante la nueva realidad de supremacía constitucional de los derechos humanos se apliquen controles de regularidad al proceso de reformas a la CPEUM.
4. De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Constituyente del Estado mexicano estableció el veto como un medio de control político para realizar observaciones sobre cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Poder Legislativo.
5. El artículo 133 de la CPEUM establece que dicha constitución es la Ley Suprema de toda la Unión.
6. De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, toda norma relativa a derechos humanos debe interpretarse favoreciendo en todo momento la protección más amplia de los mismos. Por lo tanto, los artículos 72 y 135 de la CPEUM, cuando se trate de reformas constitucionales en materia de derechos humanos, deben interpretarse de conformidad con dicho principio.
Al ser la CPEUM una ley que tiene límites en su reforma, en aplicación de lo dispuesto en su artículo 1º, protección más amplia de los derechos de acuerdo con lo reconocido de forma expresa en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es necesario que se ejerzan controles de regularidad en materia de derechos humanos.
La CPEUM prevé un control político, otorgado como facultad expresa al Ejecutivo sobre cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo (artículo 72). Por otra parte, en su artículo 1º, dispone que dicho poder tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Lo que significa que existe una obligación de protección y una facultad de control político por virtud de la cual puede dar cumplimiento a dicha obligación.
Una interpretación conforme de dichos artículos permite concluir que el Ejecutivo está facultado para ejercer un control de regularidad constitucional en la protección de los derechos humanos en las reformas a la CPEUM, en ejercicio de su facultad de veto.

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