Que no se nos olvide el Protocolo de Nagoya

Que no se nos olvide el Protocolo de Nagoya

 

El Protocolo de Nagoya constituye el régimen jurídico especializado de las Naciones Unidas para normar la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El tratado obliga a los Estados parte a adoptar medidas legislativas, administrativas y de política que permitan aplicarlo a nivel doméstico. A casi cinco años de su entrada en vigor, México carece de una legislación secundaria en la materia que permita materializar el tratado.

 

 

El mundo contemporáneo ha reconocido el papel fundamental que juegan los recursos genéticos para la ciencia, el desarrollo de la biotecnología y sus productos.1 Esos recursos representan concretamente un insumo básico para la industria biotecnológica a nivel internacional. Son diversos los productos derivados de la investigación y el desarrollo biotecnológico que hoy día se comercializan de manera habitual y cotidiana y cuyo resultado parte del análisis de la información accedida y contenida en los recursos genéticos.

Entre las industrias que acceden a recursos genéticos y su información se encuentran la farmacéutica, la cosmética, la de cuidado personal, la de semillas, las fragancias y la alimenticia.2 Muchos productos finales que comercializan las industrias se protegen a través de esquemas legales vía derechos de propiedad intelectual e industrial.3 La protección de los derechos tangibles e intangibles de los productos genera beneficios monetarios al blindar jurídicamente los procesos y los productos finales mediante patentes, marcas, secretos industriales, por mencionar algunas figuras legales.

La biopiratería es un fenómeno global que se caracteriza por el uso indebido y no autorizado de los recursos genéticos, así como por la apropiación de los mismos sin consentimiento del proveedor de esos recursos y sin compartir los beneficios que se generen con motivo de su utilización.4

Así, en 2010, en Nagoya, Japón, la comunidad internacional adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los Beneficios que se Deriven de su Utilización (Protocolo de Nagoya), cimentando el astillero legal necesario que permita regular el acceso a los recursos genéticos a nivel global.5

Los Estados parte en el Protocolo de Nagoya asumieron la obligación jurídica internacional de adoptar medidas legislativas, administrativas o de política con el propósito de asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos que se encuentren en posesión de comunidades indígenas y locales se distribuyan de manera justa y equitativa.6

El régimen jurídico del Protocolo de Nagoya establece, como ejes torales que rigen el acceso apropiado de los recursos genéticos, la obtención del consentimiento fundamentando previo (CFP) y el establecimiento de las condiciones mutuamente acordadas (CMA).

El CFP es identificado como el otorgamiento de la anuencia (manifestación de la voluntad) de los proveedores de los recursos genéticos para autorizar su acceso a los usuarios o posibles usuarios de esos recursos. La anuencia debe ser expresada de manera inequívoca y sostenida en información previa con el fin de tomar una decisión fundamentada que permita determinar si se concede o se niega el acceso a los recursos genéticos.

Por su parte, el establecimiento de las CMA implica un proceso de negociación contractual entre proveedores y usuarios de los recursos genéticos. Como parte de los contenidos que podrían incorporarse en las CMA se encuentran: tipo de acceso, tipo de utilización y formas de distribución de beneficios monetarios o no monetarios.7

Actualmente, de acuerdo con el registro oficial de las Naciones Unidas, el Protocolo de Nagoya cuenta con una membresía de 116 Estados parte.8   

El 10 de octubre de 2014 fue publicado en México el decreto promulgatorio que ordena la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya en todo el territorio nacional.9 La libertad soberana del Estado mexicano para participar en la membresía del Protocolo de Nagoya se manifestó expresamente mediante la ratificación del instrumento internacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, establece que “todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”. Así, consecuentemente, el Protocolo de Nagoya se integra al orden jurídico nacional.

El 1° de noviembre de 2017 el gobierno de México dio a conocer a las Naciones Unidas el Primer Informe Nacional Provisional sobre la Aplicación del Protocolo de Nagoya (Informe Nacional).10 De los contenidos del informe nacional destaca la necesidad de desarrollar una legislación específica en la materia.

México se caracteriza por ser un país megadiverso, dada la riqueza de especies y su elevada biodiversidad.11 Esta característica lo coloca por vocación como un país proveedor de recursos genéticos. Allí radica la importancia de reglamentar y ordenar el acceso apropiado en el orden jurídico nacional. Regular el acceso a los recursos genéticos permitiría alcanzar los objetivos de asegurar que los beneficios que se deriven de su utilización se distribuyan de manera justa y equitativa entre usuarios y proveedores. Entre estos últimos se encuentran las comunidades indígenas y locales, icónicos guardianes y custodios de la biodiversidad nacional.

La ausencia de un marco jurídico especializado en México debilita la implementación efectiva del Protocolo de Nagoya y los vacíos legales en la materia permiten que las operaciones de acceso escapen de los estándares pactados internacionalmente. La falta de una ley secundaria podría constituir un incumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país con la ratificación del tratado.

Resulta por demás necesario que el Estado mexicano, por conducto del Poder Legislativo, incorpore en la agenda legislativa este visible pendiente. Sin una legislación nacional especializada el Protocolo de Nagoya significa una norma imperfecta poco útil y trascendente para los operadores jurídicos y de justicia que buscan contribuir a la construcción de un Estado de Derecho y un mundo más justo a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas y comunidades locales.

 

 


 

* Maestro en Derecho y especialista en Derecho internacional público por la UNAM; subdirector de Recursos Genéticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); miembro activo en The Global Network on ABS – Law International Development Law Organization, y profesor de la Universidad Tecnológica de México. Las opiniones expresadas por el autor son estrictamente personales, por lo que no comprometen la posición oficial de la Semarnat.

[1] Véase Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo 2º. Por “biotecnología” se entiende toda aplicación tecnología que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

2 Véase, Thomas Greiber et al., Guía explicativa del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), Gland, Suiza, Centro de Derecho Ambiental, Bonn, Alemania, UICN Serie de Política y Derecho Ambiental, núm. 83, 2013.

3 Idem.

4 Idem

5 Véase ONU, CDB, comunicado de prensa,Una nueva era de vivir en armonía con la naturaleza nace en la Cumbre de la Diversidad Biológica en Nagoya”, 29 de octubre de 2010. Disponible en https://www.cbd.int/doc/press/2010/pr-2010-10-29-cop-10-es.pdf.

6 Véase Protocolo de Nagoya, artículo 5º.

7 Véase Thomas Greiber et al., op. cit.

8 Véase https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/. Consultado el 25 de abril de 2019.

9 Véase Diario Oficial de la Federación, decreto promulgatorio del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Nagoya el 29 de octubre de 2010, 10 de octubre de 2014. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5363605&fecha=10/10/2014.

10 Véase el informe nacional. Disponible en https://absch.cbd.int/countries/MX.

11 Véase “Capital natural de México. Síntesis. Conocimiento actual, evaluación y perspectiva de sustentabilidad”, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, 2009.

  

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